El Gobierno vasco quiere que el final de la dispersión de los presos de ETA sea una de sus primeras decisiones. Y para ello propone un profundo cambio en la actual política penitenciaria del Ministerio del Interior que supondría un viraje del procedimiento ahora establecido. El Ejecutivo de Iñigo Urkullu propone que se acerque primero a los presos de la banda terrorista a centros penitenciarios cercanos al País Vasco sin exigirles previamente un desmarque de la banda y que ésta se trabaje una vez ingresados en prisiones cercanas.

Hasta ahora, en la treintena de presos de ETA que se han acercado a prisiones próximas a Euskadi se les exigía que previamente se hubieran desvinculado de ETA, hubieran mostrado algún tipo de arrepentimiento, que estuvieran dispuestos a colaborar con la Justicia o que hubieran cumplido tres cuartas partes de su condena. También se han producido acercamientos por razones de salud y de edad avanzada. Sin embargo, el escaso número de acercamientos producidos por el Gobierno de Pedro Sánchez no gusta en Lehendakaritza que considera que se deben dar nuevos pasos en esta materia para contribuir a consolidar "la convivencia".

El Secretario de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández (Tolosa, 1962) ha anunciado hoy que prepara un documento detallado que hará llegar en los próximos días en el que se propone "un cambio de concepto" del actual modelo. La modificación o "actualización" se basa fundamentalmente en alterar el orden de la secuencia ahora exigida a los presos para que pueda acceder a un traslado a una prisión cercana al País Vasco. El Gobierno de Urkullu considera que los cerca de 210 presos que aún cumplen condena en cárceles españolas podrían acercarse sin exigirles nada a cambio y acabar así con la política de dispersión que se lesa plica desde los años 80. Añade que sería una vez trasladados a las siete cárceles propuestas -Zaballa, Martutene, Basauri, Pamplona, Logroño, Burgos y El Dueso- cuando se abordaría la siguiente fase de la 2resocialización2 de los presos y en la que se incluiría su desmarque de ETA y la violencia.

Política de dispersión

El anuncio de Fernández, que lo ha hecho público a través de la televisión pública vasca, se produce sólo cuatro días después de que decenas de miles de personas secundaran en Bilbao la manifestación anual de apoyo a los presos de ETA convocada por el colectivo Sare de apoyo a los reclusos. Como en ediciones anteriores, este año la marcha contó con el apoyo de la izquierda abertzale, además de con Podemos, ERC, JxCat y la CUP.

Fernández ha afirmado que con la nueva propuesta que remitirá el Gobierno vasco se pretende suprimir el "sufrimiento añadido" que la dispersión supone para las familias de los presos. Ha reconocido que las conversaciones en materia de política penitenciaria ya han comenzado con el nuevo Ejecutivo en una fase inicial.

Esta petición se suma a la incluida en otro de los compromisos adquiridos por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, el cumplimiento de las competencias pendientes del Estatuto de Gernika de 1979. En la lista de materias cuta transferencia se contempla en un plazo breve se incluiría la cesión de la política penitenciaria al Gobierno vasco. Fernández ha señalado que la pretensión del Ejecutivo de Urkullu es poder aplicar en Euskadi un modelo de reinserción "más social" y eficiente para la reintegración en la sociedad de los presos en las cárceles una vez cumplida su pena.

Rechazo de las víctimas

Preguntado por la acogida que la nueva propuesta pueda tener entre los colectivos de víctimas, Fernández ha señalado que la principal demanda de estos grupos no pasa tanto por la dispersión sino por exigir a los presos de ETA "una declaración crítica de su pasado". Ha señalado que eso es precisamente lo que se quiere favorecer con el "cambio de concepto" que se plantea.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo ha reaccionado al anuncio de la propuesta del Ejecutivo vasco defendiendo que "el acercamiento debe producirse como resultado del proceso de reinserción y nunca antes". Añade que para validar "la sinceridad" de ese proceso "se le debería exigir la colaboración con la Justicia".

Tanto la AVT como Covite se han manifestado en contra de la pretensión del Gobierno vasco

La AVT añade que sigue defendiendo el actual modelo de dispersión penitenciaria que se aplica a los presos de ETA. Apunta además que los acercamientos que se pudieran aprobar como resultado de ese proceso de reinserción nunca deberían ser "masivos ni generalizados".

También desde el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (COVITE) han denunciado la propuestas del Gobierno vasco. En una nota, acusa al Ejecutivo vasco de "ceder ante las pretensiones del colectivo de presos de ETA" y reclamar la misma política penitenciaria exigida por el EPPK: "A los terroristas orgullosos de su pasado criminal no se les aplican planes de reinserción sino políticas de desradicalización que hasta ahora brillan por su ausencia en el País Vasco".

Covite recuerda que basta que la izquierda abertzale "levante sus líneas rojas" al colectivo de presos, según las cuales no deben ni caer en el arrepentimiento ni en la delación "para que estos puedan desvincularse de la banda terrorista y así ser acercados a cárceles vascas". Para la asociación de víctimas el repudio a ETA debe ser una condición fundamental, un repudio que además debe ser "individual, en ningún caso colectivo, a todo lo que ha supuesto ETA". Por último, reclama al Gobierno de Pedro Sánchez que no permita que el nacionalismo vasco "marque la hoja de ruta en materia política penitenciaria".