La paralización de la actividad que supuso el primer estado de alarma y la que traerá el aprobado este fin de semana por el Gobierno pone contra las cuerdas a los empresarios, especialmente a las pymes y a los autónomos. Muchas pequeñas empresas han tenido que recurrir a solicitar financiación a los bancos para poder hacer frente a sus gastos corrientes y a casi medio millón se les ha concedido un aval del Estado por si no pueden hacer frente al pago del crédito. De esta situación tan extrema se ven ya como protagonistas muchas de ellas.

Los toques de queda puestos en marcha por gran parte de las comunidades autónomas y la posibilidad de que se impongan confinamientos domiciliarios se convertirán en la gota que colma el vaso para muchos negocios, que podrán entrar en quiebra o, al menos, en pérdidas económicas, lo que complicará la devolución de los préstamos con aval del Estado.

El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha aprobado ya avalar unos 79.038,7 millones de euros de préstamos concedidos a 550.500 empresas en problemas por la crisis del Covid-19, de las que la gran mayoría, el 88% (unas 484.440) son pymes y autónomos. Y eso que aún falta por asignar casi la mitad del importe comprometido por el Gobierno, que asciende a 140.000 millones de euros para hacer de escudo contra los impagos.

No es una cifra pequeña: equivale, aproximadamente, al importe que recibirá España de la Unión Europea a través del fondo de reconstrucción Next Generation UE.

Siempre se ha dado por hecho que una parte de estos avales deberá ejecutarse finalmente, pues algunas empresas no serán capaces de devolver el préstamo, si bien lo cierto es que cada día de paralización o reducción de la actividad aumenta las posibilidades de que el Estado deba hacer frente a un mayor número de impagos.

A las pymes empieza a agobiarles la devolución de los créditos porque la actividad no se ha retomado"

Pedro Fernández-Alén

"Ahora las pymes empiezan a tener dificultades por el tema de los créditos del ICO, es decir, empieza a agobiarles la devolución de los créditos porque la actividad no se ha retomado", explica a El Independiente Pedro Fernández-Alén, secretario general de Cepyme, la patronal de las pequeñas y medianas empresas.

Desde el Instituto de Estudios Económicos (IEE) se incidía el lunes en este mal augurio. Su presidente, Íñigo Fernández de Mesa, explicaba que muchas empresas han alertado ya de que no podrán devolver los créditos ICO cuando se cumpla el periodo de carencia, debido a que no han conseguido recuperar los ingresos perdidos por esta crisis.

La mayoría de los avales que ha concedido el ICO hasta el momento son para créditos con un plazo de entre cuatro y cinco años, concretamente el 73,9% del total. No obstante, todos tienen un periodo de carencia de un año, en el que las empresas están exentas de cumplir las obligaciones del préstamo y el fin de ese periodo está cada día más cerca. Para los créditos con aval firmados en marzo, se cumple dentro de menos de medio año.

Turismo y ocio, en el límite

El turismo, la hostelería y el ocio han sido desde el principio los sectores más afectados económicamente por la pandemia y también lo serán por los toques de queda y el hipotético confinamiento domiciliario que traerá el nuevo estado de alarma.

De hecho, estas actividades conforman el sector que más créditos con aval del Estado ha recibido por el momento, con 11.732,8 millones de euros, lo que equivale a una financiación total 15.687,5 millones de euros concedida a 118.072 empresas, según los últimos datos disponibles. El importe supone el 15% del concedido al medio millón de empresas que tienen actualmente un crédito con aval, que son en su mayoría micropymes, pymes y autónomos.

Aún quedan por asignar más de 60.000 millones de euros en avales del Estado, que se quedarán cortos, según denuncian desde algunas instancias. El mismo IEE reclamaba el lunes al Gobierno que amplíe los créditos con aval del ICO para "evitar que quiebre el mayor número de empresas".

¿Crisis de crédito?

Esta petición contrasta fuertemente con los mensajes que está enviando durante las últimas semanas el Banco de España, que considera que lo mejor es apostar por sacar adelante a las empresas solventes y dejar caer "ordenadamente" a las inviables, para lo cual es necesario modificar la Ley Concursal.

A las empresas que necesitarán hacer uso del aval del Estado se sumarán aquellas a las que no se les ha concedido esta garantía, pero han solicitado un crédito al banco para hacer frente a sus necesidades de liquidez. En el caso de que estos préstamos entren en impago, serán las entidades las que deberán asumir la pérdida por completo y no solamente al 20%, como ocurre con los préstamos avalados por el ICO.

Las perspectivas sobre esta cuestión no son mucho mejores. Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, reconocía el lunes que el aumento de la morosidad será "significativo" incluso en el caso de que se materialice el mejor escenario para la economía española, que según el propio supervisor implicaría una caída del Producto Interior Bruto (PIB) del 10% este año. En el peor de los casos, el desplome sería del 12%, si bien el Banco de España no descarta escenarios "más adversos".

De hecho, el gobernador ni siquiera descarta un escenario de crisis financiera. En las últimas semanas, ha alertado en varias ocasiones de que es necesario evitar por todos los medios que se produzca una crisis de crédito, que se llevaría por delante la estabilidad financiera.

Por su parte, José Antonio Álvarez, consejero delegado de Santander, descartaba este lunes este escenario tan negativo ("No lo creo y no lo espero", decía), si bien reconocía que es posible que el escenario económico que se materialice tenga "algunas de las características típicas de una crisis de crédito". "¿Quiere decir que no pasará [una crisis financiera]? No. Estamos en medio de la pandemia, no sabemos lo que nos queda", añadía.