El Partido Popular ha arremetido hoy con dureza contra el decreto aprobado ayer por el Gobierno vasco y que abre la puerta a que los 250 ayuntamientos vascos puedan establecer el euskera como única lengua de trabajo interno y de relación con los ciudadanos. El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, ha asegurado hoy que la norma aprobada por el Ejecutivo de Iñigo Urkullu es "un disparate anticonstitucional" ya que vulnera derechos fundamentales de la ciudadanía. Ha señalado que el partido analiza ya las posibilidades de recurrirlo ante el Alto Tribunal.

Alonso ha mostrado su "perplejidad" por el contenido de esta norma que facilita a los consistorios que lo acuerden fijar que el euskera sea su única lengua de relación. En el decreto se señala que ello no debe conllevar que el derecho de los ciudadanos a elegir la lengua de relación con las instituciones locales se vea afectado. Para ello, el decreto llega a fijar en su artículo 27.2.b que las instituciones locales crearán bases de datos y registros con la "lengua de relación" de los ciudadanos.

El líder de los populares ha calificado de "ataque a las libertades fundamentales" la norma por contravenir leyes y derechos y ha subrayado su sorpresa por el hecho de que el PSE, socio de Gobierno del PNV, comparta "esa misma visión" sobre esta cuestión..

Ha recordado que el Tribunal Constitucional ya determinó en su resolución al recurso del Estatut que en las comunidades con lenguas cooficiales las administraciones no podrían establecer la preferencia de ninguna de sus lenguas: "Concluyó que la Administración no tiene derecho alguno a dirigirse sólo en una de las lenguas". Ha añadido que además, en el caso del PNV, tras la aprobación de la Ley Municipal, de la que emanaría el cuestionado decreto, ya pactó con el Gobierno de Mariano Rajoy respetar ese punto de respeto equivalente a las dos lenguas determinado por el TC. Lo hizo el 11 de enero de 2017 en el seno de la comisión bilateral convocada para evitar que el Ejecutivo del PP remitiera al TC la Ley Municipal vasca que regulaba el funcionamiento de los consistorios en el entramado institucional de Euskadi.

Alonso ha denunciado la gravedad de este decreto por el "ansia por imponer" al conjunto de la sociedad el ideario nacionalista que esconde. En su opinión, la referencia a ajustar el uso lingüística a la realidad sociolingüística que se esgrime en el decreto, "es en realidad un deseo de ajustarse a la realidad socionacionalista".

Vox muestra su "repulsa"

También Vox en Vizcaya se ha pronunciado hoy en contra del decreto del Ejecutivo vasco. A través de una nota, la formación de Santiago Abascal ha manifestado su "repulsa e indignación" por la medida que consideran que sólo pretende "erradicar el idioma común de todos los españoles" de la Administración pública. Añaden que supone un ataque contra la "libertad económica" y el derecho de los ciudadanos a acceder a licitaciones públicas convocadas por los consistorios al poder exigir a sus proveedores "que se comuniquen con ésta en el idioma vasco".

Para Vox, el decreto del Ejecutivo de Urkullu supone una 2nueva agresión, consciente y voluntaria" para proseguir con lo que define como un "genocidio lingüístico del español". Anuncian que desde la formación se tomarán medidas para "salvaguardar el derecho inalienable de todo ciudadanos española" a poder relacionarse con la administración "en nuestra lengua común y en todos los lugares de la Nación".