Los tres mayores bancos privados de Brasil se unieron hace un año en un proyecto común para contribuir a la protección de la selva amazónica y promover su sostenibilidad. De la mano de Banco Santander, Bradesco e Itaú Unibanco nació el Plan Amazonas  (Plano Amazônia, en portugués), centrado en tres frentes prioritarios para el desarrollo de la región: conservar el medioambiente y desarrollar la bioeconomía; invertir en infraestructuras sostenibles; y garantizar los derechos básicos de la población de la región. "La magnitud del desafío exige una acción firme y rápida por parte de todos los actores que puedan participar en la construcción de un modelo de desarrollo sostenible para la Amazonia que incluya las necesidades de la población y la preservación de nuestros recursos naturales. Con los esfuerzos combinados de nuestra industria, podremos hacer aún más por esta región, que tiene un valor inestimable no sólo para el país sino para todo el planeta", aseguró Sérgio Rial, presidente de Santander Brasil, en la presentación de este plan.

La Amazonia es el mayor bosque tropical del mundo y su pulmón esencial. Tiene una superficie de siete millones de kilómetros cuadrados y desde hace cinco décadas está sufriendo una enorme deforestación. Las continuas agresiones han provocado que se haya perdido ya una superficie forestal equivalente a todo un país como Francia. Industrias como la ganadería (ante la cada vez mayor demanda de carne) y la minería, la explotación inmobiliaria y los grandes proyectos de infraestructuras son algunas de las principales causas de esta destrucción indiscriminada.

El Plan Amazonas incluye varias acciones fundamentales para frenar este deterioro. Entre ellas, estimular las cadenas sostenibles de cultivos de la región (por ejemplo, el cacao, el açaí y las nueces) mediante líneas de financiación diferenciadas y/o instrumentos financieros y no financieros; facilitar las inversiones en infraestructuras básicas para el desarrollo social (como la energía, Internet, la vivienda o los saneamientos) y ambiental (transporte de agua); fomentar un mercado de activos de balasto verde e instrumentos financieros; atraer inversiones y promover asociaciones para el desarrollo de tecnologías que impulsen la bioeconomía;  y apoyar a los agentes y dirigentes locales que trabajan en proyectos de desarrollo socioeconómico en la región.

En este último año, se ha puesto en marcha un Consejo Consultivo integrado por especialistas de alto nivel, que está ayudando en el desarrollo de estos proyectos y en la creación de métricas y objetivos alineados con los desafíos locales. Para que estas acciones logren una mayor eficacia, todas ellas están coordinadas con el Gobierno brasileño y se ejecutarán en consonancia con las iniciativas públicas, aumentando así su impacto en el desarrollo social y económico. “El éxito está fuertemente vinculado a la cooperación con diferentes iniciativas empresariales, gubernamentales, académicas y del tercer sector, muchas de las cuales están en marcha en la región desde hace tiempo”, afirman los firmantes del proyecto.

De los diez compromisos iniciales, las tres entidades han establecido ahora cuatro prioritarios: la bioeconomía, los cultivos sostenibles, la ganadería y la regularización de las tierras. Los bancos ven en la bioeconomía un alto potencial para la formación de un poderoso sector económico. Para lograrlo, indican, se deben satisfacer e identificar necesidades estructurales como la investigación y el desarrollo, la inversión, el acceso a los mercados internacionales y la mejora de las cadenas de suministro. El Plan Amazonia apoyará un estudio que aporte soluciones a la baja participación de los productos amazónicos en el mercado global, que es de 300 millones de dólares al año y representa solo el 0,17% del total. “En sus recomendaciones, el trabajo aportará claves para superar los principales cuellos de botella para el desarrollo de cadenas productivas en la región con alto potencial de inserción internacional. Los tres bancos privados tienen el importante papel de adoptar esta agenda”, explican los responsables.

Respecto a los cultivos sostenibles de la región, como el cacao, el açaí, la pimienta y la acuicultura, los firmantes del plan se han propuesto identificar las actividades que generen ingresos para las comunidades locales y promuevan la conservación de los bosques. Hace un año, se estableció como meta otorgar 100 millones de reales en créditos a cooperativas y agroindustrias dedicadas al cultivo, gestión, extracción, procesamiento y comercialización de productos amazónicos. Un objetivo que ya ha sido superado ya que solo Santander ha concedido préstamos por importe de 260 millones de reales. 

El tercer reto es la ganadería, donde se han comprometido a apoyar la transformación del sector hacia una deforestación ilegal cero, adoptando prácticas diferenciadas como requisito previo a la concesión de créditos. Entre las recomendaciones a las empresas de este sector se encuentran la trazabilidad de las explotaciones y mataderos de cara a la regularización medioambiental y el uso de plataformas tecnológicas para verificar a los proveedores, cumpliendo unos requisitos mínimos de información y seguridad para 2025. De esta manera, los préstamos solicitados son revisados para detectar sanciones gubernamentales por deforestación ilegal. Como parte de estos procesos de evaluación, Santander Brasil cuenta con imágenes por satélite a través de las cuales supervisa las más de 12.000 propiedades que está financiando o que sirven de aval. Con ello, la entidad cuenta con información diaria sobre cualquier embargo en zonas deforestadas, trabajos forzados o incursiones en territorios indígenas. En caso de ilegalidad, la entidad podría declarar el vencimiento anticipado de la deuda y reclamar su pago.

Por último, el proyecto apunta a la regularización de los títulos de propiedad como otro objetivo importante. “Sin el reconocimiento de la propiedad de la tierra, el productor no tiene acceso a la financiación, dados los riesgos que conlleva y las limitaciones de las normas del regulador. En este tema, recibimos el apoyo de renombrados estudios jurídicos que aceptaron nuestra invitación para trabajar en la elaboración de un documento, cuyo objetivo fue mapear la legislación vigente en los nueve estados de la Amazonia Legal y que pueda servir de base para apoyar la discusión del tema por parte de los organismos competentes”, señalan las entidades.

Banco Santander tiene marcada una ambiciosa hoja de ruta para apoyar la transición hacia una economía verde. En febrero de 2021, asumió el compromiso de alcanzar cero emisiones netas en carbono en todo el grupo en 2050, en línea con los objetivos del Acuerdo de París sobre el cambio climático. Esta ambición es tanto para la propia actividad del grupo, que es neutro en carbono desde 2020, como para todas las emisiones de sus clientes derivadas de cualquiera de los servicios de financiación, asesoramiento o inversión que ofrece. Además, se ha marcado como meta financiar o facilitar la movilización de 120.000 millones de euros en financiación verde hasta 2025 y de 220.000 hasta 2030; mantener el liderazgo en energías renovables; aumentar su oferta de productos verdes; eliminar este año el 100% del plástico innecesario de un solo uso en oficinas y edificios corporativos y que la electricidad que utiliza sea 100% limpia en 2025 en todos los países en los que opera.