La nueva CaixaBank está muy cerca de echar a rodar. La operación de fusión con Bankia está a la espera de recibir las autorizaciones pertinentes por parte de varias autoridades, tras lo cual tendrá lugar la integración legal y comenzará el proceso de desaparición de la marca Bankia. Solo entonces la dirección del nuevo banco y los representantes de los trabajadores se sentarán a negociar sobre el ajuste de plantilla y de la red de sucursales que será necesario para dimensionar la nueva CaixaBank.

La suma de ambos bancos dará lugar a un gigante con casi 6.000 sucursales y más de 51.000 empleados en España, una capacidad muy por encima de las grandes entidades del país. Es por eso que el banco tendrá que evaluar su nueva dimensión una vez que absorba Bankia y herede su negocio y su organización.

En el marco de este proceso, CaixaBank debe realizar un análisis sobre el número de oficinas que realmente necesita para dar servicio a sus clientes con el objetivo de evitar las duplicidades de sus sucursales y las de Bankia, que coincidirán, principalmente, en Madrid y Valencia, ciudades en las que Bankia heredó el negocio de Caja Madrid y de Banco de Valencia.

Ese ajuste se llevará por delante en torno a un 20% de las 5.698 sucursales que suman ambas entidades, según informan a este periódico fuentes solventes conocedoras de la situación. Con datos al cierre del ejercicio 2020, este recorte provocaría el cierre de unas 1.140 oficinas tras la fusión.

La reducción de sucursales conllevará, como es lógico, un ajuste de personal que, de acuerdo con las mismas fuentes, afectará principalmente a los empleados de los servicios centrales y será equivalente al 10% de la plantilla, que sumaba unos empleados 51.384 al cierre del ejercicio 2020.

Con todo, se trata de un planteamiento inicial que deberá ser debatido con los representantes de los trabajadores en el marco de una negociación que no comenzará hasta que se complete la integración legal de Bankia en CaixaBank. Las conversaciones se desarrollarán con el criterio de esta última, que ha llevado a cabo durante su historia varios procesos de ajuste laboral con un resultado satisfactorio para ambas partes. El último de ellos, en 2019.

El nuevo banco dispondrá de una sede social, Valencia, y dos operativas, Madrid y Barcelona, por lo que tendrá que decidir dónde situar a sus equipos. Según ha podido saber este periódico, la filosofía de la dirección pasará por no generar muchas movilidades geográficas, aunque será inevitable que tanto su presidente, José Ignacio Goirigolzarri, como su consejero delegado, Gonzalo Gortázar, dispongan de despacho en las tres sedes y viajen de un lugar a otro con frecuencia.

Autorizaciones pendientes

Por el momento, los equipos están centrados en el día a día y esperando recibir las autorizaciones de las autoridades que tienen poder de veto (o de matiz), como el Ministerio de Asuntos Económicos, el Banco Central Europeo (BCE) y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Las dos primeras no preocupan demasiado a sus gestores. La fusión contó con el necesario apoyo de Nadia Calviño, vicepresidenta económica del Gobierno, desde el inicio de las conversaciones para la fusión que inició Isidro Fainé, presidente de la Fundación La Caixa, accionista mayoritario de CaixaBank.

Este respaldo fue determinante para activar los engranajes de la operación, pues Calviño actuó como representante de los intereses del Estado, máximo accionista de Bankia con casi un 62% de su capital. La ministra es, precisamente, la única interlocutora de los gestores de ambos bancos con el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez, del que los bancos protagonistas de la operación no están recibiendo intromisiones.

La tercera de estas autoridades con opinión es la que más puede preocupar a los equipos de la nueva CaixaBank. Competencia debe dar luz verde a la creación de una entidad que liderará el negocio bancario en España y que, por tanto, tendrá cuotas de mercado cercanas al 30% en algunos segmentos, algo que deberá tener en cuenta cuando decida dar su visto bueno.

Con todo, los gestores de la futura CaixaBank se muestran tranquilos sobre la recepción de aprobaciones. "Creemos que los plazos se están cumpliendo y, con la información que tenemos, de acuerdo a lo previsto", explicaba Goirigolzarri en la última presentación de resultados de la entidad, en la que confesó que había sido "muy feliz" durante su etapa en Bankia.

Nuevo organigrama antes de marzo

Con la incorporación de parte del equipo de Bankia, la nueva CaixaBank tendrá un organigrama diferente al actual y aún se está configurando. Todavía no se conoce qué directivos ocuparán la segunda fila del nuevo banco ni el cargo que ocupará José Sevilla, actual consejero delegado de Bankia, si permanece en la entidad. Quien seguro que no lo hará será Leopoldo Alvear, hasta ahora director financiero de Bankia, que ostentará este cargo en la nueva etapa de Sabadell bajo el mandato de César González-Bueno.

Las dudas se despejarán en tan solo unos días. CaixaBank dará a conocer los cambios directivos probablemente esta semana y, en todo caso, antes de marzo, según ha podido saber este periódico.

Sobre lo que no hay más que decir es sobre el consejo de administración, cuya configuración quedó fijada cuando la operación echó a andar. Al frente estarán dos banqueros con gran experiencia y buena relación entre ellos. El consejo estará liderado por Goirigolzarri, que será su presidente, mientras que Gortázar dirigirá CaixaBank en su puesto de consejero delegado, que ostenta ya en la actualidad.

El máximo órgano gestor del banco tendrá quince miembros, de los que cuatro procederán de Bankia y nueve de CaixaBank, a los que se sumará un representante de BFA y otro del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), es decir, del Estado, que será Teresa Santero, en la actualidad consejera del ICO.

A los mandos de este consejo estará el nuevo gigante bancario, que se convertirá en la primera entidad en España, por delante de Santander y BBVA, los bancos que junto con CaixaBank lideran los servicios financieros en este país. Lo hará tras un proceso que empezó el pasado verano y que culminará a finales de 2021, un año que no pasará desapercibido para la banca española.