El Parlamento de Navarra ha manifestado hoy su rechazo a las propuestas de nuevo estatuto presentadas ante el Parlamento Vasco y ha reclamado a la Cámara de Vitoria que "los deje in efecto" por plantear en ellos "una realidad política e institucional inexistente" en la que además del País Vasco se incluye a Navarra. A través de una declaración institucional presentada por Navarra Suma -UPN, PP y Ciudadanos- y que ha contado con el apoyo del Partido Socialista de Navarra que lidera la presidenta María Chivite, la institución foral ha expresado su malestar por las referencias que en los textos presentados en Vitoria se hace a la posibilidad de integración de Navarra y a su consideración dentro de una realidad territorial e institucional junto a Euskadi.

La Cámara reclama al Parlamento Vasco "el respeto absoluto" a la realidad institucional derivada de la LORAFNA (Ley Orgánica de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra) y del Convenio Económico navarro "así como a la realidad territorial de esta Comunidad". En el tercer punto de la declaración institucional se solicita a los órganos de gestión del Parlamento de Euskadi que "lleven a cabo los acuerdos necesarios" para dejar sin efecto los puntos de los articulados relativos a Navarra y que se han incorporado en las dos propuestas de Estatuto. Una de ellas ha sido liderada por el PNV, con el apoyo parcial del PSE, que ha presentado votos particulares en todo lo relativo a Navarra, y Elkarrekin Podemos. La otra, que también incluye referencias a Navarra, la ha presentado de modo unilateral EH Bildu.

La cuestión navarra es precisamente una de las que mayor rechazo ha suscitado en el PSE, que pese a respaldar parte del articulado del proyecto de Estatuto liderado por el PNV, considera, en un voto particular, que se deberían eliminar las referencias a Navarra del articulado del Estatuto planteado y desplazarlas a una disposición transitoria.

En la propuesta de declaración institucional el líder de NA+, Javier Esparza recordaba que los citados textos o borradores de un Estatuto vasco se incluye a Navarra "como parte de su territorio", lo que considera que supone "un atropello al Orden Constitucional vigente, un absoluto desprecio a nuestra realidad institucional y una ataque y un desprecio inadmisible".

Un nuevo 'sujeto polític0'

El articulado del borrador de Estatuto vasco liderado por el PNV no sólo contempla reconocer el derecho a decidir del pueblo vasco, una relación “confederal”, de igual a igual, con España y una clasificación de la sociedad vasca entre “ciudadanos” y “nacionales” sino que abre la puerta a la integración de Navarra, junto a Álava, Guipúzcoa y Vizcaya en un nuevo “sujeto jurídico y político”.

En su primer artículo, el proyecto de estatuto del PNV considera que el nuevo sujeto político en el que se transformaría el País Vasco “respondería a la expresión de la identidad nacional” manifestada por la ciudadanía de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, y en su caso de Navarra, para “constituirse” en un nuevo sujeto con entidad política propia –cuya denominación debería establecer el Parlamento Vasco- y hacerlo además “de acuerdo a la Constitución”.

El PSE ha presentado votos particulares al articulado del PNV que aboga por abrir la puerta a Navarra

El reto que el PNV ya ha plasmado en un texto articulado establece en su artículo 2 que la Comunidad Foral de Navarra “tendrá derecho” a integrarse en la nueva Euskadi que se propone y a establecer “órganos comunes” que estarían encabezados por los presidentes del País Vasco y Navarra. Órganos que funcionarían en una relación confederal, eludiendo así el artículo 145 de la Constitución que prohíbe la federación de comunidades autónomas.   

Al artículo 2 bis recoge que las instituciones vascas podrán promover el intercambio cultural, la colaboración y la cooperación como “comunidades y territorios pertenecientes o no al Estado español”, lo que abriría el camino a crear vínculos y órganos comunes, en su caso, con el País Vasco francés. Añade que en todos los ámbitos se podrán establecer, al igual que el Estado, convenios o incluso “tratados” de colaboración, así como órganos comunes.

Una propuesta que apela a la ‘constitucionalidad’ aferrándose a la disposición adicional primera de la Carta Magna. Recurre a ella como paraguas de legitimidad ya que ésta “reconoce” y “ampara” la existencia y “actualización” de los “derechos históricos”, si bien lo hace de los territorios forales y no de su ciudadanía ni de la comunidad autónoma como estructura administrativa.