La polémica en torno al aeropuerto de Ciudad Real continúa. La empresa propietaria de la instalación, Ciudad Real International Airport (CRIA), ha cargado contra la Junta de Castilla La Mancha y su presidente Emiliano García-Page por el revuelo generado tras conocerse que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones trabajaba para convertir el aeródromo en un Centro de Acogida de Emergencia y Derivación (CAED).

"¿Dónde está la solidaridad? Si se tratara de personas de raza blanca, por ejemplo, ucranianos rubios y con ojos azules, los acogemos en casa. Si se tratara de personas de raza negra -que meten tres goles y salvan un partido de fútbol que se estaba perdiendo (tal y como hizo Vinicius frente al Borussia Dortmund)- son fichados por equipos de fútbol, aunque se trate de personas de color, y también son acogidos. Pero cuando se trata de personas de raza negra o de cualquiera otra, vulnerables, que han llegado en pateras, cualquier pretexto sirve para desentendernos del problema", han indicado desde la compañía en declaraciones recogidas por Europa Press.

La dueña y gestora del aeropuerto ha insistido en que la reacción de García-Page como presidente de la comunidad ha sido "desmedida y del todo injustificada", al tiempo que le ha reprochado "falta de solidaridad" a la hora de dar una acogida "digna" a las personas vulnerables que llegan a España.

Fuentes de la Junta de Castilla-La Mancha señalaron en conversación con El Independiente su desaprobación a la construcción de un CAED en el aeropuerto: "Hay un problema de formas y de fondo. De formas, en el sentido de que no se puede hacer algo así ocultándoselo a la Junta, aunque solo sea porque seríamos los que tienen que prestar atención sanitaria y social; y de fondo, porque es una barbaridad hacinar a la gente en barracones. Es impensable meter a personas a vivir en un hangar de carga de un aeropuerto en mitad del campo y a 20 kilómetros de cualquier núcleo de población".

La dirección del Aeropuerto Internacional de Ciudad Real ha querido "con todo el respeto posible y sin ánimo de polémica, desmentir las imputaciones que se están realizando desde el Gobierno de Castilla la Mancha", ya que sostiene que sus instalaciones están dotadas de Salas de Tránsito que permitirían dar acogida temporal y distribuir a migrantes que lleguen por transporte aéreo en condiciones que posibilitarían asegurar "la satisfacción de sus necesidades básicas, es decir en condiciones de dignidad".

"En el Aeropuerto Internacional de Ciudad Real no se están construyendo barracones ni edificaciones destinadas a encarcelar a los migrantes. No se está realizando construcción de clase alguna", aseveran desde CRIA.

El presidente García-Page ha solicitado una Conferencia de Presidentes "urgente y específica" a Sánchez para abordar el asunto tras conocer por terceras empresas involucradas en el acondicionamiento del aeropuerto la intención del Ministerio. "Todos estamos de acuerdo en que hay una crisis migratoria y que es un problema de Estado. Vamos a actuar en consecuencia. No improvisemos parches o medidas parciales y menos por la puerta de atrás y ocultándoselo a todo el mundo", reclaman las fuentes del ejecutivo regional.

Respuesta de la Junta de Castilla-La Mancha

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reaccionado al comunicado de CRIA con estupefacción; "Es sorprendente" y ha criticado que trata de "confundir o engañar a la ciudadanía haciendo ver que lo que quieren hacer es una acción humanitaria cuando claramente detrás hay un negocio".

Así lo ha valorado la consejera portavoz del ejecutivo regional, Esther Padilla, en declaraciones a CMMedia: "Llegan a trasladar la imagen de que son una ONG cuando son una empresa que busca hacer un negocio".

Para la portavoz, los argumentos de CRIA no se ajustan a la situación, ya que "se comparan con un aeropuerto internacional como Barajas que tiene un área de atención a personas inmigrantes", destacando que se trata de personas que acuden voluntariamente al aeropuerto de Madrid. Frente a esto, ha indicado que "lo que pretenden hacer en Ciudad Real es llevar a esos inmigrantes en un aeropuerto en el que no hay vuelos regulares y les van a llevar incluso sin su consentimiento".

La consejera ha asegurado que CRIA no puede "dar lecciones" y ha cuestionado el objetivo de sus comunicaciones públicas exigiendo que aclaren si la acogida de refugiados se realizaría a cambio de que "el Gobierno de España le pagara 1,3 millones de euros al mes por tener ese centro de inmigrantes en un aeropuerto que no tiene actividad".

Apoyo al aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suárez

La propiedad de la infraestructura ciudadrealeña ha destacado que las salas de protección internacional destinadas a la acogida de migrantes solicitantes de asilo del Aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suárez "exceden su capacidad real".

"Creemos que albergan hoy en día a más de 390 personas en condiciones que están al límite de las que se podrían calificar como totalmente dignas y humanas. Y Canarias creemos que ya ha recibido en 2024 hasta la fecha a más de 27.000 migrantes. Es un problema real que no puede desconocerse".

"La reubicación transitoria de los migrantes al objeto de proporcionarles unas mínimas condiciones de higiene, alimentación y estancia, en tanto se regulariza su situación, en un sentido u otro, es un problema que exige soluciones inmediatas", urgen desde CRIA, que precisan que el régimen legal al que se encuentra sometido el Aeropuerto de Madrid Barajas-Adolfo Suarez es el mismo al que se encuentra sometido el Aeropuerto Internacional de Ciudad Real.

Fuentes del Ayuntamiento de Ciudad Real han advertido a este diario que el informe que el PSI (Proyecto de Singular Interés) que en su día posibilitó la construcción y la puesta en marcha del aeropuerto hace inviable que se pueda utilizar con un uso residencial. "Es ilegal", aseveran.

Según CRIA, las autoridades competentes de la Administración central, por su propia iniciativa, han mantenido contactos con el Aeropuerto Internacional de Ciudad Real "sin que hoy en día exista ningún acuerdo del que pueda informarse al Gobierno de Castilla-La Mancha, ni por tanto pueda justificar las noticias divulgadas contra esta empresa".

"Los técnicos de la Administración central están evaluando las diferentes alternativas y al final de su trabajo darán su opinión acerca de cuáles son las alternativas que a su juicio reúnen las suficientes condiciones para ser consideradas idóneas", concluyen desde CRIA.

La sospecha en la casa consistorial es que haya un acuerdo de confidencialidad entre CRIA y el Gobierno para implantar el centro: "No estamos de acuerdo con un proyecto que busca, en un espacio alejado de un núcleo urbano, alojar y hacinar a miles de personas como si fuera un campo de concentración. En el aeropuerto no hay servicios, está a 20 km de la ciudad y no reúne las condiciones mínimas de humanidad y dignidad para esas personas", concluyen.

Desde su inauguración en 2008, el aeródromo solo ha operado vuelos comerciales durante tres años y, como solución alternativa, se ha alquilado para el rodaje de Torrente 5, de Santiago Segura, y Los amantes pasajeros, del director 'local' Pedro Almodóvar, entre otras. Además, Víctor de Aldama, empresario y comisionista investigado en el 'caso Koldo', fue contactado por en plena pandemia -mayo de 2020- por el propietario Rafael Gómez Arribas, que buscaba que el Gobierno financiase la infraestructura por medio de un crédito del Instituto del Crédito Oficial (ICO).