El Ministerio del Interior calcula que tendrá que pagar 12,54 millones de euros a los policías que trabajan a turnos en cumplimiento de las dos sentencias del Tribunal Supremo que han reconocido el derecho de los agentes a percibir el complemento asociada a dicha modalidad de jornada también durante el mes de vacaciones. El Cuerpo Nacional dejó de abonarlo en 2016.

Según las estimaciones de la División de Personal, 2.009.317 euros corresponden al ejercicio 2020 y los 10.538.715 euros al quinquenio 2015-2019. No ha trascendido aún cuándo se abonará esta cantidad, que se suma a los 247 millones de euros correspondientes al tercer y último tramo de la equiparación salarial que Interior tiene pendiente de abonar a policías nacionales y guardias civiles. Este ingreso se hará previsiblemente en la nómina de noviembre.

El cálculo sobre los atrasos de la turnicidad se detallan en el informe -fechado el 15 de septiembre- en el que la División de Personal propone el allanamiento de la Administración en todos los contencioso-administrativos pendientes de resolver sobre el cobro del complemento por turnicidad en el mes de permiso. Interior reconoce que da este paso para evitar la condena en costas y el posible pago de intereses, lo que elevaría el gasto para el Estado.

El allanamiento se comunica dos meses después de que la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo desestimara el recurso de la Abogacía del Estado y confirmara el fallo que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) dictó el 8 de febrero de 2019 tras la acción promovida por la Unión Federal de Policía (UFP). Ese pronunciamiento alcanza a todo el colectivo que trabaja a turnos.

El Supremo ha reconocido el derecho de los policías que trabajan a turnos a cobrar el plus también en vacaciones

El fallo dictado por el alto tribunal el pasado 21 de julio era el segundo que daba la razón a un policía sobre el cobro de dicho complemento. Entonces fue a raíz de un recurso interpuesto por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que abrió así el camino a recuperar dicha percepción.

El motivo de disputa es el informe por el que el Área de Retribuciones de la División de Personal consideró el 30 de septiembre de 2016 que los funcionarios policiales no tenían derecho a cobrar dicha compensación durante su mes de vacaciones. De esta forma, Interior ha dejado de abonar varios millones de euros en los últimos cinco años.

Lejos de aceptar los argumentos de la Abogacía del Estado, el Supremo concluyó que la compensación económica por el trabajo a turnos (unos 120 euros al mes) "no puede calificarse como una gratificación", sino que es una "retribución complementaria" a la que los agentes también tienen derecho durante sus vacaciones anuales retribuidas.

"[El complemento] no constituye una contraprestación por la prestación de servicios extraordinarios, de carácter eventual, o ajenos a la prestación ordinaria de los servicios propios de la Policía. Se trata, por el contrario, de una retribución ordinaria por los servicios que se prestan regularmente, de forma habitual, por aquéllos que realizan ese trabajo en la forma de ‘turnos rotatorios completos’, los cuales perciben el correspondiente complemento todos los meses, periódicamente, salvo el de vacaciones, en el que no se realizan turnos, sencillamente porque no se realiza ninguna prestación", detalló la Sala.

La resolución judicial no hace ninguna mención al abono de dicha gratificación con anterioridad a 2020, si bien la Policía no tiene dudas de que los tribunales estimarían la pretensión de que se pague las cantidades correspondientes a los cuatro años anteriores al considerarse "cosa juzgada" tras el pronunciamiento firme del Supremo.

Evitar condenas en costas

"Con el fin de evitar la condena en costas y por motivos de economía procesal", la División de Personal de la Policía ha propuesto el "allanamiento en todos los procedimientos pendientes" en el convencimiento de que todos serán condenatorios para la Administración.

"Instamos a la Dirección General de la Policía a hacer efectivo ese pago a la mayor brevedad posible para restituir así una injusticia que se venía produciendo desde el año 2016", ha exigido la UFP. Por su parte, el SUP ha destacado que la medida que ahora se ve obligada a acatar la Dirección de la Policía "supone restablecer un derecho salarial" que se sumará a la percepción del tercer tramo de la equiparación salarial.