El Tribunal Supremo ha abierto una investigación al diputado de Unidas Podemos y secretario de Organización de dicho partido, Alberto Rodríguez, al considerar que existen indicios de un hecho delictivo contra él que asumirá el magistrado de la Sala de lo Penal del alto tribunal, Antonio del Moral.

La Sala Segunda ha abierto una causa asumiendo la investigación por presuntos delitos de atentado contra agentes de la autoridad y lesiones que se llevó a cabo en el Juzgado de Instrucción número 4 de San Cristóbal de La Laguna (Canarias) a raíz de un atestado policial contra, entre otras personas, el diputado de Unidas Podemos. El Juzgado elevó los hechos ante el Tribunal Supremo, ante el que está aforado Rodríguez, que ahora ha decidido abrirle una causa.

La Fiscalía había presentado escrito de acusación contra Alberto Rodríguez al considerarlo autor de un delito de atentado a agente de la autoridad y de una falta de lesiones, y solicitando la imposición de una pena de un año de prisión por el delito y un mes de multa por la falta. El juzgado de instrucción había acordado la apertura del juicio oral contra él pero al acreditar su condición de diputado al Congreso, acordó la nulidad parcial de dicho auto en lo que se refería al aforado.

Aunque el auto de la Sala de lo Penal no se refiere a los hechos concretos por los que se abre la causa, éstos se remontan a 2014, cuando Rodríguez participó en una protesta contra la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) coincidiendo con la visita del ministro de Educación durante el Gobierno de Rajoy, José Ignacio Wert, a La Laguna (Tenerife). La protesta se transformó en altercados en los que participaron varias personas, entre ellas, según denunció la Fiscalía canaria, el ahora secretario de Organización de Podemos. Los implicados habrían agredido a los agentes de la autoridad, según el atestado policial que dio origen a la investigación.

Rodríguez ya fue investigado por el Tribunal Supremo por presunto delito de desorden público en 2017 en relación con unos hechos ocurridos en la Laguna el 25 de diciembre de 2006. El alto tribunal archivó la investigación declarando extinguida su responsabilidad penal al considerar que había prescrito el delito por el que se le había investigado.