El pleno del Parlament ha aprobado este miércoles una propuesta de resolución de JxCat y ERC que declara que la Cámara catalana no reconoce "como legítima" la sentencia del Tribunal Supremo que ratifica la inhabilitación del expresidente de la Generalitat Quim Torra.

La resolución se ha votado en el pleno específico sobre la inhabilitación de Torra y ha salido adelante con los votos favorables de JxCat, ERC y la CUP, y en contra de los comuns mientras que el PSC-Units se ha ausentado del pleno y Cs y el PP lo han abandonado tras el debate.

"El Parlament declara que no reconoce como legítima la sentencia del Tribunal Supremo y la califica de golpe a las instituciones de Cataluña por parte de la alta magistratura del poder judicial que actúa en beneficio de la unidad de España y no en favor de la justicia, de los derechos y las libertades fundamentales", reza la propuesta, que ha sido la única aprobada en este pleno.

También "denuncia la vulneración del derecho a la libertad de expresión" y califica la inhabilitación como un ataque más a los principios y libertades democráticas contra el independentismo.

Asimismo, afirma que el Parlament mantiene la confianza en Torra como presidente de la Generalitat tras la inhabilitación, aunque el Govern ha acatado el cese, y que apoya al Ejecutivo catalán "para que garantice la no limitación de sus actuaciones y continúe dando respuesta a la crisis económica, social y de salud, con lealtad ante la inhabilitación del presidente".

Otro punto de la resolución llama a las entidades e instituciones catalanas a difundir internacionalmente la inhabilitación de Torra como un "abuso de poder ante un sistema judicial parcial y ausente de independencia", y emplaza a los grupos a iniciar una denuncia internacional sobre esta cuestión.

Por último, constata que "sin el reconocimiento del derecho a la autodeterminación de Cataluña, el movimiento independentista y el movimiento en favor del derecho a la autodeterminación de Cataluña no se detendrá y por tanto, seguirá vivo el conflicto político entre Cataluña y el Estado".