Fueron las tres últimas capuchas. Blancas, inmaculadas para anunciar que dejaban las armas, que los atentados cesaban para siempre. El anuncio se hizo tal día como hoy pero de hace ya ocho años. Entre aquel 20 de octubre de 2011 y el desarme efectivo que anunciaban pasarían aún cinco años y medio. Un lustro largo en el que ETA intentó negociar el futuro de sus presos, sentar al Gobierno como interlocutor y sellar un dulce epílogo a una historia de horror. No lo logró. La banda terminó sola y sin institución de entidad que avalara su desarme. Su último intento fue el Gobierno vasco, pero el día que en Bayona oficializó la entrega de su arsenal, el 8 de abril de 2017, el lehendakari Iñigo Urkullu prefirió inaugurar una línea de metro en Bilbao.
La intrahistoria de los últimos días de la ETA armada la ha revelado esta semana el propio Ejecutivo vasco. Lo ha hecho en un documento extenso en el que detalla cada uno de los pasos que dio y los que llevaron a cabo quienes en un intento desesperado por dar salida a la banda se ofrecieron para mediar y facilitar su desarme: los autoproclamados ‘Artesanos de la Paz’.
El Gobierno Urkullu es muy crítico, duro, en ocasiones con ellos. El documento que a modo de relato histórico depositará en el Instituto Gogora de la memoria está repleto de reproches por el modo en el que los mediadores de ETA llevaron a cabo la operación para facilitar la entrega de armas de la organización terrorista. Los continuos ofrecimientos de Urkullu para que la banda se desarmara ante el Gobierno de Euskadi habían sido ignoradas años antes. Ahora sale a la luz la incomodidad y el malestar que también causaron los ‘artesanos’.
En el verano de 2016 comenzó a torcerse todo. Ante la situación de soledad de ETA para hacer efectivo su desarme, un grupo de representantes de la sociedad civil del País Vasco francés, afín a la izquierda abertzale, se ofreció ante ETA para ejercer el papel de mediación. Liderados por Mixel Berchocoirigoin y Jean Nöel Etcheverry, el 3 de octubre de 2016 hicieron llegar una carta a la dirección de ETA ofreciéndose a hacerse cargo de la inutilización y puesta fuera de uso de su arsenal. El día 19 de ese mes la banda responde aceptando la mediación y casi un mes después, el 15 de noviembre, la organización terrorista hace público que dejará “en manos de la sociedad civil la responsabilidad política y técnica del desarme”.
Poco después, a mediados de diciembre, la policía gala impide una operación en la localidad de Luhuso en la que ETA y los ‘artesanos’ se disponían a destruir y ‘limpiar’ las armas. La detención de los principales protagonistas retrasó de nuevo el desarme.
"Apoyo ciego"
Desacreditados, en enero de 2017 los ‘artesanos’ reclaman a la Comisión Internacional de Verificación (CIV) su participación y ésta la condiciona a que también intervenga el Ejecutivo de Iñigo Urkullu. Es entonces cuando comienza, según el relato del Ejecutivo, el calvario del desarme para el Gobierno vasco. Fueron necesarias nueve reuniones –entre el 6 de febrero y el 30 de marzo- entre el Ejecutivo, el CIV y los ‘artesanos’ para conocer cuál era en realidad el plan que tenían preparado.
Urkullu alertó a Rajoy de los planes de los 'artesanos', con los que discrepaba, y le pidió que no impidiera el desarme
Desde los primeros encuentros la percepción que ahora revela el Gobierno vasco es que sólo buscaban su “apoyo ciego” y su intervención pasiva en una hoja de ruta ya diseñada y pactada con la izquierda abertzale. En la lista de reproches que se citan en el documento se reitera el modo en el que se “desdeñó e ignoró” la capacidad de interlocución con el Gobierno de Mariano Rajoy o incluso con el Ejecutivo de François Hollande que tenía Urkullu y que los ‘artesano’ jamás lograrían.
En todos los encuentros, las reticencias se fueron incrementando. Urkullu insistió una y otra vez en que las armas no se debían destruir ni se pondrían fuera de uso. También exigió que el proceso, para contar con el aval de su Gobierno, debería ser en todo momento “transparente” y con garantías de que el desarme de ETA era “definitivo y verificado” además de “unilateral e incondicional”. Además, reclamaba que fuera discreto y diferenciar en días distintos la entrega de las armas de su escenificación pública.
Los cinco días del ultimátum de ETA a Urkullu comenzaron el 12 de marzo de 2017. Reunidos en Bayona, los ‘artesanos’ trasladan que en ningún caso se deberá de hablar de “entrega de armas”, insisten en que esa terminología trasladaría “una imagen de derrota” de ETA a la que no estaban dispuestos. En aquella cita en Bayona los ‘artesanos’ por fin desvelan parte de su plan de desarme. Si el llamamiento que hacían al gobierno de Francia para implicarse en la operación era correspondido éste se haría de modo discreto y se anunciaría a posteriori, una vez completado. En caso contrario, los artesanos lo harían en una escenificación pública. Dan de plazo hasta el día 17, cinco días más tarde. En caso de que Hollande no respondiera favorablemente harían públicos sus planes y su fecha -el 8 de abril- para el acto público de desarme de ETA en Bayona.
Meras 'comparsas'
Y así lo hicieron en una entrevista en el diario ‘Le Monde’, donde anunciaron “el encargo” recibido por ETA.
En esos cinco días de infarto, Urkullu no oculta su inquietud. En el documento los describe como días de “de preocupación” y de desacuerdo de “alta intensidad” y “tensión dialéctica” con los ‘artesanos’. No entiende cómo una cuestión de esa relevancia se puede hacer pública casi un mes antes, con el clima de tensión política y mediática que generaría. Tampoco comparte que los ‘artesanos’ quieran hacer un llamamiento a cientos de ‘voluntarios’ para participar como custodios de los zulos cuya geolocalización ETA aportaría poco antes de hacer efectivo su desarme.
Y menos aún que todo ello se pueda escenificar en una “movilización festiva” como pretendían los mediadores designados por ETA. Urkullu señala que el daño que generaría “a la sensibilidad de las víctimas” y la “falta de respeto” que supone hacia ellas lo hace inasumible. Todo aquel plan suponía para el Gobierno “demasiada parafernalia, demasiado exhibicionismo y demasiada propaganda”.
Los 'artesanos' rechazaron hablar de "entrega de armas" por trasladar una "imagen de derrota de ETA"
En su crítica afirma incluso que lo que en realidad estaba sucediendo en esos días es que ‘los artesanos’ tenían un plan cerrado y pactado con la izquierda abertzale y en el que a los Gobierno de Euskadi y Navarra sólo se les concedía un papel de “meras comparsas”.
El mismo día de la reunión, Urkullu escribe un mensaje a Mariano Rajoy informándole de los planes que para el desarme de ETA estaban preparando los ‘artesanos’. Le urge a una reunión y el presidente del Gobierno le cita dos días más tarde en Moncloa. El 14 de marzo el lehendakari logra de Rajoy su palabra de que no intervendrá para boicotear el desarme y que intentará recabar de Hollande el mismo compromiso. Dos días más tarde, el 16 de marzo, sólo puede trasladarle que el presidente de Francia se muestra “huidizo” y sin información al respecto.
Para entonces el lehendakari cuestiona incluso que los ‘artesanos’ hubieran diseñado un desarme de la banda en el País Vasco francés y no en Euskadi, donde realmente tuvo impacto el terrorismo que ejerció. El lehendakari cuestionó que se subrayara que ‘los artesanos’ gozaban del apoyo de multitud de organismos y sensibilidades políticas galas “era fácil reunir a diferentes sensibilidades allí, no tuvieron en cuenta la realidad de Euskadi, Navarra y el Estado español”.
Cinco tensas horas
Hecho público el plan y la fecha del desarme, el distanciamiento del Gobierno es ya casi irrecuperable. El Ejecutivo vasco hizo otro intento para que el plan se pudiera modificar en favor de un desarme discreto y con más garantías. El Secretario de Paz y Convivencia, Jonan Fernández se citó con el dirigente de la izquierda abertzale, Rufino Etxebarria el 23 de marzo en un hotel de San Sebastián. La izquierda abertzale se limitó a trasladarle que no modificaría sus planes.
La distancia era cada vez mayor y las posibilidades de que el Gobierno participara en el acto de desarme menores. Pese a ello, los ‘artesanos’ y las organizaciones que les respaldaban, como el alcalde de Bayona, presionaron para que Urkullu avalara con su presencia el acto. A sólo tres días del acto que se celebró en Bayona el 8 de abril se produjo la última y más tensas de las reuniones. Tuvo lugar en Arkaute, en la academia de la Ertzaintza. Asistió el propio Urkullu, la presidenta de Navarra, Uxue Barkos, Ram Manikkalingam (CIV) y Rene Etchetgaray.
Los mediadores ocultaron al Gobierno los planes precisos de su hoja de ruta pactada con la izquierda abertzale, "éramos meras comparsas"
Fueron cinco horas y media muy tensas, de 20.00 horas a las 01:30 horas de la madrugada. Ni siquiera entonces los ‘artesanos’ entregaron un inventario del arsenal que depositaría ETA tres días después -118 armas cortas, 25.500 unidades de munición, 3 toneladas de explosivo, 387 detonadores, etc-. El gobierno veía que su participación en el acto de Bayona era insostenible. Debía conformarse con haber logrado que las armas no se destruyeran, que los ‘voluntarios’ por zulo fueron apenas una decena y que no se hiciera en un ambiente festivo. En el tintero quedó su pretensión de separar los días de desarme, que debía ser discreto, y el de su escenificación.
El 8 de abril de 2017, en Bayona, ETA y sus ‘artesanos’ escenificaron con los suyos la entrega del arsenal de la banda terrorista que había asesinado a 853 personas y herido a miles de personas en los últimos sesenta años en la vecina Euskadi y el resto de España. A esa hora, el lehendakari Iñigo Urkullu prefirió mostrar su discrepancia con el modo en el que se sellaba el final armado de ETA asistiendo la inauguración de la línea 3 de metro en Bilbao.
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