La patronal de fútbol profesional español, en su lucha por la defensa de los intereses de los clubes españoles, ha logrado una nueva victoria al conseguir que el juzgado de Primera Instancia número 6 de Madrid haya dictado una medida cautelar por la que decreta un embargo preventivo de bienes contra el grupo catarí beIN, poseedor de la titularidad de las retransmisiones de la competición española en Oriente Medio, Norte de África y Sudeste Asiático, además de en Francia y Mónaco y en países asiáticos como Singapur, Malasia, Filipinas o Hong Kong, como también en Nueva Zelanda, y cuyo presidente es Al Khelaïfi, que dirige también el club de fútbol PSG.

Según el juzgado, el argumento principal para la toma de esta decisión, contra la que no cabe recurso, es el riesgo de que la compañía repatrie sus fondos a Catar y no se pueda realizar el cobro de la deuda, que asciende a 50,69 millones de euros, de los que el conglomerado catarí ha abonado ya 10 millones.

El acuerdo establecía que beIN pagaría un 33% del contrato de 2022-2023 antes del 15 de agosto, es decir, unos 41,25 millones de euros; otra filial del grupo no pagó 9,41 millones. Además, la competición pide algo más de 36.000 euros en intereses de demora por los retrasos en el pago de las facturas de los derechos en Francia y Mónaco.

En declaraciones a The New York Times, el presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha rechazado el argumento de beIN conforme estaba sufriendo problemas económicos, máxime cuando es propiedad de un emirato que ha demostrado disponer de fondos casi ilimitados y estar dispuesto a asumir importantes pérdidas económicas para defender su posición de influencia en el deporte. Asimismo, pone de manifiesto su sospecha ante la posibilidad de que estos impagos sean una forma de presión para intentar frenar las acciones interpuestas contra el club estado que preside, el PSG, que atenta contra la sostenibilidad económica del fútbol europeo y pone en peligro la competitividad de los demás clubes. 

Al Khelaïfi no solo compagina estos dos altos cargos en beIN y el PSG, sino que también preside la Asociación de Clubes Europeos (ECA) y es miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA, unas responsabilidades que podrían suponer un conflicto de intereses y una situación de agravio comparativo para el resto de clubes, que dificultaría el correcto desarrollo de las competiciones europeas.

LaLiga ya lidió meses atrás con otro operador que no estaba haciendo frente a los pagos. En julio fue con Super Sports Media en China, también con una deuda pendiente de 50 millones de euros, que LaLiga confiaba en recuperar con los avales que prestaron los propietarios de la plataforma. La competición cobró 708,4 millones de euros por sus derechos audiovisuales internacionales en 2020-2021.