La pandemia y sus consecuencias económicas están dejando prácticamente sin aliento a las empresas españolas, especialmente a las pymes, que conforman la mayoría del tejido empresarial. A pesar de las medidas puestas en marcha para paliar la sangría económica, las pérdidas, la no recuperación de los ingresos y las deudas, cada vez mayores, están aumentando considerablemente las necesidades de financiación de las compañías.

Concretamente, las empresas acumularán entre el pasado año y este una necesidad de financiación de unos 155.000 millones tras el golpe económico del Covid-19, de acuerdo con las estimaciones de la Asociación de Mercados Financieros de Europa (AFME) y PwC. El impacto corresponde a todo el sector empresarial, compuesto en casi en el 98% por pymes, que recurren habitualmente a financiación bancaria más que al mercado de capitales para financiarse.

La cifra correspondiente a las empresas españolas implica un 15,5% de las necesidades del tejido empresarial de la Unión Europea, que AFME y PwC cifran en un billón de euros, dato similar a las estimaciones de la Comisión Europea, que fija una horquilla de entre 700.000 millones y un 1,2 billones de euros entre 2020 y 2021. Y la cifra aumentará conforme persista la crisis económica.

Es por eso que desde AFME estiman que existe una necesidad de entre 450.000 y 600.000 millones de euros que no está cubierta por las herramientas de financiación públicas y privadas disponibles.

"Las pérdidas suponen una erosión directa sobre el capital de las empresas que tendrá que ser reemplazado y el ritmo de reemplazo determinará la velocidad de la recuperación", advierten desde AFME.

En el caso de las empresas españolas, tienen a su disposición medidas como los créditos con aval del Estado, que les proporcionan financiación para el pago de gastos corrientes y mediante los que pueden acceder a garantías por hasta 140.000 millones de euros en el caso de que no puedan hacer frente a sus obligaciones financieras. Este programa ha servido para apoyar principalmente a las pymes, que son las que más han necesitado ampliar su capacidad financiera desde el principio de la pandemia debido al parón de la actividad que trajo el confinamiento y más tarde por la no recuperación total de la misma.

Además, tanto las Administraciones como compañías privadas, como bancos o grandes tenedores de inmuebles, han facilitado moratorias en el pago de créditos, aplazamientos del abono de impuestos y de cuotas de la Seguridad Social, bajadas en los alquileres y, sobre todo, la cobertura de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), entre otras.

Muchas de estas medidas puestas en marcha implican nueva generación de deuda, con sus correspondientes intereses, algo que se convierte en un problema difícil de digerir. Lo es especialmente para las pequeñas empresas, que tienen una capacidad financiera y un margen de actuación ante las adversidades mucho menor que las grandes.

Falta de liquidez

Es por eso que entre ellas ronda la preocupación de no poder hacer frente a sus obligaciones financieras. Tanto es así que, en el peor escenario de la pandemia (en el que el Covid-19 termina llevándose por delante el 75% de las ventas de las compañías y sin apoyo fiscal), AFME estima que en torno al 10% de las empresas comunitarias serán ilíquidas en los próximos seis meses, que se reducen a dos en el caso de los sectores más afectados por la pandemia.

Las empresas, además, temen que en el primer trimestre del año la situación va a ser "mucho más desafiante" según se vaya levantando el apoyo de los gobiernos, como recoge el informe de AFME.

En este escenario, si las empresas más afectadas quieren ampliar su plazo de resistencia de dos a seis meses se ven obligadas a recurrir a reestructuraciones y reducciones de costes, explican sus expertos, según los cuales "la presión financiera podría materializarse en la primera mitad de 2021 y se espera que las insolvencias aumenten en este periodo".

En este sentido, desde AFME proponen la creación de un instrumento europeo diseñado específicamente para las empresas, que las ayude a ganar escala y liquidez, una ampliación de los sistemas de apoyo a la recuperación y un reajuste de las normas sobre ayudas de Estado para el caso de crisis sistémicas. Además, sugieren concienciar a las empresas sobre los instrumentos disponibles en el mercado de capitales, especialmente a las pymes y a las compañías de mediana capitalización, para que tengan acceso al mismo.