El Gobierno ha mostrado su desaprobación a la decisión de Ferrovial de trasladar su sede a Países Bajos y considera que el argumento que alegan para justificarla, que busca más seguridad jurídica, son meras excusas que califican de "ridículas". Fuentes de Moncloa han ofrecido estas declaraciones a EFE durante el viaje a Irlanda del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con motivo de su gira por varios países, previa a asumir el 1 de julio la presidencia europea de la UE. La opción de la constructora está siendo analizada por el Ejecutivo, que reconoce que es evidente que no se puede parar de forma inmediata y de la que responsabiliza de forma directa a la familia Del Pino para pagar menos impuestos.

En Moncloa existe el convencimiento de que no va a provocar ningún efecto llamada y que otras grandes compañías españolas no van a seguir el mismo camino de Ferrovial porque "no son como las gacelas", que a la carrera de una se suman todas las demás. Moncloa apoya su convencimiento en que no son ciertos los motivos que esgrimen en Ferrovial apelando a una menor seguridad jurídica en España que en Países Bajos.

Las fuentes citadas subrayan que todos los indicadores sitúan a España entre los países del mundo que más seguridad jurídica proporcionan para la inversión. Lejos de ese argumento, que insisten en que se trata de meras excusas que son "ridículas", Moncloa ve intereses personales en la decisión de la cúpula de la empresa presidida por Rafael del Pino.

Apunta que detrás de la misma estaría la búsqueda de pagar menos impuestos pero no sólo como empresa, sino también personalmente, porque esa menor presión fiscal es en lo único que admiten que Países Bajos se sitúa por delante de España.

Una reflexión que lleva al Gobierno a defender una mayor armonización fiscal comunitaria justo en la jornada en que Sánchez visita Irlanda, uno de los socios de la UE con la presión fiscal más baja.

No entiende tampoco el Gobierno que Ferrovial traslade su sede cuando están llegando a España numerosas inversiones directas, entre ellas la gigafactoría de baterías en Sagunto (Valencia), que conllevan análisis profundos sobre la seguridad jurídica del país y certifican su idoneidad. De la misma forma, le sorprende que esta constructora quiera adoptar esa decisión después de haber ganado y seguir ganando mucho dinero en España

El Gobierno está también molesto con la forma en que ha actuado ya que no hubo una comunicación previa antes de hacer pública su decisión y recalca que las empresas serias no proceden como lo ha hecho Ferrovial.