Las comercializadoras eléctricas han mostrado su rotundo rechazo a la propuesta del Gobierno de prohibir las llamadas telefónicas comerciales y de contratación de luz, salvo petición expresa del cliente, porque consideran que es una medida desproporcionada, supone un evidente obstáculo al ejercicio de la libre competencia y perjudica al consumidor.

El Ministerio de Transición Ecológica quiere poner fin a estas llamadas para acabar, según argumenta, con malas prácticas para captar clientes y lo ha recogido en una propuesta de Reglamento General de Suministro y Contratación incluido en un real decreto, cuya fase de exposición pública acaba este viernes.

Desde el sector de comercializadoras se han preparado alegaciones al constatar que esta normativa atentaría “gravemente” a la libre competencia del sector eléctrico, suponiendo además la consolidación de la cuota de mercado de grandes eléctricas verticalmente integradas –en torno al 90% del mercado-- y un claro perjuicio para el consumidor, limitando una vía de acceso a optar a alternativas de precios y ofertas de otras compañías que podrían aliviar su economía doméstica. 

Recuerdan que en junio de 2023 entró en vigor una normativa –recogida en el Ley General de Telecomunicaciones-- más protectora para el consumidor y que ya establecía su derecho a no recibir llamadas no deseadas con fines comerciales salvo consentimiento previo. Además, el consumidor tiene la opción de inscribirse en la lista de exclusión publicitaria (Lista Robinson) o ejercer sus derechos en materia de protección de datos de carácter personal.

Fuentes consultadas afirman que no tiene sentido tocar la normativa un año y poco después, exigiendo ahora una petición expresa, porque no ha habido de tiempo de ver resultados y además pone en jaque una vía de captación y canal de comunicación con clientes importante para muchas comercializadoras independientes. 

El Gobierno ya prohibió la contratación de luz y gas en domicilios y ahora contempla esta nueva prohibición atendiendo a informes de la CNMC, que ha constatado deficiencias y abusos en estas prácticas comerciales y de contratación. 

En este sentido, desde el sector se hace hincapié en que las quejas deben ponerse en contexto al volumen de clientes existentes en el mercado y añaden que el organismo regulador tiene una percepción que no refleja la situación real. Están de acuerdo en supervisar y fomentar un proceso transparente que redunde en la confianza del consumidor.

También se refieren a la contradicción que consideran que implica el hecho de que este organismo público, que debe velar por el grado de competencia del sector, defienda una medida que, a juicio de estas empresas va en dirección opuesta, ya que entienden que está encaminada a beneficiar a los grandes grupos dominantes del sector energético en España. Las comercializadoras reclaman que esta medida se justifique y motive debidamente, ya que sostienen que los efectos de su eventual aplicación son muy negativos con relación a la libre comercialización en el sector eléctrico.