A Pedro Sánchez le bastaría emular a José María Aznar. Incluso le valdría defender que él lo haría en tiempo de paz y con la banda disuelta mientras su antecesor popular lo llevó a cabo en años de dura violencia terrorista. Sobre la concurrida y recién estrenada mesa de su Gobierno, el presidente ha recibido esta semana una delicada petición del Ejecutivo vasco: acercar a 210 presos de ETA sin exigirles nada a cambio, ni arrepentimiento, ni repudio a la violencia. Su ya vicepresidente, Pablo Iglesias, se ha mostrado en reiteradas ocasiones partidario de poner fin a la dispersión de los etarras.

Hasta ahora, los tímidos pasos llevados a cabo por el Ejecutivo socialista para desmontar la política de dispersión que otro Gobierno del PSOE instauró en 1989 se ha traducido en apenas una treintena de acercamientos a prisiones próximas a Euskadi. En todos los casos, los reclusos reunían algunos de los requisitos establecidos; haber cumplido tres cuartas partes de la condena, razones de salud o edad y un reconocimiento del daño causado y desmarque de la violencia de ETA.

Pero ahora, su socio y uno de los principales aliados, el PNV, quiere que se acelere el paso. Apenas cuatro días después de que una marcha multitudinaria reclamara en Bilbao el acercamiento de los presos de ETA, el pasado miércoles el secretario de Convivencia, Derechos Humanos y Cooperación del Gobierno vasco, Jonan Fernández, lanzó una suerte de ‘globo sonda’. Anunció que ultima un informe que remitirá a Moncloa con un plan penitenciario para el Gobierno: acercar a los presos de ETA sin necesidad de un rechazo previo a la violencia y su inmediato ingreso en alguna de las tres prisiones vascas o en los centros carcelarios de Cantabria, La Rioja, Burgos y Pamplona.

Actualmente en las cárceles vascas sólo cumplen condena dos presos de ETA, uno de ellos en un centro especial por su estado de salud y el otro en la prisión de Zaballa, en Vitoria. A ellos se suma otro recluso en la prisión de Pamplona. Lejos quedan los tiempos en los que los centros penitenciarios vascos recibían a presos de ETA que habían mostrado un claro arrepentimiento y una colaboración acogiéndose a la llamada ‘Vía Nanclares’. En total, alrededor de una treintena de presos de ETA se sumó a esta vía que aceleró su salida de prisión gracias a beneficios penitenciarios. Todos ellos siempre fueron mal vistos por el entorno abertzale, que no los hizo merecedores de recibimiento alguno a su salida de la cárcel.

Andalucía, con 69 presos de ETA, y Valencia, con 41, concentran más de la mitad de los reclusos de la banda

A los 210 reclusos de ETA que ahora el Gobierno Urkullu quiere acercar hay que sumar los 37 etarras presos que aún cumplen condena en las cárceles de Francia, lo que hace un total de 247 presos. La propuesta no ha sido bien acogida ni por los colectivos de víctimas del terrorismo, ni de familiares de presos de ETA. Tampoco al socio de Gobierno en el País Vasco de Urkullu, el PSE, le ha gustado. El malestar lo motivaron razones distintas; rechazo con la medida de acercamiento ‘incondicional’ en el caso de las víctimas, discrepancias con el modo de anunciarla en el caso de los familiares y Bildu y sorpresa por hacer pública una supuesta medida gubernamental sin ni siquiera haberla presentado en el Consejo de Gobierno en el caso de los socialistas vascos.

190 presos acercados por Aznar

Hoy en las cárceles de nuestro país quedan tantos presos de ETA como los que el primer Gobierno del PP acercó entre los años 1996 y 1999. En ese cuatrienio, el Ejecutivo de Aznar acercó a cárceles vascas un total de 190 presos de la banda. Lo hizo en uno de los periodos más duros en la historia de la organización terrorista. El 23 de junio de 1996 decretó una tregua que el Ejecutivo correspondió con un gesto en clave penitenciaria con acercamientos a cárceles vascas durante ese mandato de todo tipo de presos etarras, incluidos aquellos con delitos de sangre.

Cuando ETA decretó una tregua aquel año, José Antonio Ortega Lara acumulaba ya cuatro meses secuestrado en un húmedo ‘zulo’ en el subsuelo de una nave industrial de Mondragón. Aquel año ETA asesinó al ex presidente del Tribunal Constitucional, Francisco Tomás y Valiente, al suboficial de la Ertzaintza, Ramón Doral, al sargento Miguel Angel Ayllón y al abogado socialista, Fernando Múgica Herzog.

Fue precisamente su hermano, Enrique Múgica Herzog, como ministro de Justicia con Felipe González, quien junto al entonces ministro del Interior, José Luis Corcuera, y el director de Instituciones Penitenciarias, Antonio Asunción, diseñaron en 1989 la política de dispersión de los presos de ETA. Hace tres décadas la organización terrorista contaba con cerca de medio millar de militantes en prisión, la mayor parte en centros penitenciarios vascos o cercanos al País Vasco.

Entre 1996 y 1999 el Aznar acercó a Euskadi a 190 etarras, incluidos condenados por delitos de sangre

Aquella distribución facilitó a la dirección de la banda el control del colectivo de presos y convertirlo en un frente más a sumar a su estructura ‘militar’, política y social. Con el fin de romper ese “frente de cárceles”, se procedió a dispersar a los presos de ETA por todos los centros penitenciarios del país, incluidas las Islas Canarias y Ceuta y Melilla.

Controlados por el EPPK

Han pasado más de treinta años, ETA se ha disuelto y la política de dispersión continúa aplicándose. Los defensores de su pervivencia subrayan que el de los presos etarras sigue siendo un colectivo que actúa de forma coordinada, siguiendo esta vez las directrices del llamado EPPK. Este colectivo estableció en julio de 2017, tras someterlo a votación entre los presos, que a partir de entonces los reclusos podrían acogerse a la legislación penitenciaria española y a sus beneficios, extremo históricamente prohibido por ETA a sus miembros. Sin embargo, fijaba dos prohibiciones a sus movimientos: el arrepentimiento y la delación.

Y esas dos ‘líneas rojas’ no han variado desde entonces. Hasta ahora, sólo aquellos que se han desmarcado de manera expresa de la violencia han podido beneficiarse de acercamientos. También quienes se encontraban en una situación de salud delicada o en el último tramo de cumplimiento de su condena. Pero han sido pocos, apenas una treintena de los 216 presos de ETA, que según datos de instituciones penitenciarias cumplen actualmente condena en prisión.

El anterior ministro del Interior, el popular Jorge Fernández Díaz, aseguró que la dispersión podría revisarse una vez disuelta ETA. El actual titular del ministerio, Fernando Grande Marlaska, llegó prometiendo profundos cambios en esta materia. Por ahora todo sigue prácticamente igual. Para la mayor parte, la dispersión continúa siendo importante.

Andalucía y la Comunidad Valenciana -entre 600 y 1.100 kilómetros de distancia del País Vasco- son los lugares donde cerca de la mitad de los presos de la banda cumple su condena. En las cárceles andaluzas están internados actualmente 69 miembros de ETA, siendo la prisión de Puerto I y Puerto III, en Cádiz, la que más reclusos tiene, 19. En Valencia la población etarra en sus cárceles suma 41 presos, de los que la mayor parte se encuentran ingresados en Picassent, 16, y Castellón, 14.

El EPPK controla al grueso de los presos y les impone dos 'líneas rojas': ni arrepentimiento ni delación

La distribución de los algo más de dos centenares de presos de la banda en España abarca a prácticamente todas las comunidades autónomas, tan sólo las cárceles de Baleares, Cataluña, Canarias y Ceuta y Melilla no tienen ni un preso de ETA en sus prisiones.

"Cambio de concepto"

El plan que ahora quiere que se aplique el Gobierno vasco lo basa en un “cambio de concepto”, según avanzó su secretario de Derechos Humanos. Fernández incluso apela como precedente al movimiento penitenciario llevado a cabo en Francia en el último año y que ha supuesto el acercamiento de la práctica totalidad de los reclusos de ETA en cárceles galas. El Gobierno de Macrón se comprometió a trasladar a prisiones próximas a la frontera con Euskadi y Navarra a los reclusos. Por ahora sólo 9 de ellos, en muchos casos exjefes de ETA, permanecen en los centros penitenciarios más alejados, al norte de Francia.

Un movimiento que también suscitó el rechazo inicial de las víctimas y que sólo fue reconducido tras un encuentro del Ejecutivo francés con las principales asociaciones. Francia se comprometió a no acercar a presos con delitos de sangre, requisito que finalmente no se ha respetado.

Tanto la AVT como Covite no se oponen a que en nuestro país se acerque a los presos de ETA pero sí que este paso se dé sin exigir una arrepentimiento individualizado y un repudio de la violencia como exigencia previa. La Asociación de Víctimas del Terrorismo, con más de 4.000 asociados, recuerda que el acercamiento debe ser el resultado de un proceso de reinserción y que éste debe ser calibrado con el grado de colaboración con la Justicia.

El Gobierno vasco quiere que los reclusos se trasladen a cárceles vascas, de Navarra, La Rioja, Cantabria y Burgos

Desde Covite se subraya que a presos de ETA que continúen estando “orgullosos” de su pasado no se les debe aplicar una política de “reinserción” sino de “desradicalización”. También la Asociación Dignidad y Justicia se ha pronunciado señalando que se opondrá a un acercamiento sin “arrepentimiento” previo y que velará por el cumplimiento de la “legalidad penitenciaria”.   

Es precisamente ésta, la legalidad, una de las vías por las que el entorno de los familiares de presos de ETA explora desde hace tiempo poder poner fin a la dispersión. Decenas de presos de la banda han acudido a la justicia reclamando lo que consideran que es un derecho que les asiste, el cumplimiento de su condena en cárceles cercanas a su lugar de origen. Hasta ahora tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Constitucional e incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), al que han acudido, no les han dado la razón.

Derecho a 'la vida familia'

La Audiencia Nacional recuerda que si bien esta es una regla general que se establece como criterio adecuado para la resocialización del recluso la legislación también establece excepciones aplicables para evitar la concentración de miembros de organizaciones terroristas o de delincuencia organizada en una prisión. Recuerda que la Ley General Penitenciaria apela a la necesidad de evitar el “desarraigo social” y con ello el ingreso en centros cercanos pero que este requisito no se establece como una obligación y puede verse alterado por el tipo de delito cometido.

En sus peticiones los presos de ETA han venido apelando a su derecho a la vida familiar reconocido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. En sus últimas resoluciones, el TEDH consideró que el tipo de dispersión que padecían los presos no vulneraba ese derecho.

Actualmente, entre el colectivo de presos de la banda la prioridad que fijan organizaciones como Sare y Etxerat, de apoyo a los presos de ETA se establecen sobre los presos enfermos y de más edad. El colectivo de familiares de los presos cifra en casi un centenar el número de reclusos con algún tipo de enfermedad, de los que 16 padecerían enfermedades de especial gravedad o incurables. Es sobre ellos sobre los que sitúan la principal prioridad en este caso para su excarcelación. Se trata de presos que padece cardiopatías severas, enfermedades de carácter psiquiátrico o dolencias como la esclerosis múltiple. Una excarcelación que incluso se ha llegado a solicitar para el caso de Josu Urrutikoetxea, alias ‘Josu Ternera’, que está siendo tratado de un cáncer y cuya entrega por parte de Francia a la justicia española fue autorizada la semana pasada.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha denegado a los presos sus peticiones para ser acercados

Además de las razones legales, desde la izquierda abertzale se reclama el fin de la dispersión por suponer “un castigo añadido” para las familias. En sus proclamas llegan a calificarlo de una “venganza” injustificada. Recuerdan que los desplazamientos de larga distancia que en muchos casos conlleva las visitas a los presos suponen un alto riesgo. Etxerat cifra en 16 las muertes producidas por accidentes de tráfico en los desplazamientos a las cárceles.

Niños en prisión

Los presos tienen derecho a visitas ordinarias de 40 minutos de duración a través de un locutorio, con un cristal de por medio y sin contacto físico, y a un ‘vis a vis’ mensual de hora y media de duración que sí permite tener contacto con el preso.

En los últimos años estos colectivos han recurrido al impacto que sobre los hijos e hijas de los reclusos tiene la política de dispersión. Se estima que cerca de un centenar de niños tienen a uno o los dos progenitores en prisión por delitos vinculados a ETA. Muchas de sus campañas han incidido en los denominados ‘niños de la mochila’, en referencia a sus mochilas para los desplazamientos, para urgir a un cambio.

Precisamente ayer domingo, Sare organizó un acto en San Sebastián, denominado ‘Motxilak gora!’ (¡Arriba las mochilas!) en el que se volvió a poner el foco en esta cuestión. Lo hizo de la mano del payaso ‘Porrotx’, quien junto con ‘Pirritx’ se han posicionado en reiteradas ocasiones en favor de los presos de ETA, en un acto para reclamar que no se separe a Xua, hija de dos presos de ETA, de sus padres. Actualmente la niña vive junto a sus padres en la prisión de Picassent, pero tras cumplir tres años deberá abandonar la prisión. Como ella, otros cuatro niños menores de tres años viven en la cárcel junto a sus madres.