Los desencuentros entre Ayuso y Aguado hacen insostenible el Gobierno de Madrid

Dos estrategias absolutamente antagónicas. Dos partidos cada vez más distanciados. Dos dirigentes unidos por un matrimonio de conveniencia, donde no existe la confianza y donde a veces, incluso, llegan a perderse hasta las formas. En el PP tienen claro que Ignacio Aguado no será el que forme parte de la orquesta que toca mientras el barco se hunde, sino más bien el que se suba al primer bote salvavidas. De él dicen los azules que le pueden las ansias de "protagonismo", estar en el foco mediático, "situarse al mismo nivel que la presidenta". Y según Ciudadanos, Isabel Díaz Ayuso actúa "como si gobernase con mayoría absoluta", sin ser consciente de que no estaría al mando si no fuera por el apoyo de su vicepresidente, al que "intenta apartar" e, incluso, "ningunear" en la toma de cualquier decisión, cualquier acuerdo, y casi cualquier circunstancia. La palabra en la que coinciden diferentes cargos del partido naranja es "deslealtad".

Los desencuentros entre presidenta y vicepresidente de la Comunidad de Madrid han sido muchos en la presente legislatura, que apenas cuenta con un año de vida. La relación entre ambos ya comenzó torcida, pero se agravó con la crisis del coronavirus. Y el hostil enfrentamiento que han protagonizado en las últimas horas a tenor del cierre de Madrid decretado por el Ministerio de Sanidad y ejecutado por el Gobierno regional en contra del criterio de Díaz Ayuso pero no del de Aguado ha dinamitado todo espejismo de tregua entre ambos socios. El único pegamento son las direcciones nacionales, tanto Génova como Alcalá 253, que apagarán todo rumor de elecciones, de ruptura o de moción. O al menos lo intentarán.

Tras ocho días de reproches mutuos, de dimisiones y de amenazas de intervención, el martes llegó el anuncio: hay "principio de acuerdo" entre Moncloa y Madrid. El encargado de filtrar tal triunfo fue Ignacio Aguado, pero se quedó solo en su alegría. Y no pasaron ni 24 horas hasta que el equipo de Ayuso, incluido el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, le desmintió. "Es falso que Madrid se mostrase satisfecha con la decisión de Sanidad en la reunión de ayer", sentenció el mandatario de Salud el miércoles por la noche, quien recordó indirectamente al vicepresidente que en la reunión del martes ni si quiera se habían determinado los parámetros para ejecutar los confinamientos.

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Para el equipo de Ayuso, la maniobra del ministro de Sanidad, Salvador Illa, responde a una estrategia planeada desde Moncloa para intervenir Madrid sin declarar el estado de alarma y dar la batalla política sin atender -ni explicar- en qué criterios científicos basan una decisión de tal envergadura. El documento con el que se alineó Ignacio Aguado fue aprobado en el Consejo Interterritorial de Salud sin unanimidad, y ese será el clavo al que se aferre la Comunidad de Madrid para que la Audiencia Nacional paralice las restricciones en los próximos días.

Los puentes entre Ayuso y Aguado terminaron de saltar por los aires cuando éste se rebeló contra la directriz de la presidenta y anunció que no apoyaría su intención de llevar la causa contra el Gobierno a los tribunales. "Quería hacer ver que él había cerrado el acuerdo", sentencian varias fuentes del PP, desde donde lamentan que "siempre ha querido ir un paso por delante" y "anotarse un tanto". Alguno vincula incluso este movimiento de Ignacio Aguado con la nueva estrategia nacional del partido naranja, convertido en apoyo fundamental para Pedro Sánchez.

Desde el entorno de Aguado contraatacan y acusan a Ayuso de avanzar en solitario en su intención de recurrir la orden del Ministerio de Sanidad, una decisión que, además de considerarla errónea, deja muy malparado a Aguado. Según aseguran, la presidenta no consultó la decisión con él, y éste reaccionó una vez se enteró por los medios de comunicación. La negativa del dirigente de Ciudadanos de apoyar la batalla judicial contra el Gobierno ha generado un enorme malestar en el sector del PP, donde sin medias tintas acusan al vicepresidente de alinearse "con Illa y Simón" e ir en contra no sólo de Ayuso, sino de "los intereses de los madrileños".

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Pero a esta historia de desapego entre ambos dirigentes -y sus respectivos equipos- le faltaba la puntilla final. El pasado viernes, cuando el reloj no marcaba ni las nueve de la noche y el temporal de toda la semana comenzaba a escampar -restaba una hora para que entrasen en vigor las restricciones, tras asumir Madrid su ejecución-, un nuevo terremoto hacía temblar la Real Casa de Correos: Alberto Reyero, el combativo consejero de Políticas Sociales (de Ciudadanos) que tantos dolores de cabeza había dado a Díaz Ayuso y a Ruiz Escudero por la gestión de las residencias, presentaba su dimisión. ¿El motivo? El mismo por el que renunció Emilio Bouza hace tan sólo una semana: la batalla campal entre los equipos de Gobierno y la falta de "unidad en las instituciones".

Y la crisis avanzó en las horas siguientes. Según pudo saber El Independiente, la presidenta regional no invitó al consejero de Economía, Manuel Giménez, a la cita con grandes empresarios prevista para la próxima semana, que no tiene otro objetivo que el de proteger las inversiones en la región ante la situación de confinamiento. Desde el equipo naranja no dan crédito. "¿Cómo se puede convocar a los empresarios sin invitar al consejero de Economía?", lamentan.

La presente guerra en Madrid, no sólo entre los socios de Gobierno sino también con Moncloa está pasando, aunque indirectamente, factura al PP por las evidentes grietas en el seno del partido y la falta de unidad de acción en el discurso contra Sánchez que están provocando las batallas de Díaz Ayuso. La dirección del partido cierra filas y cubrirá las espaldas a la presidenta madrileña, también en el terreno judicial, pero eso le costará a Casado cierto descrédito sobre todo por parte de importantes barones y dirigentes territoriales que piden al líder del partido regresar a la política de la no confrontación que había abanderado Génova especialmente desde las autonómicas dle 12-J.

Una guerra que viene de atrás

Las diferencias entre los socios de Gobierno de la Comunidad de Madrid empezaron mucho antes de que la crisis del coronavirus capitalizara todo el foco mediático. De hecho, comenzaron nada más arrancar la legislatura, la primera en la historia de la Comunidad de Madrid con un ejecutivo de coalición, que ya empezó torcida después de que el ex presidente popular, Ángel Garrido, fichase por Ciudadanos a cuatro días de las elecciones. Tampoco sentó bien entonces en las filas del PP que dos días antes de que la presidenta hiciese pública su lista de consejeros al poco de ser investida presidenta, Ciudadanos anunciase que Garrido sería titular de Transportes en el ejecutivo autonómico.

Pero si hubo un capítulo que dañó la relación entre los socios -aunque tuvieron otras desavenencias, como la cuestión de Telemadrid, sobre la que Ayuso pedía "austeridad" y Aguado negaba la mayor y defendió a la cadena autonómica porque "lo que funciona no hay que tocarlo"- ese fue el de la creación de la comisión de Avalmadrid para investigar las presuntas irregularidades en la concesión de ayudas de la empresa pública al padre de la actual presidenta autonómica.

Ciudadanos hizo temblar ya entonces los cimientos del recién firmado trato con el PP, y el vicepresidente llegó a asegurar que a su partido no le "temblaría la mano" y que "quien la hace la debe pagar", aunque se llame Isabel Díaz Ayuso. Los populares ya entonces consideraron aquello una gran deslealtad hacia la presidenta. "No se puede ser Gobierno y oposición", lamentaron entonces.

El siguiente gran enfrentamiento entre ambas administraciones, que en Ciudadanos recuerdan con mucho pesar, fue el fichaje del otrora mano derecha de José María Aznar, Miguel Ángel Rodríguez, como jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso en enero de 2020. La enemistad entre éste y el vicepresidente ya había quedado patente meses atrás, cuando Rodríguez acusó al padre de Ignacio Aguado de haber cobrado 102.000 euros "por la cara" por posicionarse éste con la izquierda en la investigación contra Ayuso. A día de hoy, la relación no ha mejorado y fuentes de ambos partidos confirman además que la interlocución entre el equipo de comunicación de Ayuso y el de Aguado es prácticamente inexistente.

Reyero, Room Mate y los contratos fantasma

La llegada de la pandemia acercó la ruptura de una relación ya en crisis. Sin duda, la batalla que más se enquistó para ambos dirigentes fue la de la gestión de las residencias, competencia a principios de la pandemia de la Consejería de Políticas Sociales, de Ciudadanos, aunque sus funciones fueron intervenidas por la de Sanidad, del PP, el pasado 26 de marzo. Las chispas comenzaron a saltar cuando el máximo mandatario de Políticas Sociales, Alberto Reyero, pidió la intervención del ejército "sin consultar" a la presidenta, cuando el azote de la enfermedad comenzaba a cavar el agujero negro en que se convirtieron los centros residenciales.

La petición de ayuda de Reyero a la vicepresidencia segunda -que dirige Pablo Iglesias- no fue bien acogida por el ala del PP en el Gobierno, y los enfrentamientos a raíz de aquello no dieron tregua prácticamente ni una sola semana. La crisis alcanzó su punto álgido a principios del mes de junio, cuando el ya ex consejero de Políticas Sociales se rebeló contra los criterios elaborados por Sanidad para actuar en las residencias y la negativa de la consejería del PP a atender sus peticiones para medicalizar estos centros desde hacía meses para evitar más muertes.

Reyero abrió la caja de Pandora con filtraciones a medios de comunicación en que dejaba en evidencia los criterios "poco éticos" de Escudero a la hora de ejecutar las derivaciones de ancianos de residencias a hospitales, con protocolos -que desde el PP aseguraron que no eran más que borradores- en que se negaba el traslado a residentes en estado grave, algo frente a lo que Reyero se declaró "radicalmente en contra". Escudero, por su parte, llegó a calificar las palabras de su compañero de "traición" y de "fariseísmo político", y se llegó a elucubrar con la destitución de ambos consejeros para dar un lavado de cara al Gobierno de Madrid. Finalmente, sólo se ha producido la marcha de uno de los dos, y por decisión propia.

Otro de los momentos de alta tensión entre ambas formaciones llegó en medio de la fuerte polémica por la estancia en un apartahotel de lujo de la cadena Room Mate, que dirige el empresario Kike Sarasola, de la presidenta Isabel Díaz Ayuso durante semanas y su relación con adjudicaciones contractuales presuntamente a dedo al dueño del alojamiento.

Todas las alarmas saltaron cuando el 6 de mayo el Portal de Transparencia de Madrid publicó una partida de más de 800.000 euros para Room Mate, para adaptar sus espacios hoteleros como residencias temporales para pacientes Covid y que venían a confirmar las sospechas de que pudiese haber existido un delito de cohecho y corrupción, como se acusó a Ayuso desde la oposición. Pero nada más lejos de la realidad. Resultó que desde la consejería de Políticas Sociales se publicó por "error humano" -versión que no convenció al PP, donde vieron un intento de un sector del partido naranja de hundir a Díaz Ayuso- un contrato que realmente iba a dirigido a la Coordinadora Tercer Sector y no a Room Mate, como confirmó la misma empresa. Por aquella "chapuza administrativa" fue cesado el secretario general técnico de Políticas Sociales, Miguel Ángel Jiménez.