Punto y final a la enésima guerra entre Gobierno y Comunidad de Madrid. A última hora de la tarde del martes ambas administraciones sellaron un principio de acuerdo que responde a exigencias de las dos partes: por un lado, el Ministerio de Sanidad impone su criterio de confinar municipios madrileños -que tengan más de 100.000 habitantes- con una incidencia acumulada de más de 500 casos; por el otro, Ayuso consigue que estas restricciones se apliquen en todas las localidades de España en las mismas circunstancias y no se castigue sólo a Madrid.

La reunión que se celebró en el día de ayer en las dependencias de la Vicepresidencia del ejecutivo madrileño diluyó definitivamente una amenaza que, durante días, había hecho saltar por los aires cualquier posibilidad de acuerdo entre Moncloa y Puerta del Sol: la intención de intervenir Madrid si Ayuso no aplicaba las recomendaciones del Gobierno. Y no tenía intenciones de hacerlo.

Las advertencias del Gobierno se han diluido en cuestión de horas. Fue la estrategia que empleó para llevar a la presidenta regional al límite y aceptar la posición del Ministerio de Sanidad, con lo que evitaba, a tenor del discurso mantenido el pasado fin de semana, que sus actuales competencias en materia sanitaria quedasen irremediablamente asumidas por el Estado. Y muchas eran las vías que se abrían para el Ejecutivo, sin descartar el estado de alarma o la aplicación del artículo 155 ante la "gravísima" situación de la Comunidad de Madrid por el avance del virus.

A última hora de la tarde del sábado, buena parte de los periódicos de tirada nacional abrían con una noticia, adelantada por El País: el Ministerio de Sanidad se preparaba para intervenir Madrid "de forma inmediata" porque "no es posible esperar más" y "están en juego muchas vidas humanas". Era el culmen de una tensa negociación en que los mandatarios de ambas administraciones se habían tirado al barro para defender su tesis sobre cómo actuar, lo que desató ruedas de prensa contraprogramadas e, incluso, dimisiones como la del portavoz del Grupo Covid -el "espacio de colaboración" que acordaron abrir Sánchez y Ayuso-, Emilio Bouza.

El ultimátum al Gobierno de Díaz Ayuso se mantuvo también el domingo, cuando todos los puentes entre uno y otro extremo parecían completamente rotos. "Si Madrid no adopta las medidas, actuaremos en consecuencia", insistió entonces Salvador Illa en La Sexta. "Madrid no se puede cerrar", rebatía Ayuso la misma noche en el informativo de Antena 3.

Pero la misma noche del domingo, una llamada del consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, a su homólogo en Moncloa para convocarle a una cita en la tarde del lunes con el objeto de reconducir la situación -sanitaria y política- en Madrid, encendió una llama de esperanza que no tardaría en apagarse. Las dos horas de reunión terminaron sin acuerdo y con las posiciones aún enfrentadas... pero algo sí cambió.

Moncloa comenzó a modular el lunes la contundencia de su discurso contra Madrid. El propio consejero de Sanidad confirmó en su comparecencia que el planteamiento de la intervención ni si quiera había salido a relucir en su reunión -de casi dos horas- con Salvador Illa. Que éste no había puesto ese escenario encima de la mesa. Que no había ultimátum, ni se había hablado de plazos. Y el ministro, que llevaba dos días advirtiendo que actuaría de forma inmediata si Ayuso no cedía, simplemente volvió a emplazar a la presidenta a aceptar sus recomendaciones porque "la situación está descontrolada".

El Gobierno reculó definitivamente este martes. Primero, con las declaraciones del líder de la oposición madrileña, Ángel Gabilondo, pidiendo evitar una intervención unilateral sin la colaboración de la Comunidad de Madrid porque, a su juicio, no serviría de nada, sólo para crear falsas expectativas al ciudadano. Después, le llegó el turno a la ministra portavoz, María Jesús Montero. "Un Gobierno no puede sustituir a otro gobierno", sostenía, al tiempo que recordaba que la misión del Ejecutivo era únicamente la de dar apoyo a Madrid.

El paso atrás de Moncloa evidencia no sólo la ausencia de un plan elaborado para intervenir unilateralmente una comunidad autónoma por la crisis sanitaria, sino la constancia en el Gobierno de que las consecuencias de arrinconar a Ayuso podrían terminar siendo contraproducentes para el propio Ejecutivo. Tomar las riendas de la Comunidad de Madrid conlleva un gran riesgo, sobre todo político, que, al menos de momento, Sánchez no está dispuesto a asumir.