Que las Administraciones se retrasen en los pagos a proveedores tiene un impacto negativo en la economía, que afecta especialmente a pymes y autónomos. Si estos trabajan directamente con la Administración, cobrarán más tarde, lo que genera sobrecostes financieros que las hacen menos competitivas. Si no dependen directamente de estos pagos, lo hacen en un segundo paso. Si la Administración se retrasa, la gran empresa que deriva trabajos a pymes y autónomos también lo hace. El efecto, en cualquier caso, es muy perjudicial para el pequeño empresario, al ser el último eslabón de la cadena.

Desciende la morosidad de forma considerable en el último lustro

En los últimos cinco años se ha reducido la morosidad en la Administración Pública. Mientras en 2012 las administraciones públicas tardaban en pagar a sus proveedores una media de 141 días, el plazo medio de pago del sector público se cifra en 65 días en el año 2017. Así se desprende de la comparativa de los datos correspondientes al informe de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM). Comparando la edición 2017 de este estudio con la de hace un lustro se detecta ese claro descenso en los plazos de pago.

Concretamente, las Administraciones Públicas  tardaron en 2012 en pagar a sus proveedores casi cuatro veces más que los 40 días que marcaba la Ley, a una media de 141, un registro inferior en 21 días al del año anterior, que fue de 162 días.

En contraposición, en 2012 el plazo medio de pago en el sector privado fue de 93 días, frente a los 75 que establecía la Ley para ese año, lo que supuso una disminución de cinco días respecto a las estimaciones efectuadas para 2011, de 98 días.

Aunque los datos mejoran en 2017, aún se está lejos de cumplir con la ley. El plazo medio de pago del sector público se cifra en 65 días, un registro inferior en 6 días al que se estimó para 2016, que fue de 71 días. El registro, aunque sigue mejorando, es más del doble del plazo de 30 días que fija la normativa.

En cuanto a la morosidad de los encuestados, se cifra en 2017 en el 2,4%, lo que significa un ligero aumento de 0,1 puntos porcentuales respecto a 2016.

No exigen indemnización legal

A pesar de todo, el 92% de los proveedores no exigieron la indemnización legal por costes de recobro en caso de retraso o impago; el 85% nunca o casi nunca exigieron a sus clientes morosos los intereses de demora; y al 72% se les imponen plazos de pago superiores a los permitidos por ley.

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