El fiscal de Sala del Tribunal Supremo Juan Ignacio Campos, al que la fiscal general del Estado encomendó la investigación a Juan Carlos I por la cuenta abierta en Suiza para depositar los 100 millones de euros que recibió del rey saudí Abdul Aziz Al Saud y la posible relación que pudieran tener esos fondos con la adjudicación de un contrato de ampliación del AVE a la Meca a empresas españolas, se ha pronunciado por primera vez sobre el asunto.

En un informe que dirige a la Sala Segunda del Tribunal Supremo sobre una querella presentada contra el Rey emérito por parte de la entidad independentista Òmnium Cultural, Campos rechaza que deba admitirse dicha querella pero considera que él sí debe continuar con la investigación que afecta directamente al emérito.

Fundamenta esta alegación en que sus diligencias de investigación han avanzado "cualitativa y cuantitativamente" desde que la Fiscalía General del Estado comunicó la investigación.

Comisión rogatoria a Suiza

Campos explica que eso ha sido posible por la información remitida por la Fiscalía suiza, a la que se pidió información por medio de una comisión rogatoria y que "todavía no ha sido cumplimentada en su totalidad". La documentación que ha remitido el fiscal Yves Bertossa -que por su parte investiga ya por blanqueo agravado a la examante de Juan Carlos I, Corinna Larsen, y a los expertos en derecho fiscal Dante Canonica y Arturo Fasana que ayudaron al emérito a abrir una cuenta bancaria en Suiza a nombre de la fundación Lucum donde depositó los 100 millones que después habría pasado casi de manera íntegra a Larsen- "abre nuevas perspectivas" de investigación a Juan Ignacio Campo.

Además, esta información, explica el fiscal experto en Derecho Penal, también crea "la necesidad de ser complementada con la práctica de otras diligencias, que sin duda abrirán un abanico de posibilidades imposibles de valorar en este momento", traslada en su informe remitido al alto tribunal.

En éste, descarta que se admita la querella presentada por Òmnium por los presuntos delitos de negociaciones prohibidas entre funcionarios, cohecho pasivo, tráfico de influencias, fraude a Hacienda y blanqueo contra Juan Carlos I porque para fundamentarla la entidad se refiere a hechos anteriores a junio de 2014, cuando la inviolabilidad recogida en la Constitución protegía a Juan Carlos I. Además, los presuntos delitos expuestos habrían prescrito, afirma.

Campos se reafirma en que la inviolabilidad protege al emérito de manera total hasta el momento en que abdicó en su hijo y que la investigación de la Audiencia Nacional (dentro del caso Villarejo) que se archivó por este motivo y por la falta de indicios contra Juan Carlos I fue correcta.

En el escrito también considera que la querella que también presentó Izquierda Unida contra Juan Carlos I relata hechos "casi idénticos" que los de Ómnium y por tanto considera que cabe la misma resolución por parte del Supremo: su inadmisión a trámite.

Sin embargo, sí cree oportuno que la Fiscalía del Tribunal Supremo -ante el que el emérito está aforado- debe continuar con sus pesquisas ante la nueva información aportada por Suiza.