Podemos ha reclamado hoy al Ministerio de Industria que se comprometa públicamente con la reapertura del astillero de La Naval de Sestao y que junto a un compromiso por parte de la Consejería de Industria del Gobierno vasco lo trasladen a la jueza que lleva la liquidación de la compañía. El plazo para evitar el final del procedimiento concursal en marcha finaliza la próxima semana, el 31 de enero y la formación de Iglesias considera que aún hay tiempo para ampliarlo y lograr la reapertura del astillero.

El nuevo portavoz de la formación, Rafael Mayoral, ha acudido al País Vasco para solidarizarse con los trabajadores que fueron despedidos, cerca de 180, y ha realizado un llamamiento a las instituciones, en primer lugar al Ejecutivo de Pedro Sánchez, para que junto al Gobierno de Urkullu e "incluso la Diputación" vizcaína se impliquen para dar una salida que permita volver a abrir La Naval. Hace meses, ya se exploró la vía de la implicación de las instituciones públicas, tanto del Ministerio como de la consejería vasca, sin que fue suficiente para rescatar a la compañía al no haberse logrado inversiones privadas viables y suficientes.

El largo proceso de negociaciones llevado a cabo en busca de un inversor privado que pudiera completarse con un respaldo público minoritario no dio resultado y finalmente el Consejo de Administración de Construcciones Navales del Norte (CNN), propietaria del astillero vizcaíno, acordó en septiembre de 2018 solicitar al juzgado la apertura de la fase de liquidación de la empresa.

Mayoral ha señalado que ahora no es tiempo de discurir sobre qué modelo habría que relanzar el astillero, si de propiedad pública, mixta o privada, "sino que lo prioritario es lograr ampliar el plazo". Por ello, ha reclamado a la ministra de Industria, Reyes Maroto "un pronunciamiento claro" que facilite reconducir la situación antes del viernes de la próxima semana.

Mayoral ha asegurado que se trata de "los problemas de la clase trabajadora" y que es ahí donde las políticas deben incidir de modo especial. Ha apuntado que el cierre de La Naval tiene un impacrto innegable en toda la Margen Izquierda del Nervión y que se hace urgente poner freno al "proceso de desindustrialización" que se da en comarcas como ésta.

En octubre de 2018 el administrador concursal que controlaba la sociedad citó a una reunión a la dirección y a la representación de los trabajadores para anunciarles el final. La decisión se adoptó tras cumplirse un año desde que se presentó el concurso de acreedores y sin que en este tiempo se hubiera logrado captar ninguna oferta para reflotar la compañía abocada ahora a un ERE de extinción que afectó a toda su plantilla.

Las perdidas que arrastraba La Naval, cuya propiedad mayoritaria soportaban Ingeteam y Astilleros Murueta, lastró el futuro de la compañía. Las deudas rondaban los 150 millones de euros, más de la mitad de la cual se generaron en los años 2015 y 2016. La propia empresa llegó a reconocer que en gran medida fueron fruto de una mala gestión. A ello se sumó la pérdida de varios pedidos que sufrió el astillero. Desde entonces, el juez ordenó que se inicie la liquidación de la empresa y la venta de sus bienes y cuyo proceso se prevé terminar a finales de este mes.