Un consorcio formado por centros de investigación y laboratorios privados de análisis ha ofrecido la posibilidad de realizar al día 10.000 test PCR para el diagnóstico de coronavirus y el Ministerio de Sanidad no ha respondido, según han revelado los promotores de esta alianza.

"Como nadie nos ha contestado, desde el lunes estamos haciendo test PCR y se los estamos vendiendo al sector privado: hospitales, residencias mayores, grandes empresas preocupadas por la salud de sus trabajadores...", declara a este diario Diego Fernández Infante, presidente de Arquimea Group. Esta firma tecnológica madrileña es la que lidera esta alianza empresarial, en la que ya participan -entre otras- Biogune, Bioassays, Epidisease, Worldpathol, Labgenetics y Life Lenght y a la que siguen incorporándose nuevos socios.

Fernández Infante asegura que el pasado 2 de abril mandó cartas al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y a los consejeros autonómicos de Salud para ofrecerles la capacidad productiva de este consorcio -con laboratorios en Madrid, Málaga, Barcelona, Zaragoza y Bilbao- y ponerla al servicio del sistema público. A la vista de que no le respondían volvió a insistir por la misma vía el pasado día 10. "A día de hoy seguimos sin recibir contestación ni del Gobierno central ni de las comunidades autónomas", lamenta.

Las empresas que integran este consorcio aseguran que han invertido más de cinco millones de euros en la compra de cinco robos de extracción masiva de ácido ribonucleico (RNA) con capacidad para procesar 96 muestras a la hora a fin de aumentar la capacidad en los laboratorios, han calibrado equipos de última generación, han comprado un millón de kits a la empresa norteamericana Thermo Fisher y han reforzado las plantillas hasta superar las 120 personas, de modo que ya están en disposición de realizar a la semana 70.000 test PCR con un grado de fiabilidad superior al 99 %.

Ésta es una de las pruebas de diagnóstico directo que está realizando Sanidad para detectar la presencia del virus, lo que permite conocer si una persona con síntomas compatibles a la covid-19 está contagiada. El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha asegurado este jueves que en España se están realizando ya más de 40.000 test de este tipo cada día.

Como nadie nos ha contestado, desde el lunes estamos haciendo test PCR al sector privado", asegura el promotor del consorcio

Según ha detallado Diego Fernández, el consorcio ha ofrecido al Estado hacer el test a "96 euros", 14 euros más barato que el precio que cobran a los clientes privados. Ese importe incluye el envío del kit de toma de muestra al punto designado (hospital, residencia de mayores...), la recogida, el traslado al laboratorio por parte de una empresa especializada en logística de muestras biológicas, el análisis, la generación del informe y su envío a través de una plataforma electrónica en menos de 24 horas. "Entendemos que es un precio razonable. No lo hacemos por ganar dinero sino por ayudar al país", justifica el empresario.

El presidente de Arquimea Group ha lamentado la falta de respuesta de las administraciones públicas a su ofrecimiento, al tiempo que ha insistido en que sólo si se hacen pruebas diagnósticas de forma masiva se podrá tener cierta seguridad cuando se levante el confinamiento decretado por el Gobierno el pasado 14 de marzo mediante el decreto de estado de alarma para restringir los movimientos de personas y vehículos y tratar de contener la propagación del virus.

"Seguimos esperando al Estado"

"Seguimos esperando al Estado, pero veo más probable que sean las grandes empresas las que acaben ocupando nuestra capacidad que la vía estatal", añade Fernández Infante.

El empresario dice estar "desconcertado" con algunas decisiones que está adoptando el Ministerio de Sanidad, como la orden publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) por la que pone a disposición de las comunidades autónomas el personal y los "centros, servicios y establecimientos sanitarios de diagnóstico clínico de titularidad privada" ubicados en su región que no estén trabajando para el sistema nacional de salud en la detección de la covid-19.

En aplicación de esta orden ministerial, los gobiernos autonómicos también queda facultados para regular los precios de las pruebas diagnósticas "con el objeto de evitar situaciones abusivas" a la hora de acceder a este servicio. "Tú puedes intervenir unas mascarillas en un almacén, pero no puedes obligar a trabajar a una empresa con profesionales ejerciendo en el laboratorio", apostilla.