El estado de alarma en Madrid es ya una realidad. La aprobación de la legislación extraordinaria se ha producido a pesar de que a las 12:25 horas de la mañana, cuando el Consejo de Ministros ya había arrancado, Isabel Díaz Ayuso llamaba a Pedro Sánchez para pedirle más tiempo y negociar la propuesta de Madrid para evitar la propagación del virus y, de paso, el estado de alarma. Pero nada ha servido.

Ha sido el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, el representante del ejecutivo madrileño encargado de condenar públicamente la decisión de Moncloa, al tiempo que lanzaba una dura advertencia a Sánchez: Díaz Ayuso presionará "cada día" al Ejecutivo para que levante el estado de alarma, una medida drástica que no dudan en tildar de "error".

A juicio de las autoridades madrileñas, el Gobierno ya "tenía tomada la decisión desde hace mucho tiempo" porque Moncloa "no ha dado ninguna opción de diálogo a Madrid" para consensuar un plan conjuntamente. Ayer, el presidente del Gobierno aseguró desde Argelia que no descartaba este mecanismo, aunque matizaba que de aplicarse debería estar de acuerdo la propia Comunidad de Madrid. Horas después, el discurso había cambiado radicalmente, y el jueves terminó con un ultimátum encima de la mesa de Ayuso: asumir las directrices del Gobierno por las buenas o por las malas.

La oposición del equipo de Ayuso al Ejecutivo no han tardado en llegar. Uno de los que primero han reaccionado ha sido el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López, que ha lamentado una declaración a su juicio "desproporcionada, innecesaria y sectaria". En suma, "un atropello constitucional", escribía.

Desde primera hora de la mañana, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mantenido una reunión con el vicepresidente, Ignacio Aguado; el alcalde y la vicealcaldesa, José Luis Martínez Almeida y Begoña Villacís; y los consejeros de Justicia y Sanidad, Enrique López y Enrique Ruiz Escudero para perfilar una nueva Orden de Salud Pública con la que convencer al Gobierno y evitar la aplicación del estado de alarma.

El planteamiento del equipo de Isabel Díaz Ayuso abogaba por un endurecimiento de las restricciones, pero a costa de seguir adelante con los confinamientos por zonas básicas de salud, un mecanismo que "funciona", a juicio de las autoridades madrileñas. En concreto, y según ha desgranado Escudero, el número de áreas sanitarias confinadas aumentaría de 46 a 51, y se procedería a restringir la movilidad de aquellos barrios con un incidencia acumulada de 750 casos por cada 100.000 habitantes, y no con el parámetro de los 1.000 casos que hasta ahora utilizaba el ejecutivo regional. Esta propuesta ha quedado, sin embargo, en papel mojado. Fuentes del entorno de Ayuso aseguran que la negativa de Sánchez a valorar si quiera el nuevo documento ha sido drástica. "Se ha negado a negociar", lamentan.

No todos estaban de acuerdo con esa idea en el cónclave de este viernes: el vicepresidente, Ignacio Aguado, habría defendido sin embargo rehacer la orden de Sanidad que tumbó ayer el TSJM con modificaciones pactadas entre ambas administraciones para tratar de evitar el cierre inmediato de Madrid, pero Ayuso habría descartado este planteamiento. "El estado de alarma era evitable", ha asegurado Aguado en declaraciones a los medios de comunicación una vez se había conocido la decisión.

El Consejo de Ministros extraordinario celebrado este viernes a las 12:00 horas de la mañana ha aprobado la declaración del estado de alarma en Madrid, y se prevé que las nuevas directrices se publiquen en el BOE antes de las 15:00 horas de esta tarde, para evitar la salida masiva de madrileños con motivo del puente del 12 de octubre.