"Esperpento", "desastre", "inhumano". Estos son algunos de los calificativos que han dedicado varias de las partes implicadas en la intención del Gobierno de convertir el aeropuerto de Ciudad Real en un Centro de Acogida de Emergencia y Derivación (CAED).

El aeródromo, proyectado en los prolegómenos de la gran crisis de la burbuja inmobilaria, fue inaugurado en 2008 y desde entonces ha protagonizado un camino tan ruinoso como impredecible: se tuvieron que expropiar más de 1.800 hectáreas de suelo, fue denominado Proyecto de Interés Singular, solo operó vuelos durante tres años y, como solución alternativa, se alquiló para el rodaje de Torrente 5, de Santiago Segura, y Los amantes pasajeros, del director 'local' Pedro Almodóvar, entre otras. Por si fuera poco y según ha informado ABC, Víctor de Aldama, empresario y comisionista investigado en el 'caso Koldo', fue contactado por en plena pandemia -mayo de 2020- por Rafael Gómez Arribas, que buscaba que el Gobierno financiase la infraestructura por medio de un crédito del Instituto del Crédito Oficial (ICO).

El último giro de guion que ha puesto el aeropuerto de Ciudad Real en el foco es la creación de un centro para inmigrantes que podría albergar a 3.000 personas en unas instalaciones concebidas para las funciones habituales de un aeropuerto y que ha desatado la guerra de la Junta de Castilla-La Mancha contra el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La filtración de las empresas involucradas en la puesta en marcha de la nueva vida del aeropuerto, sin vuelos comerciales desde 2011, desconcertó al presidente regional, Emiliano García-Page. "La información que tenemos es el proyecto está bastante avanzado y que el problema que han tenido es que nos hemos enterado", explican fuentes del ejecutivo castellanomanchego a El Independiente.

El aeropuerto de Ciudad Real alinea a Page y el PP

La sensación en el Gobierno presidido por el socialista García-Page es que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones encabezado por Elma Saiz ha actuado a espaldas del presidente Pedro Sánchez y de la Junta de Castilla-La Mancha.

"El Ministerio llevaba semanas intercambiándose borradores de contratos con CRIA (Ciudad Real International Airport), empresa propietaria del aeropuerto, que ya había iniciado las gestiones para levantar barracones, contratar personal de seguridad privada, mantenimiento, limpieza...", denucian desde la Junta.

El movimiento realizado por el Gobierno a través de la cartera que dirige Elma Saiz ha alineado al Ayuntamiento de Ciudad Real, fruto de la coalición PP-Vox, con el barón socialista. "Cómo será de rebuscado el asunto que han conseguido que nos hayamos puesto de acuerdo con Page. A nosotros nadie nos ha dicho nada. Nos hemos enterado por terceras personas y de ahí nuestra perplejidad al no ser comunicados para un proyecto de este calibre que afectaría de manera importante al entorno", indican fuentes del Consistorio.

En la Junta de Castilla-La Mancha nadie cree a Elma Saiz. La versión que domina es que Sánchez no sabía nada del tema cuando se reunió con Page en el Palacio de La Moncloa el pasado 4 de octubre. En una intervención en TVE, Saiz apuntó que "no hay ninguna decisión tomada" respecto a la apertura de un Centro de Emergencia, Acogida y Derivación de migrantes en el aeropuerto de Ciudad Real y que su ministerio hace "de manera constante prospecciones y análisis a lo largo del conjunto del territorio nacional". Desde el gabinete de Saiz, contactado por este diario, se remiten a las declaraciones de la ministra.

"Según las informaciones que nosotros tenemos, habían puesto en marcha el proyecto", destacan en el gobierno regional. "Que el Ministerio ha hecho esto ocultándoselo a la Junta es evidente. Hay un problema de formas y de fondo. De formas, en el sentido de que no se puede hacer algo así ocultándoselo a la Junta, aunque solo sea porque seríamos los que tienen que prestar atención sanitaria y social; y de fondo, porque es una barbaridad hacinar a la gente en barracones. Es impensable meter a personas a vivir en un hangar de carga de un aeropuerto en mitad del campo y a 20 kilómetros de cualquier núcleo de población", lamentan.

García-Page ha solicitado una Conferencia de Presidentes "urgente y específica" a Sánchez para abordar el asunto. "Todos estamos de acuerdo en que hay una crisis migratoria y que es un problema de Estado. Vamos a actuar en consecuencia. No improvisemos parches o medidas parciales y menos por la puerta de atrás y ocultándoselo a todo el mundo", reclaman las fuentes consultadas. Desde el Ayuntamiento de Ciudad Real han advertido que el informe que el PSI que en su día posibilitó la construcción y la puesta en marcha del aeropuerto hace inviable que se pueda utilizar con un uso residencial. "Es ilegal", aseveran.

La sospecha en la casa consistorial es que haya un acuerdo de confidencialidad entre CRIA y el Gobierno para implantar el centro: "No estamos de acuerdo con un proyecto que busca, en un espacio alejado de un núcleo urbano, alojar y hacinar a miles de personas como si fuera un campo de concentración. En el aeropuerto no hay servicios, está a 20 km de la ciudad y no reúne las condiciones mínimas de humanidad y dignidad para esas personas".

16 años después de su 'despegue', el aeropuerto de Ciudad Real -siempre de propiedad privada- y promocionado en su momento "como el maná para la zona" se distingue como un lugar maldito. "Va de desastre en desastre. Siempre ha sido una decepción, pero nunca pensamos que podría acabar como lo que pretende el Gobierno, un gueto para inmigrantes", concluyen en el Ayuntamiento.