Los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid no presentarán finalmente medidas cautelarísimas para intentar retrasar la entrada en vigor de las restricciones del Gobierno que afectan a la capital y a otras nueve grandes ciudades de la región. La orden, por tanto, entraría finalmente en vigor esta misma noche, siempre y cuando no lo paralice la Audiencia Nacional, según ha adelantado El País y confirman a El Independiente fuentes del ejecutivo madrileño.

Sin embargo, el Gobierno de la Comunidad de Madrid -con la oposición pública del vicepresidente, Ignacio Aguado- ha formalizado ya ante la Audiencia Nacional el recurso con las medidas cautelares contra las medidas ordenadas por el Ministerio de Sanidad para proceder al cierre de Madrid. Se trata de una maniobra también orientada a paralizar las restricciones, pero en ningún caso tendrían carácter inmediato.

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Al solicitar medidas cautelares y no cautelarísimas, las restricciones entrarán en vigor esta misma noche y permanecerán activas al menos hasta que la Audiencia Nacional resuelva el recurso, un trámite que puede tardar hasta 15 días.

En el escrito, la Comunidad de Madrid alega "invasión de competencias" del Ministerio de Sanidad, y argumenta que la entrada en vigor de estas medidas suponen un "impacto económico negativo" en la región que, en ningún caso, responden a criterios de mesura y proporcionalidad ya que sólo podrían llevarse a cabo bajo el paraguas de un estado de alarma, motivo por el cual pide la medida cautelar de la suspensión de las mismas.

Además, defiende que las restricciones que comenzarán a funcionar a partir de esta misma noche son "contraproducentes" hasta el punto de que se pueda llegar a registrar un repunte en los contagios. "Las medidas propuestas, al ampliar su ámbito de aplicación, pueden resultar contraproducentes, siendo, en términos sanitarios, más acertado el criterio que viene adoptando esta Administración", defiende la Comunidad de Madrid, que centra su argumentación en el ejemplo de la capital, con una población superior a los 3 millones de habitantes y dividida en 21 distritos.

Se prevé además que las medidas se publiquen esta misma noche en el BOCM, aunque como ocurrió con las restricciones que aplicó el ejecutivo de Díaz Ayuso sobre 45 áreas sanitarias de la región, los ciudadanos no podrán ser multados por saltarse las normas hasta que no se pronuncie el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), para lo que también podrían pasar días.

Está prevista una rueda de prensa del consejero de Justicia, Enrique López; y del viceconsejero de Sanidad, Antonio Zapatero, para explicar todos los detalles sobre la maniobra judicial del Gobierno de la Comunidad de Madrid contra el Ministerio de Sanidad, y las normas que a partir de esta misma noche tendrían que acatar el 70% de la población madrileña.

Este jueves, el Gobierno publicaba una resolución en el Boletín Oficial del Estado por la que se obligaba a la Comunidad de Madrid a adoptar medidas restrictivas sobre las grandes ciudades de la región con el objetivo de frenar la expansión del coronavirus. Se trata de un documento que se aprobó el miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud con el voto en contra de todas las autonomías del PP -salvo Castilla y León- y Cataluña.

Aunque hubo polémica respecto a la validez legal de esa votación -desde la Comunidad de Madrid se defendió que al no haber sido aprobado "por consenso", según el artículo 14 del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Interterritorial de Salud, no podía ser vinculante- finalmente el Gobierno de Ayuso asumió su aplicación en base a lo establecido por el artículo 151 de la Ley 40/2015 del régimen jurídico del sector público, en que se recoge que, para todas las Conferencias Sectoriales, "los acuerdos obligarán a todas las comunidades autónomas, aunque voten en contra, si el Estado ejerce competencias de coordinación".

La "imposición" de Illa

Este martes, Madrid y Sanidad anunciaron un principio de acuerdo con una serie de restricciones pactadas entre ambas administraciones que serían aplicables no sólo a la región que dirige Isabel Díaz Ayuso, sino al conjunto del país en el caso de que hubiese municipios -sólo aquellos por encima de los 100.000 habitantes- que superasen tres indicadores: incidencia de 14 días superior a 500 casos; positividad en PCR por encima del 10%; y ocupación de UCIs de más del 35%.

El documento, anunció el ministro Salvador Illa, debía ser ratificado al día siguiente por el Consejo Interterritorial de Salud, una afirmación que confirmó el propio vicepresidente, Ignacio Aguado, el miércoles por la mañana. Pero los truenos no tardaron en caer en la Puerta del Sol, y minutos antes de que diese comienzo la cita con todas las autonomías, el Gobierno de Díaz Ayuso publicó un comunicado en el que exigía el Ministerio de Sanidad "no ceñirse" únicamente a esos tres indicadores; no cerrar Madrid capital por completo; y tener en cuenta criterios como la "flexibilidad" de la capacidad asistencial de la región antes de decretar su confinamiento.

Caso omiso hizo el ministro a las peticiones de Madrid, que logró aprobar el documento el miércoles por la tarde con el apoyo de todas las comunidades del PSOE -y Castilla y León-; y el voto en contra de todas las del PP -y Cataluña-. La decisión ya estaba tomada, y pese a que el consejero de Sanidad salió esa misma noche a denunciar las "mentiras" y la "imposición por la espalda" de Salvador Illa y a cuestionar su validez jurídica, Ayuso ha terminado asumiendo que deberá aplicar la orden del Gobierno, que publicó en el BOE en la mañana del jueves y notificó a la Comunidad de Madrid el mismo miércoles por la noche.