Que vienen "semanas muy duras en Madrid", como dijo ayer el ministro de Sanidad, Salvador Illa, es un detalle que a estas alturas ya no se le escapa a nadie. Este viernes se prevé una jornada de nuevo intensa en la Real Casa de Correos, con el anuncio de la ampliación de las medidas restrictivas en la comunidad tan sólo cinco días después de que entrase en vigor la normativa que afectó a un total de 37 áreas sanitarias de toda la región, y entre cuyas disposiciones se encuentra la limitación de las entradas y salidas de las zonas marcadas o el cierre de la hostelería a las 22.00 horas.

Desde hace semanas, Madrid ha vuelto a convertirse en el epicentro de la pandemia en España. Y la situación, lejos de estabilizarse, se agrava: sólo ayer y según datos de la Consejería de Sanidad, se notificaron 4.250 casos nuevos y 43 fallecidos por Covid-19; la presión asistencial no para de escalar y los hospitales públicos ya tienen más camas UCI ocupadas de las que había antes de la pandemia, con 435 pacientes en cuidados críticos; y casi una veintena de áreas más de las 37 ya confinadas muestran datos preocupantes, con una incidencia acumulada por encima de los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes.

Fuentes de la Consejería de Sanidad confirman que no hay dudas respecto a la necesidad de endurecer la normativa para limitar "al máximo" posible la movilidad -aunque eso sí, sin llegar a solicitar el estado de alarma al Gobierno central, la "última opción" para el ejecutivo madrileño- con los flecos de las nuevas restricciones aún pendientes de pulir dentro del propio Grupo Covid-19 (compuesto por autoridades y técnicos sanitarios de Madrid y del Gobierno de España).

Dos cosas parecen claras: se ampliará el rango de aplicación de las medidas -algunas de ellas, como la reducción de aforos en la hostelería, serán de obligatorio cumplimiento en toda la Comunidad de Madrid-; y se descarta de plano la posibilidad de reintroducir un sistema de fases para frenar la propagación del virus similar al de la desescalada, una puerta que se había abierto estos días desde el Ministerio de Sanidad y con la que el ejecutivo madrileño discrepa.

"Los técnicos han empezado a trabajar en un esquema de fases", desgranó Salvador Illa el pasado martes, tras los primeros contactos de los expertos dentro del "espacio de colaboración" que acordaron crear Díaz Ayuso y Pedro Sánchez a principios de semana. "Es una cuestión conocida por la ciudadanía que dio buen resultado y puede ser un buen instrumento en este caso", comentaba el ministro, una aportación que, al menos con el escenario epidemiológico actual, no se plantean las autoridades madrileñas.

El Ejército, en Madrid a partir del lunes

Un confinamiento generalizado tampoco es una opción para Isabel Díaz Ayuso por el impacto económico -y también político- que supondría para la región afrontar un segundo cierre, aunque cada vez más expertos alzan la voz sobre la necesidad de actuar de una forma drástica en la Comunidad de Madrid. La presión viene también de otros gobiernos regionales, incluso de autonomías dirigidas por el PP como Castilla y León, que ha solicitado a Moncloa controlar ya las entradas y salidas en la frontera con Madrid para evitar la propagación de los contagios.

Por el momento, y al margen de las medidas que se anuncien este viernes basadas, en parte, en las recomendaciones elaboradas por el Gobierno central, el ejecutivo madrileño ha solicitado a Sánchez la intervención logística "urgente" del Gobierno, que estará desplegado a partir del próximo lunes en Madrid, así como de otros 222 efectivos adicionales de Guardia Civil y de Policía Nacional, todos ellos coordinados en tareas de inspección, desinfección o realización de test en las zonas afectadas.

La Comunidad de Madrid se ha comprometido, además, a incorporar a 300 médicos extracomunitarios que trabajaron durante el primer pico de la pandemia, con el objeto de reforzar las plantillas sanitarias.