En España son quince las centrales eléctricas de carbón que siguen funcionando. De momento. La Unión Europea fijó nuevos criterios sobre emisiones de las plantas que empezarán a aplicarse en 2020, y las que no se hayan adecuado a esos nuevos requisitos tendrán que echar el cierre. El nuevo Gobierno da por hecho que es lo que sucederá con la mitad del parque de centrales de carbón actual.
De la quincena de centrales hoy operativas –gestionadas por Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP y Viesgo-, sólo ocho ejecutarán las inversiones millonarias necesarias para acometer la desnitrificación que exige la normativa de la UE. Las otras siete centrales echarán el cierre.
“Estas siete centrales no han hecho las inversiones y no tienen margen ya para seguir funcionando”, sentenció la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, este martes en el Congreso de los Diputados. En 2020 el sistema eléctrico nacional reducirá de los cerca de 10.000 megavatios de potencia instalada de carbón a apenas 4.000 MW. Sin embargo, la ministra evitó pronunciarse abiertamente sobre los plazos de cierre sobre la otra mitad de plantas que sí ejecutarán las inversiones necesarias.
Ribera incluye el carbón entre las energías que tienen “fecha de caducidad”, junto al gas natural y la nuclear (el objetivo es llegar a 2050 con un sector energético plenamente descarbonizado, y que sea con el 100% de energías renovables). Ahora no concreta explícitamente las fechas de cierre de estas energías. Cuando ella misma dirigía el consejo asesor del PSOE en esta materia se apuntaba 2025 como fecha tope para prescindir del carbón en España.
Las nucleares y los 40 años
En los documentos elaborados por ese consejo asesor y en el propio programa electoral del PSOE se apuesta por el cierre de las centrales nucleares según vayan cumpliendo los 40 años de funcionamiento, que es el plazo máximo para el que fueron diseñadas cuando entraron en operación (pero las reformas en las plantas y los avances tecnológicos permiten su ampliación).
Ribera, según ha destacado este martes en la comisión de Transición Ecológica del Congreso, mantiene ese tope de 40 años “como referencia” para la clausura. Como referencia. En las últimas semanas la propia ministra ha apuntado que debe estudiarse si la nuclear puede contribuir a los objetivos de descarbonización (las centrales no emiten CO2). Como adelantó El Independiente, fuentes próximas a la dirección del PSOE apuestan por un cierre escalonado de las centrales, que haría que algunas de ellas estén en funcionamiento más allá de esos 40 años.
En paralelo, la ministra admite que el gas natural va a jugar un papel en la revolución energética como un “combustible de transición”. Las plantas eléctricas que queman gas deberán seguir funcionando a medio plazo mientras se camina hacia un horizonte 100% renovable, para dar estabilidad a la producción frente a la intermitencia del viento, el sol y el agua.
Pero, sin dar un plazo concreto, Ribera subraya que el gas “también tiene fecha de caducidad”, “no tendrá una permanencia infinita”. Un mensaje de cal y arena para las compañías que explotan centrales de gas (también las recién incorporadas al negocio, como Repsol con la compra de activos de Viesgo) y las que apuestan por el gas como un combustible de futuro a muy largo plazo.
El diésel, "los días contados"
Ribera defiende la aplicación de una reforma fiscal que contemple nuevos impuestos verdes bajo el mantra de “quien contamina paga” y para “dar señales” a los inversores hacia dónde dirigirse mediante incentivos y mediante lastres en costes. En este sentido, el Ministerio de Hacienda estaría preparando una revisión de los impuestos del diésel para igualar el precio con el de la gasolina.
Sin confirmar este cambio impositivo, Ribera sí ha subrayado que el “diésel tiene los días contados”. “Durará más, durará menos, pero sabemos que su impacto en partículas y el aire que respiramos es suficientemente importante para ir pensando en un proceso de salida”, sentenció.
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