El Gobierno tomará constancia formalmente este martes de la adjudicación de varios contratos de suministro de material sanitario por importe de 263 millones de euros a una compañía catalana de la que es copropietaria una empresaria condenada por estafa y cuya actividad principal hasta ahora era la fabricación de artículos de marketing para el sector de bebidas de alta gama.

El Ministerio de Sanidad llevó este lunes a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios varias tomas de razón de la declaración de emergencia para la contratación de diversos medios de protección para luchar contra el coronavirus -mascarillas, guantes de nitrilo y gafas de protección, entre otros- como paso previo a su acuerdo hoy por el Consejo de Ministros.

Según ha podido conocer El Independiente, entre las propuestas se encuentran los cuatro pedidos que el departamento que dirige Salvador Illa ha encargado a FCS Select Products SL para que le provea en total de 508 millones de mascarillas de protección respiratoria, diez millones de pares de guantes de nitrilo y 150.000 gafas. El importe asciende a 263.036.600 euros (IVA incluido).

Un portavoz oficial del Ministerio de Sanidad ha eludido confirmar a este diario la operación millonaria suscrita con la citada compañía barcelonesa con el argumento de que las deliberaciones de la Comisión de Subsecretarios "son reservadas".

La compra de material encargada a FCS Select Products SL forma parte del contrato millonario que el ministro Salvador Illa anunció el pasado 25 de marzo, justo dos días después de que la directora general de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia (Patricia Lacruz) acordara la declaración de emergencia de dicha contratación. El pedido asciende en total a 432 millones de euros e incluye 42 millones de mascarillas adicionales, 5,5 millones de test rápidos para la detección del virus y 950 respiradores, repartiéndose entre tres proveedores.

Diez meses de cárcel

Uno de los tres suministradores es FCS Select Products, que se encargará de proporcionar más del 92 % de las mascarillas anunciadas por el ministro con cargo a este contrato (550 millones de unidades). Con sede social en una casa de la localidad de San Cugat del Vallès (Barcelona), se trata de una empresa constituida el 21 de mayo de 2012 e inscrita en la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) con el epígrafe de "intermediarios del comercio de productos diversos".

Como adelantó El Confidencial, uno de los administradores solidarios de FCS Select Products -Mayra D.C.- llegó a un pacto con la Fiscalía en febrero de 2016 y se declaró culpable de la comisión de un delito de estafa agravada, aceptando diez meses de cárcel y el pago de la responsabilidad civil. En su escrito de conclusiones provisionales, el Ministerio Público pedía para ella cuatro años de prisión.

La empresaria fue imputada por su participación en la trama delictiva liderada por Josep Xicola -antiguo propietario de la inmobiliaria Fincas Corral- y dedicada a la compra y posterior vaciamiento de compañías con problemas financieros. El caso lo investigó el Juzgado de Instrucción 23 de Barcelona y correspondía su enjuiciamiento a la Audiencia de Barcelona, si bien los acusados llegaron finalmente a un pacto con la Fiscalía.

El Consejo de Ministros toma razón este martes del encargo millonario que Sanidad ha hecho a la empresa catalana FCS Select Products

De acuerdo con la información que obra en poder del Registro Mercantil, Mayra D.C. figura desde los inicios de la sociedad como administradora solidaria de FCS Select Products junto a Felipe R.V. Su condición de copropietaria de esta empresa dedicada a la fabricación de artículos de marketing para empresas del sector de bebidas prémium es la única referencia que detalla en el epígrafe de 'experiencia' de su perfil oficial de Linkedin, consultado por este diario.

FCS Select Products declaró que carecía de empleados en 2018, ejercicio que cerró con un beneficio neto de 69.078,56 euros tras facturar 963.713 euros (un 5,6 % menos que el año anterior). Esa cifra de negocio es 272 veces inferior a lo que facturará este año sólo por los encargos que ha recibido ya del Ministerio de Sanidad y cuya cuantía representa 84.850 veces su capital social (3.100 euros).

La empresa catalana tiene una sede en China, país en el que el coadministrador solidario Felipe R.V. figura como codirector ejecutivo de una firma dedicada a la fabricación de artículos de marketing con sede en la ciudad de Guangzhou (capital de la provincia de Cantón o Guangdong).

Los nombres de los proveedores, en secreto

El Independiente intentó hablar este lunes con este empresario para conocer la experiencia de FCS Select Products como intermediario de productos sanitarios y otros detalles de los pedidos que le ha realizado Sanidad en plena crisis derivada por la covid-19. "Me pilla en una llamada, perdona", respondió de forma expeditiva tras presentarse este periodista. Cuando se le estaba planteando la posibilidad de hablar más tarde colgó el teléfono sin dar más opción.

El Gobierno mantiene en secreto los nombres de los proveedores a los que está adjudicando por vía de urgencia contratos millonarios para el suministro de medios de protección, pese a las insistentes preguntas que en este sentido vienen realizando los medios de comunicación en las últimas semanas a los integrantes del gabinete de Pedro Sánchez.

La última vez fue en la tarde de este mismo lunes, cuando la ministra portavoz del Gobierno fue requerida por los periodistas para que detallara cuándo se le dará publicidad a estas contrataciones, a fin de que se puedan conocer los términos de los encargos. "Se irá publicando de inmediato", contestó María Jesús Montero sin precisar fechas.

Esta información no se está publicando en el Perfil del Contratante, a pesar de la nota informativa en la que la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado -dependiente del Ministerio de Hacienda- ha recordado la obligación de que se publiquen todos los contratos. Ni siquiera los de emergencia están eximidos del cumplimiento de dicho deber.

El Ejecutivo sigue manteniendo en secreto los nombres de los proveedores a los que están encargando la compra de mascarillas, test y respiradores

Tampoco se puede conocer mediante peticiones de acceso a la información pública a través del Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado, dado que el decreto por el que declaró el estado de alarma el pasado 14 de marzo establece la suspensión de los plazos de todos los procedimientos administrativos.

De acuerdo con la documentación que obra en poder de este diario, las adjudicaciones del Ministerio de Sanidad a FCS Select Products SL se estructuran en cuatro encargos. El más importante asciende a 143,9 millones de euros y su objeto es el suministro de 280 millones de mascarillas faciales de tres capas para uso médico y una Eficacia de Filtración Bacteriana (BFE) superior al 99 %. Según los términos del acuerdo, el intermediario se ha comprometido a realizar dos entregas semanales de 35 millones de unidades cada una durante un periodo de cuatro semanas.

De idénticas características y en el mismo plazo, la empresa catalana tendrá que cubrir otros dos pedidos de 150 y 58 millones de máscaras faciales, por importes de 77.137.500 y 29.826.500 euros, respectivamente. De esta forma, Sanidad ha logrado un precio final de 1,94 euros la unidad (impuestos incluidos).

Mascarillas, guantes y gafas protectoras

El encargo se completa con una remesa de 20 millones de mascarillas, diez millones de pares de guantes de nitrilo y 150.000 gafas protectoras por 12.172.600 euros. En este caso, el plan de suministro previsto es de cinco millones de mascarillas, 2,5 millones de pares de guantes y 37.500 gafas a la semana también durante un ciclo de cuatro.

Todas estas compras se imputarán al programa presupuestario 26.09.313A.228 ('Gastos originados en el Sistema Nacional de Salud derivados de la emergencia de salud pública en relación con la covid-19 en España'), al que se ha inyectado el Fondo de Contingencia y el crédito extraordinario de 1.000 millones de euros para que el Ministerio de Sanidad pueda financiar los gastos extraordinarios que está generando la lucha contra la pandemia.