El sábado decenas de miles de personas secundaban una marcha en Bilbao reclamando el acercamiento de los presos de ETA y la excarcelación de los reclusos ancianos y enfermos. Tras la pancarta, representantes de Bildu, Podemos, JxCat, ERC y la CUP. Un día después, el domingo, la televisión pública vasca emitió en horario ‘prime time’ el documental ‘La dispersión: asunto pendiente”, de casi una hora de duración. Lo hizo en su canal en castellano, ETB-2. El en él, cuatro familiares de “presos vascos” –no se hacía referencia ni al motivo de su condena ni a su pertenencia a ETA- relataban las dificultades que les generaba tener que acudir a visitar a su familia a centros penitenciarios alejados de Euskadi y el impacto que esta circunstancia tenía en su vida familiar. Junto a ellos, media docena de abogados y profesionales de la judicatura, el periodismo y la defensa de los derechos humanos exponían diversas razones en contra de la política penitenciaria que mantiene a la mayoría de los 250 presos de la banda terrorista cumpliendo condena en cárceles alejadas del País Vasco.

El contenido del citado documental, en el que no aparece ningún pronunciamiento en defensa de la dispersión de los presos –según se apunta al final por no haber accedido a ello las personas consultadas- ha provocado un profundo malestar en el PP vasco. La formación que lidera Alfonso Alonso ha elaborado un informe, que firma la secretaria general del partido, Amaya Fernández, y que hará llegar a la directora del Ente público, Maite Iturbe. El PP remitirá el citado documento al Consejo de Administración de EITB que se celebrará este mes.

El PP denuncia que el documental tiene como objetivo presentar al Estado de Derecho español “como un vulnerador sistemático de los derechos humanos” y como un agente que “ha urdido una estrategia fundamentada en términos de venganza” y al margen de la ley. Señala que aborda la cuestión con una evidente “descontextualización” que considera que es “deliberada” y que se construye mediante una falta de pluralidad evidente, una “manipulación de la realidad” y la inclusión de “hechos no contrastados y acusaciones injuriosas”. El PP concluye que lo que se busca es “blanquear al colectivo de presos de ETA”, en particular el EPPK –el colectivo que agrupa a la mayoría de reclusos de la banda- y que apunta que es el “encargado de negar a los reclusos de la banda la reeducación y la reinserción social”.

En el informe se detalla que no es hasta el minuto 24 del documental cuando se hace alguna alusión a ETA. Hasta entonces, los relatos de los familiares se presentan como meros “presos vascos”, sin que se detalle ni de qué presos se trata ni las causas que les han llevado a cumplir penas de prisión.

Descontextualización "deliberada"

El PP señala que se oculta, por ejemplo, que uno de los testimonios es el de un familiar de Gorka Lupiañez Mintegui, “condenado a 50 años de cárcel por secuestrar a una familia española en Francia, una pareja y su hijo de 4 años, y robar una autocaravana” que se utilizó para un atentado en 2007. Hace referencia también al testimonio de otro familiar, en este caso del preso de ETA Agustín Almaraz Larrañaga, condenado a 29 años de cárcel por asesinar de un tiro en la cabeza a Ángel María González en junio de 1993 y por planear el asesinato del ex consejero de Interior del Gobierno vasco, Juan María Atutxa.

La descontextualización “deliberada” según el PP se produce además por no informar al espectador de que la política de dispersión no se aplicó a todos los presos sino a los que formaron parte “de una organización terrorista y cuya reinserción pasa por la desvinculación de esa organización”. Aclara que la dispersión no se aplica “por su condición de ciudadanos de una comunidad autónoma” sino por su militancia y obediencia que estos aún guardan alrededor de una estructura que hoy mantiene un férreo control sobre los presos de una organización responsable de más de 300 asesinatos sin resolver”.

El PP recuerda en el informe remitido a la directora de EiTB que la dispersión continúa buscando que los presos de ETA rompan con el EPPK “que sigue negando a los reclusos encarcelados que inicien el camino de la reinserción o que colaboren con el esclarecimiento de los atentados sin resolver. En julio de 2018 el EPPK fijó dos ‘líneas rojas’ a los presos de ETA cuando tras un debate interno accedió a acogerse a la política penitenciaria española: la delación y el arrepentimiento.

El informe también destaca lo que considera que es una clara “falta de pluralidad” y “manipulación de la realidad” del documental. Afirma que se “renuncia” a incluir opiniones favorables al mantenimiento de la dispersión y además de incluyen “manifestaciones infundadas sin recurrir a la debida contextualización periodística”. Denuncia que los testimonios recogidos describen la dispersión en un contexto de “ilegalidad o, al menos de dudosa legalidad” y en el marco de una vulneración de derechos humanos. El PP recuerda que el artículo 12 de la Ley Orgánica Penitenciaria no establece la “obligatoriedad” de que los reclusos cumplan su condena en prisiones cercanas a sus domicilios.

Avalada por el TEDH

Recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechazó en 2017 tres demandas de presos de ETA y avaló la dispersión concluyendo que “no hay ningún tipo de injerencia en el derecho al respeto de su vida familiar”. Y añade que también establecía el TEDH que España no vulneraba “los derechos de los presos” por el hecho de que no cumplieran su condena en prisiones cercanas a sus familias.

Según el PP, el contenido de ‘La dispersión: asunto pendiente” supone un incumplimiento de hasta cuatro artículos del libro de estilo de EiTB. Cita el artículo 65 que obliga “en aras a la verdad” al conocimiento más completo posible de “los hechos” y la “situación jurídica (prisión provisional puesta en libertad con o sin cargos) en la que quedan los detenidos sobre los que con anterioridad se haya informado”. También concluye que EiTB viola el artículo 51 de su libro de estilo que obliga a dar a conocer y difundir “todos los puntos de vista necesarios para trasladar a la ciudadanía la información más completa y fiable”.

El tercero de los artículos que apunta que se incumpliría sería el número 52, referente al aseguramiento de la imparcialidad. “En la práctica profesional no caben desequilibrios ni sesgos. Ni los titulares ni los textos inducirán a interpretaciones falsas o erróneas”, se apunta en él. Finalmente, el artículo 55, que también se cree vulnerado, apela a la necesidad de asegurar la credibilidad evitando “la especulación y la difusión de conjeturas o rumores, cualquier error será rectificado con inmediatez y máxima diligencia”.