Una veintena de reputados científicos españoles firmaron el pasado mes de agosto una carta publicada en la revista The Lancet en la que exigían la puesta en marcha de una evaluación externa e "imparcial" sobre el impacto y gestión del Covid-19, capitaneada por un comité de técnicos y expertos independientes que elaborasen un informe a la mayor brevedad posible cuyas conclusiones fuesen aplicadas por el Ejecutivo central. ¿El objetivo? Evaluar la actuación del Gobierno y de las 17 comunidades autónomas en la crisis sanitaria, corregir errores y robustecer el conjunto del sistema asistencial y prepararlo para los futuros desafíos que se le planteen.

Sólo una semana después de que Salvador Illa se reuniese con varios representantes de la élite científica, el ministro presentó este miércoles, en el marco de la reunión con los mandatarios sanitarios autonómicos del Consejo Interterritorial de Salud, el borrador del acuerdo propuesto por el Ministerio de Sanidad para la creación de un grupo de trabajo cuyo objetivo final sea la realización de una "evaluación independiente", como aparece en el documento, para analizar "tanto las actuaciones realizadas por parte de las autoridades sanitarias durante este período, como sus fortalezas y debilidades (...) y adoptar las decisiones que correspondan en orden a reforzar la vigilancia epidemiológica". Hasta aquí todo normal.

El problema llega cuando el comité técnico que realizará la auditoría externa que defina en qué se ha fallado durante la crisis del coronavirus no estará compuesto por expertos ajenos a la política, ya que, para empezar, estará presidido por la actual Secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, quien otrora ocupó diferentes cargos en el PSOE de Andalucía, como secretaria general del partido en Utrera (Sevilla) y diputada en el Parlamento regional.

Del grupo de trabajo formará parte, además, "un representante de cada una de las comunidades y ciudades autónomas", siendo éstos de libre elección por parte de cada uno de los territorios y quedando en todo caso bajo la tutela de Calzón. Esta decisión contradice la opinión de algunos de los científicos que pidieron esta auditoría urgente al ministro. "Nos parece fundamental que sean personas independientes, que no hayan trabajado para el Gobierno, e incluso es planteable que sea alguien del ámbito internacional", opinaba el profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, Joan Carles March, en conversación con El Independiente, precisamente uno de los convocados a la cita con Illa de hace unos días.

El documento, aprobado ayer en la Interterritorial, se encuentra ahora en revisión por parte de los servicios jurídicos del Ministerio de Sanidad, tras los recelos que despertó el mismo en algunas autonomías que dudan que el funcionamiento propuesto por Sanidad para ese Grupo de Trabajo sea el correcto. La que más objeciones presentó fue Madrid, que ve en la iniciativa de Salvador Illa una "trampa" para su comunidad autónoma.

Fuentes autorizadas del ejecutivo madrileño afirman desconfiar de ese tribunal téoricamente "independiente" y creen que, tal y como está planteado, el informe con las conclusiones finales sobre la gestión de la pandemia irán dirigidos a "sentenciar" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, más que a activar los dañados resortes de la coordinación entre autonomías y Estado y dibujar líneas claras de actuación frente al virus.

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, manifestó ayer su desconfianza al modelo escogido por el ministerio para llevar a cabo la evaluación teóricamente independiente, y pidió que constase en acta su petición de que Sanidad retirase el marco jurídico en que está basado el acuerdo -en concreto el artículo 152.3 de la Ley de Sector Público- porque esa ley, dicen, hace referencia a que las conclusiones se aprueben en el marco de las Conferencias Sectoriales y no del Consejo Interterritorial de Salud. Exigen, además, que las decisiones del Grupo de Trabajo se aprueben en el Pleno del Consejo "por consenso", debiendo quedar definido en el documento del acuerdo que 'consenso' implica su aprobación por unanimidad, sin ningún voto en contra.

Es por eso que el documento está ahora en manos de los servicios jurídicos del Gobierno para la toma en consideración, o no, de las peticiones de la Comunidad de Madrid. Está previsto, en todo caso, que las conclusiones de esta auditoría se conozcan el próximo mes de noviembre.

Las diferentes interpretaciones de la palabra 'consenso' dieron más de un dolor de cabeza al equipo de Ayuso hace justo una semana, después de que el Interterritorial del miércoles pasado aprobase el plan de Illa para cerrar Madrid con el voto en contra de ésta comunidad autónoma y de varias más. Madrid entendió que la decisión "jurídicamente no es válida" al no contar con el voto positivo de todas las autonomías. Pero la Abogacía del Estado dictó sentencia y estableció que el acuerdo era vinculante más allá del consenso, y Ayuso tuvo que acatar la orden por la que nueve municipios y Madrid capital quedan cerrados.