Una nueva cadena dental cierra sus puertas y en el sector lamentan que es “otra crónica de una muerte anunciada”. El grupo Dentix, con más de 350 clínicas, ha solicitado el concurso voluntario de acreedores en los juzgados de Madrid tras declararse incapaz de asumir sus deudas. El concurso aboca al despido a más de 3.000 empleados y deja con tratamientos sin terminar a miles de pacientes por toda España.

La situación recuerda inevitablemente a otro escándalo, el de iDental, que hace poco más de dos años también cerró sus puertas dejando a miles de pacientes abandonados. “La situación es diferente porque en iDental había un entramado de estafa piramidal y en Dentix no parece que haya esta estructura, pero sí se parece en que es otra cadena dental en manos de fondos buitre en las que el único interés es el mercantilista”, explica un abogado especializado en el sector. 

Aunque el concurso de acreedores se ha presentado en octubre, la empresa ya solicitó el preconcurso en abril y las incidencias en el pago a los empleados comenzaron casi un año antes, en noviembre de 2019. “Nosotros lo veníamos advirtiendo cuando nos reuníamos con las administraciones para hablar del caso iDental”, explica Lucía Germani, directora de Actora Consumo, una asociación de consumidores personada en el caso iDental. “Les decíamos ‘ojo a Dentix’ pero finalmente ha vuelto a pasar”.

Germani también pone distancia entre Dentix e iDental porque considera que “no hay tantos casos de mala praxis”. “Tenemos algunas denuncias en nuestra asociación pero no hemos visto los disparates que se hacían en iDental, eso nos da tranquilidad. Pero por otra parte me pregunto, después de todo, cómo han podido dejar que vuelva a pasar”, incide la responsable de Actora Consumo.

Y es que desde marzo ya desde de la asociación Dentistas Unidos de España denunciaron que la compañía que controla Ángel Lorenzo Muriel estaba paralizando los tratamientos ya iniciados pero captando nuevos clientes en un momento en el que su viabilidad ya estaba poniéndose en duda.  “Los pacientes que puedan denunciar mala praxis podrán hacerlo, aquellos con los que se genere únicamente una deuda económica lo tienen muy difícil para recuperar su dinero, porque en el pago de deudas irán por detrás de Hacienda, la Seguridad Social y los empleados”, explica el mismo abogado, que recuerda que en la misma situación están los pacientes de iDental, tras cuatro años, en los que solo se ha avanzado en las piezas judiciales relativas a Hacienda y Seguridad Social.

Para los pacientes en los que se haya producido mala praxis o a los que el cierre de las clínicas (prácticamente cerradas desde el inicio del Estado de Alarma) haya impedido realizar el control de sus tratamientos y les haya podido producir un perjuicio en la salud, "deben realizarse un informe pericial que verifique su estado para realizar la denuncia pertinente", según este abogado.

El periplo de estos pacientes ahora, explica Germani, debe empezar por "pedir su historia clínica y paralizar el crédito si corresponde".

Pese a que los clientes son actualmente "los últimos en recuperar su dinero en un concurso de acreedores", como lamenta Germani, algo más fácil lo tienen quienes hayan financiado el tratamiento. "Ellos deben paralizar inmediatamente su tratamiento porque desde 2011 es posible hacerlo en los préstamos vinculados a un servicio si este se interrumpe. Después tendrán que ver qué parte del tratamiento se ha realizado y recuperar, al menos, lo correspondiente a la parte no realizada".

La directora de Actora Consumo cree que otra de las diferencias con la anterior clínica quebrada es la existencia en algunas de las clínicas de seguros de responsabilidad civil ante una quiebra: "Es algo que surgió del sector de las agencias de viajes tras la quiebra de Marsans y que puede salvar a la gente. Llevamos pidiéndoselo a las Administraciones desde que ocurrió lo de iDental pero sigue sin ser obligatorio para las clínicas".

Por parte de la compañía, se limitan a un único comunicado en el que culpan de su quiebra al fondo buitre KKR, con el que habían contraído una deuda de 160 millones y que se había comprometido en febrero de 2020 a realizar una nueva inversión en la compañía de la que se habría echado atrás. El comunicado de la empresa sobre el concurso, de 10 párrafos, expone con detalle la situación financiera aunque se refiere en una única ocasión - y en relación al abandono de KKR - a los "pacientes".