Los Ministerios de Política Territorial y Función Pública y Justicia se han puesto manos a la obra, junto con la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, para la creación de un laboratorio de ideas así como de la aplicación LexNET. Con estas acciones se pretende reducir las cargas administrativas, evaluando cómo funcionan y cómo de fáciles o difíciles son ciertos trámites con la Administración.

Concretamente, estos laboratorios suplementan las acciones llevadas a cabo por las asociaciones de autónomos en los convenios anuales de identificación y reducción de cargas administrativas. De este modo la Administración puede, gracias a la visión del usuario, mejorar los trámites. Por tanto, son también otro paso más en los procedimientos llevados a cabo por la Secretaría de Estado de Función Pública, que lleva tiempo tratando de reducir este tipo de prodecimientos.

LexNET

LexNET, por su parte, y tal como lo describen desde el Ministerio, “es una plataforma de intercambio seguro de información entre los órganos judiciales y los operadores jurídicos”. La propia Administración ha podido conocer, de la mano de abogados, procuradores y graduados sociales, las demandas de un colectivo específico: los abogados que inician la actividad.

Desde la Administración se han dado cuenta de que con un sistema participativo podrán conocer las peticiones de las empresas y los propios ciudadanos. Por ello, han decidido centrarse en esta forma de transformación e innovación de los servicios públicos.

Un paso más, según explica el Ministerio, para que los destinatarios de los servicios también participen en la búsqueda de soluciones a problemas concretos, de la mano de las diferentes administraciones. De esta forma se fomentarán espacios de creatividad y supondrá un “cambio cultural”, pero habrá un mejor intercambio de información y recursos (que pondrá la Administración) y de la propia experiencia con los procedimientos (que pondrán los sectores empresarial y social).

Desde los distintos departamentos ministeriales se están barajando 138 medidas diferentes para la simplificación de los procedimientos para la reducción cargas administrativas y todas ellas vienen de la firma de convenios de 2018. En ellos han participado, en los últimos años, la Cámara de Comercio de España, CEOE-CEPYME, la propia ATA y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).