El ex ministro del Interior Jorge Fernández Díaz asegura que "ni envió ni recibió" los mensajes SMS que le incriminan en la Operación Kitchen, el dispositivo "parapolicial" desplegado por la Policía Nacional para robar a Luis Bárcenas documentos que comprometían a altos cargos del PP. Esos mensajes los ha aportado su antiguo número dos, Francisco Martínez, tras protocolizarlos ante notario.

Así lo defiende Fernández Díaz en un escrito con el que pide al juez que instruye la causa que revoque su imputación al defender que "carece de cualquier sustento" y que su llamada al procedimiento está basada en "meras sospechas y conjeturas". El ex ministro está citado a declarar el próximo 30 de octubre.

A petición de la Fiscalía Anticorrupción, el ex titular de Interior fue imputado el pasado 18 de septiembre como posible autor de delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y descubrimiento y revelación de secretos. El principal elemento incriminatorio que han reunido los investigadores tras casi dos años de pesquisas son cuatro mensajes recibidos por Francisco Martínez -también investigado en la causa- desde el teléfono oficial de Fernández Díaz en los que éste le daba instrucciones sobre el operativo en pleno desarrollo del mismo.

En uno le daba el nombre de Sergio Ríos, chófer de la familia Bárcenas Iglesias, como la persona que había sido como confidente policial para tratar de acceder a los documentos y lápices de memoria que escondía el ex tesorero del PP. En otro, fechado el 18 de octubre de 2013, Fernández Díaz le decía: "La operación se hizo con éxito. Se ha volcado todo (2 iphone y 1 ipad). Mañana tendremos el informe. Según dice el informador (veremos si es así), ese material lo había dado B [Bárcenas] a los abogados para poder obtener de ellos los teléfonos y otros datos de su agenda, en orden a contactar con ellos para preparar su defensa jurídica…".

"Idoneidad probatoria"

La defensa del ex ministro del Interior, dirigida por el abogado Jesús Mandri, cuestiona la autenticidad de esos SMS y pide al juez que practique una prueba pericial que determine si esos mensajes los envió su representado antes de que que éste declare en la Audiencia Nacional. A su juicio, al haber sido aportadas a la causa mediante archivos de impresión, "se desplaza la carga de la prueba a quien pretende aprovechar su idoneidad probatoria".

El letrado considera que hay que "extremar el celo y valorar con recelo tales comunicaciones", máxime cuando Francisco Martínez -como ha detallado el Ministerio Fiscal en su último escrito- borró voluntariamente los mensajes tras acudir al fedatario público. En su opinión, ello hace que el valor probatorio de las actas notariales sea "muy limitado".

El ex ministro del Interior pide al juez una pericial que certifique los SMS que envió a su 'número dos'

"No descubrimos nada al afirmar que la prueba indiciaria ha de derivar de otros hechos objetivos acreditados mediante prueba directa. Es decir, primero el hecho objetivo acreditado y luego el juicio de inferencia o deducción respecto a otros hechos, con exigencia incluso de mayor motivación", defiende.

Para el abogado de Fernández Díaz, los mensajes cortos de móvil son "perfectamente manipulables", al tiempo que asegura que los notarios "no comprobaron ni pudieron comprobar técnicamente la realidad de las comunicaciones que se les exhibieron".

Esta línea de defensa choca con los mensajes intervenidos a Francisco Martínez e incorporados al sumario del caso. En ellos, el ex número dos de Interior -citado a declarar el próximo 29 de octubre- asegura que recibió "instrucciones muy concretas" y que tuvo "una presión diaria para obtener y transmitir la información". "A mí este asunto ni me importaba, ni me preocupaba, ni me interesaba, pero escuché muchas veces de mi superior que era ‘el asunto más importante que teníamos entre manos…’ Y todo eso lo puedo demostrar", escribió.

Se desentiende de los fondos reservados

Cuestionar la veracidad de los SMS no es el único argumento que esgrime en su defensa el abogado de Fernández Díaz en contra de Francisco Martínez. También recuerda que no era él quien llevaba la gestión y control de los fondos reservados -utilizados para retribuir al chófer de Bárcenas por su colaboración con la Policía- sino a la Secretaría de Estado de Seguridad por delegación suya.

En todo caso, su abogado dice que el ex ministro tiene una "absoluta disposición" a prestar declaración ante el juez del caso en calidad de testigo, "pero no de investigado, pues de esta última derivan otras connotaciones y una estigmatización que en este caso no resulta justificada ni necesaria".

"No se concretan ni individualizan tales indicios y evidencias respecto al Sr. Fernández Díaz porque sencillamente no existen. Y es que, si la premisa de la que parte el auto sitúa al Ministerio del Interior como "centro nuclear" de la operación es cuestionable, lo es desde luego mucho más que se llame como 'investigado' al ex ministro del Interior por el mero hecho de serlo durante aquellos años", razona. A juicio de esta parte, ello constituye un "exceso interpretativo".

La defensa sostiene que a Fernández Díaz ni le "afectaba ni le perjudicaba" la investigación sobre la caja B del PP que llevaba a cabo el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional -supuesto desencadenante de Kitchen al objeto de neutralizar documentación para que no llegara al magistrado José de la Mata- y que, en consecuencia, "no tenía interés alguno o motivación especial en la creación o coordinación de una operación policial dirigida a sustraer determinada información de aquella investigación judicial, suponiendo que dicha operación existiera realmente".