El Juzgado de instrucción número 52 de Madrid donde se tramita la denuncia contra Restalia desde el verano de 2021 ha archivado la causa por segunda vez, tras haberla archivado ya en primera instancia en enero del 2023, según ha informado El Confidencial.

El juez ratifica así el archivo de la denuncia al no apreciar indicios de delito con argumentos que ya utilizó en enero de 2023. Entre los motivos esgrimidos por el juez para archivar la causa y considerar que no ha existido engaño alguno en la celebración de los contratos de franquicia, afirma en su auto que: “No considero que se aporten elementos de juicio que permitan entender que haya existido engaño alguno por parte de los denunciados hacia los denunciantes, pues no en vano, y si únicamente atendemos a las marcas que son objeto de este proceso, resulta notorio que muchos establecimientos bajo estas marcas continúan a día de hoy desarrollando su negocio con normalidad. Lo que ha existido son negocios que por múltiples causas no han funcionado, pero que escapan al control de la parte denunciada y que no constituyen un caso de responsabilidad penal de la misma”.

El 30 de enero de 2023, el juzgado de instrucción número 52 de Madrid ya archivaba el caso en primera instancia, al no encontrar indicios de delito alguno, en un auto demoledor en el que el juez echaba por tierra todos los argumentos esgrimidos por los denunciantes. Se llegó a calificar la denuncia “un totum revolutum de imputaciones sin ninguna clase de fundamento, sobre delitos contra los derechos de los trabajadores, contra la seguridad social, o la hacienda pública, e incluso de blanqueo de capitales, que como se ha mencionado, no son sino valoraciones interesadas y muy subjetivas de los denunciantes que no permiten un riguroso análisis”.

Se trata de una decisión para los exfranquiciados denunciantes y sus letrados, que se suma al rechazo del caso por parte de la Audiencia Nacional y al auto del Tribunal Supremo emitido hace solo unos días que devolvía la denuncia al juzgado de instrucción, al tiempo que señalaba que los hechos denunciados “no tienen especial complejidad” y apreciaba inconsistencia en los argumentos defendidos por la acusación. 

Durante todo el proceso, la compañía, que ha sido representada por Pedro M. González, socio de Penal del despacho Garrigues, ha manifestado su tranquilidad frente a las acusaciones y su absoluta predisposición a colaborar con la justicia en todo aquello que le fuera requerido.