Al menos de momento, las encuestas apuntan a un nuevo triunfo del PSOE en las próximas elecciones de noviembre. Eso sí, de nuevo, el partido encabezado por Pedro Sánchez tendría que negociar para poder formar gobierno.

Siguiendo los movimientos políticos de los últimos meses, ese posible acuerdo llegaría de la mano de Unidas Podemos o de Ciudadanos, con quienes en los últimos años ha tenido varias negociaciones en asuntos muy diversos. Entre estos temas el colectivo de los autónomos ha estado encima de la mesa.

Lo que le espera al autónomo si pactan con Podemos

Con la formación morada firmaron el último acuerdo respecto a los autónomos en octubre de 2018, en el pacto para la aprobación de los Presupuestos Generales 2019. Una de los objetivos fijado por Unidas Podemos fue la desaparición de los falsos autónomos, una figura en crecimiento y que precariza el trabajo de estos profesionales.

Para combatirla, acordaron incluir en la ley que “salvo prueba en contrario, se considerarán relaciones laborales por cuenta ajena las prestaciones de servicios en que los ingresos obtenidos por los trabajadores y las trabajadoras procedan de un único cliente o empleador”.

Además, para mejorar las condiciones de los trabajadores por cuenta propia, ambos partidos pactaron la reforma del sistema de cotización de los autónomos para vincularlo a los ingresos reales. Esto permitiría a los que cobran menos tener, también, una cotización más baja. Aunque también una subida importante para un tramo de profesionales con más ingresos.

Como última media, Unidas Podemos y el PSOE, estipularon una evaluación y revisión en el IVA para “hacerlo atractivo para autónomos y pequeñas empresas”. Asimismo, se trataría de mejorar el sistema para que los trabajadores pudiesen pagarlo una vez cobren sus facturas.

Lo que le espera al autónomo si el pacto es con Ciudadanos

El pacto que tomamos como referencia para analizar qué medidas conjuntas podrían salir de esta alianza es de 2016. Sin embargo, es perfectamente válido, pues muchas de las cuestiones establecidas en el “Acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso”, siguen pendientes.

La reforma del Régimen Especial de Autónomos, diferentes medidas administrativas y la reforma de la Ley de Segunda Oportunidad son los principales puntos del acuerdo.,

En cuanto al RETA, se trataría de hacer una reforma en profundidad que busque “que las cotizaciones de los autónomos se acerquen a la realidad de los ingresos”. Para poder llevarla a cabo se crearía una Grupo de Trabajo de expertos que serían los que llevarían a cabo la propuesta.

Los objetivos a cumplir por la nueva reforma serían: el nuevo sistema de cotización según los ingresos del autónomo, establecer fórmulas de cotización para el trabajo autónomo a tiempo parcial (incluyendo la vocación de no habitualidad y la complementariedad económica), reforma del sistema de módulos vinculado a los niveles de ventas e ingresos y tarifa reducida a 45 euros para todos los autónomos que no alcancen el SMI.

Pasando a las medidas administrativas, el acuerdo del PSOE y la formación naranja hace referencia a cambios en los plazos de las cuotas de autónomos, pasando de la obligatoriedad mensual actual a trimestral. De esta forma se tendrían más en cuenta las actividades discontinuas.

Además, la tarifa plana volvería a estar disponible para aquellos autónomos que han dejado la actividad (de forma justificada) y han vuelto a desarrollarla.

El IRPF y el IVA también experimentarían cambios. En el caso del primero, pasaría a no tener que realizarse hasta que los nuevos profesionales no llegasen a un rendimiento de 12.000 euros anuales en los primeros dos años. El segundo, por su parte, se declararía de forma anual el primer año (el segundo podría solicitarse para hacerlo de este modo).

Además, el acuerdo apunta al estudio de los mecanismos de compensación que un autónomo contraiga con la Administración (Hacienda o la SS) y la extensión de mecanismos de mediación extrajudicial en las controversias de carácter mercantil o comercial.

Por último, en cuanto a la Ley de Segunda Oportunidad, en este pacto apostaron por incluir que la vivienda habitual del autónomo no se pueda embargar en los casos de familias con dificultades. También, eliminar el período estipulado de cinco años en que las deudas dispensadas pueden volver a reclamarse.