El Ministerio del Interior ha confirmado este miércoles que el tercer tramo de la equiparación salarial (247 millones de euros) se abonará a policías nacionales y guardias civiles en la próxima nómina de noviembre, con lo que dará por cumplido el desembolso económico comprometido cuando se firmó el histórico acuerdo en marzo de 2018: 807 millones de euros.

El anuncio lo ha realizado el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, durante su comparecencia ante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados para presentar las líneas estratégicas que guiará el trabajo de su departamento durante la presente legislatura. El abono tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero y contribuirá a recortar la brecha retributiva con los Mossos, si bien no se alcanzará la total igualdad.

Noviembre era el mes que se barajaba como fecha de pago desde finales del pasado mes de julio, cuando el departamento que dirige Grande-Marlaska impuso el criterio que se seguirá para la distribución de estos 247 millones -el 59 % para los guardias civiles (145,73 millones) y el 41 % para los policías nacionales (101,27 millones)- ante la imposibilidad de que los representantes de ambos Cuerpos llegaran a un acuerdo.

En su intervención, Rafael Pérez ha insistido en que la equiparación salarial constituye un "elemento fundamental en el compromiso" del Ministerio con los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El acuerdo se pactó con el ministro Juan Ignacio Zoido (PP), pero los tres abonos se concretarán durante la etapa de Marlaska.

El abono del tercer tramo se desbloqueó el pasado 26 de mayo, cuando -en plena polémica por la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos como jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid y en medio del estado de alarma- el Consejo de Ministros introdujo una disposición adicional en un real decreto-ley sobre medidas para paliar los efectos de la covid-19 por la que se excluía de la limitación de gasto establecida en materia de retribuciones en el ámbito del sector público "las medidas necesarias para la aplicación del acuerdo" de equiparación salarial. Ello requiere una tramitación que dura semanas, ultimándose en la actualidad los trabajos técnicos -ha dicho Pérez- para que el pago del tercer tramo sea una realidad el mes que viene.

La incógnita que queda por despejar es si el actual equipo de Interior da por cumplido el acuerdo con el pago de los 807 millones de euros o si, por el contrario, dará cumplimiento a dos de las cláusulas que detalla el acuerdo firmado en marzo de 2018: correcciones en los cálculos para que la igualdad retributiva fuera "total y absoluta" (la primera) e impulsar las «medidas legislativas que sean necesarias" a fin de garantizar que en el futuro no se produzcan "una disfunción salarial" entre policías (la octava). El Consejo de Estado ya ha dejado claro que dichos compromisos no vinculan jurídicamente al Ministerio.