El principio de acuerdo entre Sanidad y Madrid con el que parecía haberse evitado el choque de trenes el pasado martes no sólo enfadó a muchas Comunidades, que expresaron su descontento y rechazo en la reunión de la interterritorial de este miércoles, sino que tampoco tenía los parabienes del Gobierno de coalición. En concreto, Podemos renegaba de un acuerdo bilateral -que luego saltó por los aires- y que, además, se imponía al resto de los territorios, según ha podido saber El Independiente de fuentes de la vicepresidencia segunda.

Aunque tampoco abogaban por la intervención de la autonomía madrileña, tal y como Illa venía amenazando desde el jueves hasta que el lunes suavizó su propuesta, creen que el ministro debería haber exigido "medidas más contundentes" a Madrid y , sobre todo, no convertir en problema nacional lo que era una situación muy concreta de un territorio. "Empiezas con un 155 y no acabas", justifican en sentido figurado otras fuentes consultadas respecto a una medida que provocaba en Moncloa enormes dudas jurídicas y de ejecución práctica.

Lo cierto es que la aplicación del artículo 155 de la Constitución nunca estuvo como tal sobre la mesa, pero sí la ley de salud pública, el decreto de "nueva normalidad" y hasta el estado de alarma circunscrito a un territorio, pero ninguna resultaba satisfactoria del todo. Además, una iniciativa como ésta abría una puerta que resultaba difícil de cerrar si otras comunidades empezaban a arrojar en el futuro los mismos datos que Madrid. De ahí el peligro de entrar en una espiral de intervenciones.

Illa ha conseguido enfadar a muchos y no contentar a nadie

A final, Illa ha conseguido enfadar a muchos y no contentar a nadie. Porque ni siquiera el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha respaldado el acuerdo al que había llegado apenas 24 horas antes, hasta el punto de votar en contra del mismo junto con Cataluña, Galicia, Andalucía, Murcia y Ceuta. Pero no se puede acusar a todas las comunidades gobernadas por el PP de haber desarrollado una estrategia común, porque Castilla y León ha respaldado la propuesta, habida cuenta de que su mayor preocupación es la entrada del contagio por el territorio madrileño y su consejera, Verónica Castro, es de Ciudadanos, no del PP.

En fin, un problema más que añadir a la mesa del Gobierno central; otro no menor para la Comunidad de Madrid, -epicentro de la pandemia en Europa, junto con otros ocho territorios españoles que se llevan el farolillo rojo de la UE-, que tendrá que aplicar una serie de medidas le gusten o no y hasta para el líder del PP, Pablo Iglesias, a quien se le rompe el frente de los presidentes autonómicos populares.

El resultado es que Illa no ha conseguido doblegar, al menos nominalmente, a Madrid, tal y como querían los morados y ha agrandado el problema, aunque no se necesita la unanimidad del consejo interterritorial para que sus medidas salgan adelante y puedan aplicarse dado que ha recibido 13 votos a favor frente a cinco en contra. La posición de Madrid, que difundió un nuevo comunicado a última hora de la mañana de este miércoles antes de la Interterritorial, estaba bendecida por Génova y cuestionaba lo que apenas 24 horas antes había aceptado.

En una comparecencia posterior a la tumultuosa reunión del Consejo Interterritorial, Illa insistió en que se trata de "decisión colegiada" de obligado cumplimiento, punto que cuestiona Madrid, que tiene que trasponer el acuerdo en el diario oficial de la Comunidad para poder implementar las nuevas restricciones de movilidad. Lo aprobado este miércoles se plasmará en una orden ministerial de Sanidad, para confinar, entre otras ciudades, a la capital de España. Aseguró el ministro no entender la "marcha atrás" de la Comunidad gobernada por Díaz Ayuso con el argumento de que "lo que pasa en Madrid pasa en toda España", parafraseando a la propia presidenta autonómica.