La ronda de comparecencias de altos cargos del Gobierno y organismos reguladores y supervisores en el Congreso de los Diputados para explicar y evaluar el proyecto de Ley de Presupuestos para 2019 apenas ha dado comienzo. Sin embargo, ya se está convirtiendo un dolor de cabeza para el presidente Pedro Sánchez y su equipo económico.
Tras la comparecencia este lunes del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, quien dudó de las cuentas presentadas por el Ejecutivo, este martes ha sido el turno del presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), José Luis Escrivá, quien ha hecho un repaso de las cifras más relevantes de las cuentas anuales para concluir que la previsión de ingresos está visiblemente inflada y que será imposible cumplir con el objetivo de déficit del 1,3% del PIB. Como mucho, este saldo podrá reducirse del 2,7% en 2018 al 2,2% del PIB este año.
Si se tiene en cuenta que la desviación se focaliza en los ingresos, la Autoridad Fiscal da por hecho que esas nueve décimas hacen sospechar de que el Gobierno habría inflado el presupuesto por ese lado en algo más de 10.000 millones de euros.
Lo que cabe esperar es una abultada desviación pese a que los ayuntamientos revalidarán su superávit --de unos 5.000 millones-- y las comunidades autónomas también cumplirán con su objetivo particular. En cambio, del lado de la Seguridad Social faltarán, entre otras cosas, 700 millones de ingresos extra para pagar las pensiones públicas, y del lado de la Administración Central, los ingresos previstos por las nuevas medidas tributarias se verán reducidos a una sexta parte.
De entrada, Escrivá ha criticado un retroceso en las condiciones de transparencia en las que ha tenido que llevar a cabo esta evaluación. Y es que, si bien los Presupuestos se presentan en términos de caja (lo que se ingresa y se gasta en el ejercicio completo), la AIReF ha demandado reiteradamente que el Gobierno de turno presente las cuentas en términos de Contabilidad Nacional (lo devengado), que es como se mide el déficit dentro de la metodología homologada por Bruselas, y como se había hecho hasta 2016.
Sin embargo, el Gobierno ha desoído esta petición. El resultado es que la AIReF asegura que no existen ajustes que permitan hacer casar lo presupuestado con lo que debería ser el déficit final.
En lo que se refiere a la Seguridad Social, la AIReF cree que la estimación de crecimiento de los ingresos por cotizaciones derivada del ciclo del 7,5% es factible, pero entiende que, limpiando las cuentas y centrándose en el incremento de 1.300 millones de euros prevista por la subida de las bases de cotización resultante de la elevación del salario mínimo interprofesional (SMI), la recaudación se quedará entre los 550 y los 650 millones de euros. Nada menos que 700 millones de euros menos, sobre una previsión agregada de ingresos por medidas (también la subida de bases máximas o el cambio en las bases de cotización de los autónomos) de unos 3.000 millones de euros.
Lo que sí cuadran son las previsiones de mayor gasto de la Seguridad Social derivado fundamentalmente de un incremento de las pensiones con el IPC. Así, los desembolsos para pensiones aumentarán un 6%.
El problema es que, posteriormente, el Gobierno no ha aportado pruebas de que un ajuste en términos de Contabilidad Nacional permitirá aún así reducir el déficit de la Seguridad Social al 0,9% del PIB. Por ello, Escrivá ha asegurado que será "imposible" cumplir este objetivo, como, por otro lado, ya había dejado claro el propio Ministerio de Trabajo al admitir que el déficit nominal de la Seguridad Social se mantendría estable, cerca de los 18.650 millones de euros, eso sí con mayor nivel de gasto. Así pues, AIReF cree que el déficit de la Seguridad Social será del 1,5% del PIB, seis décimas más de lo comprometido.
Algo similar ocurre en el caso del Estado. Al igual que en el subsector de los Fondos de la Seguridad Social, los ajustes que serían necesarios para que el Presupuesto alcanzara el objetivo son de ocho décimas del PIB frente a las dos décimas de los registrados en ejecución en ejercicios anteriores.
Para alcanzar el objetivo, el Estado tendría que reducir el déficit en 1,1 puntos del PIB sobre el cierre de 2018, lo que se considera "improbable" dadas las previsiones de AIReF a partir de los ingresos y gastos del proyecto de Presupuestos. En todo caso, se espera que el déficit se quede en el entorno del 1% en lugar del 0,3% previsto. Y es que, en este caso, el Gobierno prevé un incremento de los ingresos tributarios totales antes de cesión a los entes territoriales de un 9,5% respecto al cierre de 2018, frente al 7,6% que prevé la AIReF.
¿Dónde está ese descuadre? Fundamentalmente, y de nuevo, al efecto esperado de las medidas tributarias que introduce el nuevo Presupuesto, aunque también en el efecto positivo del ciclo, para lo que el Gobierno es más optimista, pese a que sus previsiones macro no lo son.
Concretamente, la AIReF cree que la recaudación por la subida del IRPF se quede corta en unos 80 millones; la tasa sobre Determinados Servicios Digitales ('Google') recaudará unos 1.000 millones menos y la que gravará las transacciones financieras ('Tobin') otros casi 700 millones menos --en estos casos porque no entrarán en vigor hasta al menos mediados de año--. Si a ello se suman desfases en fiscalidad verdes, Impuesto de Patrimonio o lucha contra el fraude, los ingresos que faltarán para cuadrar el déficit asciende a 2.746 millones de euros, y todo ello con una previsión de ingresos por nuevos impuestos que se quedaría en una sexta parte de lo previsto.
Se trata de una brecha que desde el Ministerio de Hacienda aseguran que se compensará con los ingresos extra que procederán del cambio en los tiempos de cobro para 2019 del Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA, que permitiría recaudar al Estado justo 2.500 millones más este año. Sin embargo, esa medición que hace el Gobierno es en términos de caja. Con lo que de nuevo, faltarían los ajustes de Contabilidad Nacional necesarios para justificar como se podrá trasladar esos ingresos para poder cuadrar el déficit.
Poco margen de ajuste
Con todo, Escrivá ha hecho una llamada a la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados para que se acelere la tramitación de las cuentas anuales para evitar, al menos, que una puesta en marcha tardía reduzca aún más la capacidad de incremento de los ingresos.
Y es que, el gran problema de fondo es que, dadas las circunstancias, hay poco margen para ajustar el gasto, apenas del 27% del Presupuesto permitiría retoques, cuando además el Gobierno ha engordado el gasto en 2.300 millones de euros desde la publicación del Plan Presupuestario de 2019, el pasado mes de octubre.
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