El Consejo General del Poder Judicial continúa abordando el nombramiento de nuevos cargos judiciales sin un acuerdo a la vista para la renovación del órgano de Gobierno de los jueces -que debería haber tenido lugar hace casi dos años- entre Partido Socialista y Partido Popular.

El próximo miércoles, sin ir más lejos, en el orden del día del Pleno del CGPJ está previsto el debate y votación de 13 nombramientos de la cúpula judicial, entre ellos los de tres magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo para cubrir las jubilaciones de Luciano Varela, Francisco Monterde y Jorge Barreiro.

Tras la reunión del pasado 24 de septiembre, la Comisión Permanente del órgano de Gobierno de los jueces también acordó anunciar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la convocatoria del concurso para la renovación de la presidencia de siete audiencias provinciales -León, Salamanca, Ciudad Real, Navarra, Almería, Islas Baleares y Cantabria- y la presidencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Baleares. Todos, por vencimiento del mandato de sus titulares.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, reprochó a principios de septiembre que un CGPJ en funciones desde finales de 2018 "no debería hacer nombramientos". Esto, una vez los intentos por renovar el órgano entre el Gobierno y el PP saltaron por los aires.

La historia del desencuentro

El Gobierno socialista y el principal partido de la oposición estuvieron a punto de cerrar un acuerdo de renovación del CGPJ y del Tribunal Constitucional (con su presidente, vicepresidenta y dos magistrados cuyo mandato también está cumplido) este verano, según pudo saber El Independiente.

Todos los detalles del acuerdo estaban prácticamente cerrados a finales de julio: el Partido Popular propondría a diez vocales del CGPJ y aceptaría que el PSOE propusiera a otros diez, además del nombre del presidente o presidenta. En el caso del Tribunal Constitucional, cada uno de los partidos propondría a dos magistrados.

Sin embargo, según trasladan fuentes del Partido Popular a este diario, la negociación se complicó a finales de mes, cuando Pedro Sánchez exigió al líder de la oposición, Pablo Casado, que la solución estuviera lista antes del 3 de agosto, cuando el rey emérito comunicó oficialmente que había decidido abandonar España a Felipe VI. La noticia llegaba después de salir a la luz las informaciones sobre la cuenta suiza en la que Juan Carlos I depositó 100 millones de euros que le habría entregado el rey saudí Abdul Aziz Al Saud, prácticamente la misma cantidad que él después habría regalado a su examante, Corinna Larsen. Meses antes, la Fiscalía General del Estado ya había anunciado la apertura de una investigación que afecta "directamente" al ex Jefe del Estado por estos hechos.

Según las citadas fuentes, Casado -cuyo apoyo necesita irremediablemente el PSOE para renovar el Poder Judicial puesto que hace falta una mayoría de 210 de los 350 diputados del Congreso que sólo se alcanzan sumando los escaños de las dos fuerzas mayoritarias- pidió más tiempo a Sánchez para cerrar el acuerdo porque "aún quedaban flecos por cerrar". Estaba dispuesto a seguir negociando, pero no "a matacaballo", trasladan desde su partido.

Ese habría sido parte del contenido de los mensajes de Whatsapp que intercambiaron el presidente del Gobierno y el líder de la oposición y que Sánchez desveló, afirmando que tenía el compromiso de Casado "al 99%" para renovar instituciones como el CGPJ. El líder del PP se mostró molesto públicamente porque Sánchez filtrara el whastapp que le envió sobre este asunto, hecho que calificó de "insólito", y le animó a que publicara la conversación completa, porque consideró que había tergiversado su contenido.

Entrada de representantes de Podemos

Según fuentes populares, desde aproximadamente el 11 de agosto -fecha en que un juez de Madrid imputó a la cúpula de Podemos por presunta malversación y administración desleal por la financiación de su campaña en abril de 2019- las diferencias para renovar el Poder Judicial entre PP y PSOE se acrecentaron hasta finalmente convertirse en irreconciliables.

En un principio, el PSOE habría aceptado el acuerdo de 10/10 vocales y, en esa cuota, buscarían satisfacer a sus socios de Gobierno. Sin embargo, según los populares, después intentaron que Podemos propusiera directamente el nombre de dos de los 10 vocales que propondría el Gobierno.

Entre las "exigencias" que el Partido Popular puso sobre la mesa desde el principio estaba, según aseguran, que la negociación se haría con el PSOE, no con el Gobierno. También habría transmitido la necesidad de "avanzar en la despolitización" del órgano de Gobierno de los jueces, pero no modificando legalmente el sistema de elección, como propuso Casado una vez el acuerdo fracasó, sino proponiendo que los juristas de reconocido prestigio del órgano no fueran personas vinculadas a la política ni en el pasado ni ahora. También que, además de éstos, los jueces de carrera comparecieran ante la Comisión de Nombramientos del Congreso de los Diputados.

El acuerdo no fue posible y ahora las posturas entre los dos partidos están más enrocadas que nunca, también a cuenta de la gestión de la crisis del coronavirus.

El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, acordó en enero de este año paralizar temporalmente el nombramiento de jueces con la confianza de una pronta renovación puesta en los políticos. En junio, con el "escenario poco probable" de un acuerdo entre PSOE y PP, decidió retomar los nombramientos.

En julio se produjo el acercamiento entre las dos fuerzas políticas con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el responsable de Justicia del PP, Enrique López, como negociadores. A día de hoy, después de fracasar el acuerdo que estuvieron a punto de alcanzar este verano, la renovación parece poco probable.