Los organismos autónomos y el resto de entidades integrantes del sector público estatal han transferido ya al Tesoro más de 1.186 millones de euros de sus remanentes de tesorería para hacer frente a los gastos provocados por el coronavirus. Los entes han dado cumplimiento así a la orden que el Ministerio de Hacienda dictó en pleno estado de alarma.

De acuerdo con la información facilitada por la Dirección General de Presupuestos en respuesta a una petición de información tramitada a través del Portal de la Transparencia, un total de 61 entes adscritos a una veintena de ministerios han ingresado total o parcialmente las disponibilidades líquidas con las que contaban y que no resultaban necesarias para financiar sus actividades. Las transferencias se realizaron entre el 7 de mayo y el 2 de junio.

No se trata de una contribución voluntaria, sino el cumplimiento de un requerimiento enviado la pasada primavera por María Jesús Montero a cada uno de los organismos estatales a fin de disponer de recursos económicos para combatir la crisis sanitaria generada por la covid-19. Sólo el Ministerio de Sanidad -a través del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) y la Dirección General de de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia- han realizado compras de material de protección por importe superior a los mil millones.

Un total de 61 organismos adscritos a 20 ministerios han transferido al Tesoro más de 1.186 millones

Dicha orden ministerial tiene amparo en el real decreto-ley 11/2020 por el que se adoptaron medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al coronavirus, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 31 de marzo (17 días después de que se declarara el estado de alarma). En su artículo 49, la citada norma jurídica facultaba a la ministra de Hacienda a requerir el ingreso en el Tesoro Público de los remanentes -"a excepción de las procedentes de cotizaciones y conceptos de recaudación conjunta", detalla el texto- que no fueran necesarios para financiar la actividad.

A preguntas de este diario, fuentes del Ministerio de Hacienda han indicado que "no hay ninguna fecha establecida" para la restitución de los fondos, al tiempo que han insistido en que esta operación "responde únicamente a un movimiento de tesorería entre la Administración General del Estado y sus organismos". "Y éstos no lo necesitan para ejecutar sus presupuestos", apostillan.

Como revela hoy El Independiente, el ente que ha realizado el ingreso de mayor cuantía es el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), organismo autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social que garantiza a los trabajadores la percepción de salarios y las indemnizaciones por despido o extinción de la relación laboral en caso de insolvencia o de procedimiento concursal del empresario.

En concreto, el Fogasa -con 573,83 millones de euros recaudados en cuotas y 520,89 millones abonados en prestaciones el pasado año, lo que arrojó un saldo positivo de 52,93 millones- transfirió 197 millones de euros el pasado 12 de mayo. Ese martes, el Tesoro recibió otros seis ingresos de otras tantas entidades estatales por un montante de 246,92 millones.

Transición Ecológica, a la cabeza

También ha sido cuantiosa la aportación realizada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), encargada de gestionar una cuenca con una extensión de 57.527 kilómetros a lo largo de 12 provincias de cuatro comunidades autónomas (Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia): 166 millones de euros.

Con diferencia, los organismos adscritos al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico son los que han transferido una cantidad mayor. Estos remanentes suman 257,02 millones (el 21,67 % del total), desglosados de la siguiente manera: Confederación Hidrográfica del Ebro, 27 millones; Confederación Hidrográfica del Duero, 19,65 millones; Confederación Hidrográfica del Guadiana, 14,87 millones; Confederación Hidrográfica del Júcar, ocho millones; Confederación Hidrográfica del Tajo, 7,35 millones; la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), siete millones, y el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras 4,15 millones.

El Fogasa (197 millones) y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (166) son los entes que más han aportado

El reverso de la moneda lo representan los Ministerios de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y de Consumo. La contribución se reduce en ambos casos a un millón de euros, aportados -respectivamente- por el Instituto Cervantes y la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición.

Con una aportación superior a los cien millones hay un tercer organismo público. La Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), responsable del registro y la concesión de las distintas modalidades de propiedad industrial y adscrita al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, transfirió concretamente 155 millones de euros.

También han sido significativos los trasvases realizados por la Agencia Española de Seguridad Aérea (96,59 millones); el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (72,94); la Mutualidad de Funcionarios Civiles del Estado (39,09); el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (39); el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (37); la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (36,80); el Consejo Superior de Deportes (26) y la Agencia Estatal de Administración Tributaria, cuya contribución ha sido de 20,50 millones.

El CIS, Transparencia...

Por contra, hay cuatro entidades que transfirieron menos de medio millón de euros cada una. A saber: la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (410.000 euros), el Centro de Investigaciones Sociológicas (330.000 euros), la Agencia de Información y Control Alimentarios (290.000 euros) y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (160.000).

En el listado facilitado por la Dirección General de Presupuestos se desglosa la contribución de organismos adscritos a todos los ministerios excepto a dos: Educación y Formación Profesional, e Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones.

La totalidad de las compras de material realizadas por el Ministerio de Sanidad se han tramitado de emergencia y se han imputado al programa presupuestario 26.09.313A.228 (‘Gastos originados en el Sistema Nacional de Salud derivados de la emergencia de salud pública en relación con la covid-19 en España’), al que se han inyectado el Fondo de Contingencia y el crédito extraordinario de 1.000 millones de euros para que el departamento que dirige Salvador Illa pudiera financiar los costes extraordinarios que está generando la lucha contra la pandemia.