El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha citado como investigados para el próximo enero a cinco exdirectivos de Popular por supuesta estafa a inversores o falsedad contable a través de la presunta financiación a clientes para comprar acciones de la ampliación de capital de 2016.

En el auto, conocido este viernes, el titular del juzgado central de Instrucción número 4 considera que esta conducta pudo estar orquestada por el ex consejero delegado del banco, Francisco Gómez, ya investigado, y el exdirector de banca minorista Antonio Pujol y el director de negocio de clientes, José Ramón Alonso, a los que emplaza para el próximo 12 de enero.

Según explica el magistrado, esta presunta práctica habría ocultado "el auténtico destino de la financiación a fin de evitar deducirla del capital regulatorio".

El auto se remite a las reuniones que estos altos directivos mantuvieron el 24 y 25 de mayo de 2016, los días previos a la ampliación, con los directores territoriales y regionales del banco.

En ellas, continúa, se perfiló la actuación comercial que se iba a desarrollar para que los clientes invirtieran en la ampliación de capital con financiación de la propia entidad, "a través de pólizas de crédito o préstamos", probablemente, "con un tipo de interés bonificado".

Consentir la actividad

En este sentido, el juez considera que departamentos centrales del banco como el de intervención, riesgos y auditoría, "podrían conocer y consentir dicha actuación ilegal", motivo por el que también amplía el caso respecto al exdirector de riesgos José María Sagardoy, y los exdirectores de auditoría interna Jesús Arellano y Yolanda García.

Precisamente García compareció ayer en calidad de testigo ante la Audiencia Nacional en un breve interrogatorio de 20 minutos que fue interrumpido por el juez al apreciar que había faltado a la verdad.

La exdirectora de auditoría interna explicó que su departamento únicamente revisó el proceso de comercialización con el objetivo de comprobar que cumplió con la normativa, y que se clasificó e informó adecuadamente a los clientes.

No obstante, recalcó que el manual de políticas contables de la entidad no prohibía esta financiación siempre que se descontara del capital.

La polémica se desató cuando afirmó que a finales de 2016, el que era hasta entonces su jefe, Jesús Arellano, le dijo que estaban realizando búsquedas sobre una posible financiación de acciones, y le pedía, sin éxito, que volviera de vacaciones.

Tal afirmación despertó el enfado del magistrado, que afeó a la exdirectiva que no suspendiera sus vacaciones pese a tratarse de un tema al que debería haber dado prioridad.

El auténtico destino de la financiación

A tenor del auto, en los registros contables del Popular aparecían las operaciones con un código que no reflejaba el auténtico destino de la financiación, la inversión en la ampliación de capital, lo que implicaría una grave alteración de la contabilidad del banco.

Así, resalta el juez Calama, "se tomó la cautela de no poner por escrito las instrucciones dadas a la red comercial (...) presuntamente con el objeto de dificultar la denuncia de dicho proceder, así como la actuación fiscalizadora del auditor externo, PwC, y del supervisor bancario, el Banco Central Europeo (BCE)".

Por todo ello, resalta la posible participación de los cinco en los hechos, más allá de la que hubieran podido tener otras personas investigadas, como el expresidente del Popular Ángel Ron o Francisco Gómez.

Y es que, a excepción de García, todos aparecen expresamente citados en un informe elaborado en octubre de 2017 -meses después de la resolución del Popular y su compra por el Santander- por dos vicesecretarios del Consejo de Administración, en el que se les atribuía su participación en la operación investigada.

El magistrado se centra en la figura de la exdirectora de auditoría interna, ya que, aunque no viene mencionada en dicho documento, es "altamente improbable que no estuviera al tanto de una práctica tan irregular como frecuente, pues abarcaba a toda la red comercial del Banco Popular".

Asimismo, acuerda extender la investigación sobre García, Arellano y Sagardoy a otros ámbitos relacionados con su conocimiento sobre la presunta sobrevaloración de las tasaciones de los activos inmobiliarios y su impacto en la provisión de cartera de créditos del banco.

La causa que instruye la Audiencia Nacional comenzó en octubre de 2017 con la admisión a trámite de varias querellas contra los dos últimos equipos gestores del Popular, liderados por Ángel Ron y Emilio Saracho, por presuntos delitos societarios.

El magistrado abrió entonces dos piezas separadas, la primera que investiga al equipo de Ron por la ampliación de capital por importe de 2.500 millones de euros que acometió la entidad en 2016, y una segunda sobre los 108 días de mandato de Saracho, que se centra en un posible delito de manipulación del mercado con noticias falsas para hacer caer el valor de la cotización.