Foro Económico Mundial de Davos, Suiza. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anuncia durante su comparecencia que en el próximo Consejo de la UE va a proponerle al resto de líderes europeos tres iniciativas: acabar con el anonimato en las redes sociales, obligar a las plataformas a que sus algoritmos sean transparentes y hacer que los dueños de las redes sociales tengan responsabilidad penal si los usuarios no cumplen las normas.

Sánchez lanzó estas ideas en el marco de su lucha contra la "tecnocasta", los dueños de las grandes empresas tecnológicas: "Piensan que porque son ricos están por encima de la ley y pueden hacer lo que quieran. Por eso los multimillonarios quieren acabar con la democracia", aseguró el presidente. "Sé que no va a ser sencillo, estamos todos un poco asustados porque las personas a las que nos enfrentamos son muy poderosas, tienen recursos financieros y tecnológicos casi ilimitados, aliados muy peligrosos y no están jugando limpio. Pero sé que podemos ganar la batalla porque tenemos razón, porque somos más y porque ya lo hemos hecho en el pasado", añadió.

"Fue un discurso político, por un lado para erigirse como un líder frente a Trump y a los magnates de las redes sociales y por otro para justificar el alegato de que está sufriendo una campaña de acoso por parte de la ultraderecha", valora Borja Adsuara, doctor en Filosofía del Derecho y abogado experto en derecho, estrategia y comunicación digital. "Desde ese punto de vista lo entiendo, pero decir que va a llevar estas propuestas al Consejo de la UE no tiene sentido, no va a ningún lado porque el que legisla es el Parlamento de la UE", asegura.

"Acabar con el anonimato en una propuesta Guadiana, que aparece y desaparece cada cierto tiempo. Cada vez que se produce una polémica en relación con los abusos en las redes sociales surge ese tipo de propuesta por parte de actores muy diversos, situados en posiciones ideológicas muy distantes. De entrada, la idea suena atractiva y oportuna, pero en cuanto se analiza con calma, uno ve que está plagada de problemas y resulta muy difícilmente ejecutable", desliza Ramon Salaverría, catedrático de Periodismo de la Universidad de Navarra. 

Salaverría argumenta su discurso explicando que la supresión del anonimato en las redes no garantiza que se acaben los problemas: "En cambio, si es probable que generara nuevas consecuencias negativas. Por ejemplo, la persecución de personas disidentes en regímenes autoritarios o, en general, una merma de la libertad de expresión, ante el temor de ser identificado en lo que uno dice. Por otra parte, en un contexto donde los delincuentes digitales emplean múltiples trucos para ocultarse, hay serias dudas de que un sistema de supresión del anonimato funcionara precisamente entre esos actores, los que más daño hacen en la red".

El pseudoanonimato en las redes

Adsuara rememora que en la Carta de Derechos Digitales que impulsó el Gobierno en 2021, en la que él mismo participó, se recoge el derecho al pseudoanonimato, que ya estaba contemplado en la Ley de Propiedad Intelectual. "Es un derecho que no se puede eliminar. En las transacciones económicas, por ejemplo, sí tienes que estar plenamente identificado. Pero en las redes puedes utilizar un pseudónimo. En el caso de que cometas un delito, solo un juez puede levantar el velo del pseudoanonimato", recalca.

En ese sentido, el experto asegura que las plataformas tienen datos de los usuarios de sobra como para poder identificarlos si un juez se lo pide. Y están obligadas a colaborar con la Justicia. "Telegram no lo hizo y por eso detuvieron a su dueño el año pasado", recuerda. Así que el problema, para él, está en que lo Gobiernos puedan tomar el control para decidir qué contenidos deben ser borrados. "No pueden ser los Gobiernos los que tengan esa responsabilidad. Ni el que tenemos ahora, ni ninguno del mundo", afirma.

En esa misma línea, considera que la propuesta de hacer que los dueños de las plataformas sean responsables de los contenidos de los usuarios es un error. "Es algo que se debatió en los orígenes de las redes sociales, y se llegó a la conclusión de que las redes son plataformas tecnológicas, que no deciden lo que sube la gente. Es lo contrario de los medios se comunicación, que sí tienen ese control en base a su línea editorial. Así que en las redes los responsables somos los propios usuarios".

Pero, precisamente por esto, Adsuara no ve con malos ojos la propuesta de que el funcionamiento de los algoritmos sea público. "Estoy de acuerdo en que habría que revisar si las plataformas sociales son neutrales. Al principio utilizaban los algoritmos para recomendar y moderar contenidos, un poco como cuando Netflix te recomienda una película. Pero ahora, sobre todo desde la llegada de Elon Musk a Twitter, los algoritmos recomiendan lo que le da la gana a él, incluido sus propios tweets. Lo ha ajustado para que así sea, y lo ha hecho una persona que ha apoyado claramente a un candidato en las últimas elecciones de EE.UU".

Adsuara no duda a la hora de aseverar que esto debería estar directamente prohibido: "Hay que decirles a las redes sociales que tienen que decidir qué quieren ser. Si quieren ser un medio de comunicación pueden tener una línea editorial, y se les puede aplicar otra legislación. Pero si son plataformas tienen que ser neutrales, los dueños no pueden retocar los algoritmos según sus intereses, porque eso luego influye en las campañas electorales", relata.

Las RRSS del futuro

"Exigir transparencia a las redes sociales y plataformas digitales es, sin duda, prioritario. De hecho, sería deseable que las mismas voces que ahora reclaman luz y taquígrafos a las redes sociales dieran también ejemplo de transparencia. Y no siempre ocurre, por desgracia. Acceder a los datos y algoritmos de las grandes plataformas digitales es una antigua reclamación de la comunidad investigadora, que viene respaldada en la Unión Europea por la Ley de Servicios Digitales. Hasta ahora, la colaboración de las plataformas con la comunidad investigadora ha sido francamente mejorable y, con el nuevo escenario político surgido de Estados Unidos, hay serias dudas de que vaya a mejorar", comenta Salaverría.

Por ello, no visualiza que la situación actual vaya a variar mucho: "Sinceramente, pienso que no vamos a ver cambios. Aunque en Europa disponemos de un marco legal pionero para regular a las grandes plataformas de contenidos digitales, con normas a mi modo de ver acertadas, la cuestión es si las grandes redes sociales se avendrán a acatar esas normas. Recordemos que todas esas redes tienen su sede fuera de la Unión Europea, principalmente en Estados Unidos y China. Está por ver si los países europeos tienen la unidad y el vigor necesarios para someter a esas grandes corporaciones digitales en nuestro territorio".

En paralelo, Adsuara recuerda que nuestro país aún no cumple con el Reglamento de Servicios Digitales de la UE, que entró en vigor en febrero del 2024. "España no ha modificado el estatuto para que la CNMC pueda coordinar los servicios digitales. Así que antes de llevar al consejo propuestas que no son viables deberíamos hacer los deberes, porque nos van a sancionar. En el decreto ómnibus que intentaron aprobar el miércoles había dos disposiciones sobre esto, que intentaron colar. Pero como no salió adelante todavía no tenemos a nadie que se encargue de coordinar los servicios digitales", apostilla.