Parece que campaña tras campaña el asunto de la Ley de Morosidad cobra mucha fuerza pero después, cuando llegan las legislaturas, nada cambia. Eso está llevando al límite a muchos trabajadores por cuenta propia y, por ello, desde las diferentes asociaciones de autónomos empiezan a mostrar su hartazgo sin titubeos.

En este caso, UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos) es la que ha dado un toque de atención al ejecutivo por la tardanza con esta reforma. De hecho, según afirman, van a comenzar a establecer contacto con los responsables económicos de la Moncloa para que se retome el proceso de modificación de esta Ley.

Según los datos aportados por la propia asociación, por norma general los autónomos cobran a 120 días. Esto se sitúa muy lejos de los 30 días que marca la legislación para las Administraciones Públicas, pudiendo ampliarse hasta los 60 en caso de empresas.

Un problema mayor para los autónomos

Esta situación deja en muy mala posición a los trabajadores autónomos, que una vez que emiten la factura tienen que presentarla dentro del trimestre correspondiente y, por tanto, abonar la cantidad de IVA pertinente a la Administración, a pesar de no haberlo cobrado.

Por su parte, si las empresas son de venta finalista, se ven beneficiadas en que cobran la mercancía al contado y, a la vez, pueden deducir el IVA de las facturas del autónomo, por lo que disfrutan de unas determinadas ventajas que no les incitan a pagar antes.

Desde UPTA se han mostrado muy claros y creen que “las buenas intenciones se tienen que transformar en hechos”. Su presidente, Eduardo Abad, no ha dudado incluso en calificar de “burla” la pasividad política referente a este asunto, que afecta a uno de los colectivos más importantes del país.