Desde hace más de tres años, Antonio H.F. sufre una cefalea crónica y una epilepsia postraumática que le obligarán previsiblemente a seguir un tratamiento médico de por vida. Las secuelas neurológicas que le dejó el culatazo que un delincuente le propinó en la cabeza con una pistola durante un servicio le jubilaron semanas después de cumplir los 38 años.
El inspector A.S.A., destinado en la comisaría local de La Línea de la Concepción (Cádiz), dirigió una investigación que permitió en mayo del pasado año desmantelar la principal organización criminal dedicada al suministro de combustible, víveres y apoyo logístico a las gomas que actúan en el Estrecho. Bautizada como Operación Gasoil, aquel golpe policial permitió la detención de 68 personas y la incautación de 1.684 kilos de hachís, cuatro narcolanchas valoradas en 480.000 euros, 11 motores fueraborda y 10.570 litros de gasolina.
La asistencia de los policías D.C.M. y B.S.M.J. fue decisiva el pasado 18 de junio en el rescate de una persona que se había arrojado al madrileño río Manzanares desde el puente de Segovia. Desde uno de los paseos laterales, los agentes no dudaron en saltar un muro de unos dos metros de altura hasta una pasarela que discurre paralela al río y desde allí se descolgaron por otra pared de unos cuatro metros de profundidad que conecta con la lámina de agua, lo que les permitió llegar a la víctima y colocarla en una posición segura hasta que se personó la dotación médica para atenderla.
Ninguno de los cuatro funcionarios han tenido este 2 de octubre un motivo adicional para celebrar la festividad del patrón de la Policía Nacional, los ángeles custodios. Ninguno de los cuatro ha merecido la cruz al mérito policial con distintivo rojo por la relevancia y el riesgo asumidos en sus intervenciones, según el reparto acordado por la Dirección General y refrendado por el ministro Grande-Marlaska.
Son sólo cuatro ejemplos de policías que reúnen los méritos que exige la normativa para recibir la condecoración, pero que han quedado fuera. Nada nuevo. La polémica envuelve cada año la concesión de estas medallas, que aportan baremación para ascensos y llevan aparejada en algunos casos (modalidades de oro, plata y roja) recompensa económica vitalicia en la pensión.
Interior ignora por tercer año la petición para condecorar a un policía incapacitado a los 38 años tras sufrir secuelas neurológicas irreversibles
La principal crítica formulada este año por todos los sindicatos policiales es que Interior no haya reconocido el trabajo de los miles de agentes que estuvieron en primera línea durante el estado de alarma para garantizar el cumplimiento de las medidas restrictivas de movimientos de personas y vehículos para frenar la expansión del coronavirus. Las organizaciones han pedido sin éxito a Grande-Marlaska que se refleje en el espejo de Defensa, que ha promovido la concesión de una medalla conmemorativa para todos los militares que participaron en la lucha contra la covid-19 durante la primera ola (Operación Balmis).
Insatisfechos con el reparto, los sindicatos han alzado la voz para pedir que se derogue la ley preconstitucional que regula la concesión de estas distinciones y la promulgación de una nueva normativa que consagre los principios de justicia y transparencia. También reclaman que se abra un periodo extraordinario para proponer condecoraciones que permita reconocer intervenciones de riesgo o humanitarias que han sido ignoradas. En total, se han repartido este año cuatro medallas de plata (con un incremento de pensión del 15 %), 46 con distintivo rojo (10 %) y 362 blancas (sin recompensa económica).
Por tercer año consecutivo, la Confederación Española de Policía (CEP) ha propuesto al Consejo de Policía el otorgamiento de una medalla roja a Antonio H.F. Por tercer año consecutivo ha sido desestimada esta petición, pese a que el sindicato entiende que el agente reúne méritos sobrados para recibir tal reconocimiento. Ni para éste ni para el compañero -Francisco R.G.- con el que patrullaba la noche en que sufrió la agresión que le incapacitó para seguir vistiendo el uniforme.
"Desplomado al suelo y sangrando"
Sobre las cuatro de la mañana del 1 de mayo de 2017, Antonio H.F. y Francisco R.G. patrullaban de paisano y en vehículo camuflado por el barrio sevillano de Los Pajaritos cuando decidieron identificar a un joven. Éste huyó y el primero de los agentes lo siguió corriendo, persiguiéndole hasta el portal del bloque en el que se escondió. Allí, aprovechando la oscuridad, el delincuente golpeó al policía en la parte trasera de la cabeza (zona occipital derecha) con la pistola Star modelo E que portaba.
"Como consecuencia de esta agresión, el agente cae desplomado al suelo sangrando y perdiendo el conocimiento, siendo encañonado por el acusado", detalla la sentencia con la que la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla condenó al agresor en 2018. Antiguo integrante de la conocida 'Banda del demonio', aquél fue finalmente detenido por el compañero de patrulla, que sufrió policontusiones durante el forcejeo y hubo de estar dos semanas de baja.
Herida inciso-contusa en la región occipital derecha de cinco centímetros de longitud, traumatismo cranoencefálico de grado 1, esguince cervical y contusión en la mano derecha. Éstas son las lesiones que sufrió Antonio H.F., que tardó 59 días en sanar.
La carrera policial de este agente, que había jurado en 2007 y acumulaba más de 1.150 detenciones, iba a terminar inesperadamente aquella madrugada de primavera. Las heridas le provocaron secuelas neurológicas graves e irreversibles: epilepsia postraumática y cefalea crónica. Desde el 2 de febrero de 2018 se encuentra en situación de jubilación por incapacidad permanente.
También el Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha denunciado casos de "injusticias" al no concederse condecoraciones a nueve funcionarios que asumieron un riesgo o peligro personal durante la prestación del servicio. Éste es uno de los requisitos que exige la ley para ser merecedor de unas de las medallas pensionadas.
Los sindicatos policiales reclaman una nueva ley que garantice justicia y transparencia en la concesión de las medallas
Uno de ellos fue en el que se vio envuelto el policía A.C.G.R. en mayo de 2019, cuando junto a otro compañero se disponían a detener a un hombre en el barrio Reina Regente de Melilla que estaba en busca y captura al no haberse presentado a un juicio. El joven sacó un arma y realizó hasta seis disparos a los agentes, alcanzándole uno de los tiros la mejilla a uno de ellos.
"Hubo no sólo un peligro real para la vida de los funcionarios sino una forma de conducirse en la ejecución del servicio que antepuso la integridad de terceras personas frente a un individuo que buscaba no sólo eludir la acción de la Justicia sino, además, provocar un daño irreparable en la integridad física de los agentes. Ningún otro podía ser el objetivo de quien disparó hasta en seis ocasiones contra estos dos servidores públicos", destaca el SUP.
Este sindicato también considera que el subinspector D.G.A. -adscrito a la Jefatura Superior de Madrid- debe lucir una cruz con distintivo rojo en la pechera de su guerrera por el riesgo físico que vivió cuando el 2 de noviembre de 2018 coordinó y ejecutó un dispositivo para hacer frente al asalto de la estación de metro Las Rosas (distrito madrileño de San Blas-Canillejas) por parte de un grupo integrado por casi medio centenar de grafiteros. Según el SUP, los jóvenes llegaron a agredir a los policías desplegados durante la detención, causándoles heridas al citado subinspector que necesitaron tratamiento médico durante dos meses.
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