La absolución de Rodrigo Rato, expresidente de Bankia y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), del conocido como caso Bankia deja su futuro judicial mucho más despejado de lo que estaba ayer. El también exvicepresidente económico del Gobierno tiene pendiente sentarse en el banquillo por el origen de su patrimonio y por los contratos de publicidad de Bankia, pero ha conseguido quitarse de encima los ocho años y medio de prisión que la Fiscalía Anticorrupción pedía para él por la salida a Bolsa de la entidad.

A Rato le queda un último fleco judicial relacionado con Bankia. En mayo del año pasado, el Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid dictó auto de apertura de juicio oral contra el expresidente de Caja Madrid y Bankia y a otros once directivos por los contratos de publicidad de ambas entidades con las firmas de publicidad Publicis y Zenith, lo que constituye la primera pieza de el conocido como caso Rato.

Se acusa a los directivos de firmar estos contratos a espaldas de los consejos de administración y de favorecer económicamente a las firmas de publicidad a cambio de comisiones.

Esta investigación forma parte de una macrocausa que protagonizan Rato y su patrimonio en el citado juzgado que abarca una decena de piezas. El juez imputa al ex director gerente del FMI delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública por unos 6,8 millones de euros en cuotas impagadas del IRPF entre 2004 y 2015.

Aprovechó las privatizaciones

El sumario de la causa incorpora un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) en el que se afirma que Rato se aprovechó de la privatización de empresas otrora públicas, como Repsol, Endesa o Telefónica para colocar a personas de su confianza en puestos directivos y obtener «sustanciosos contratos de publicidad», que se cifran en unos 72 millones de euros.

Y no son los únicos frentes judiciales que protagoniza Rato. Quien fuera mano derecha del expresidente del Gobierno José María Aznar cumple actualmente una pena de prisión de cuatro años y seis meses por el caso de las tarjetas black, por lo que aguardaba en Soto del Real la sentencia hecha pública hoy por la salida a Bolsa de la entidad.

Desde ese mismo penal siguió muchas de las sesiones del larguísimo juicio de Bankia, que se extendió unos diez meses. A esa prisión llevó al expresidente de Bankia el gasto de unos 45.000 euros con las tarjetas opacas de las que algunos directivos de Caja Madrid y, posteriormente, de la entidad dispusieron. Rato gastó este importe en restaurantes, hoteles, agencias de viaje y farmacias, entre otros.

Por lo que definitivamente no tendrá que estar en prisión será por el caso Bankia. Pese a las conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción, que achacaban a Rato responsabilidad penal en la salida a Bolsa de Bankia y las cuentas de la entidad de 2011, la Justicia considera que el exministro no es responsable por ningún posible delito. Se cierran así nueve años de periplo judicial, pero no se recoge el banquillo de Rato, que permanece, al menos de momento, en prisión.