El caos, la incertidumbre y la bronca política vuelven a ser los grandes protagonistas en Madrid. La región permanece a estas horas en un limbo legal sobre lo que se puede o no hacer a las puertas del puente del Pilar, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tumbase la orden del Ministerio de Sanidad que, desde el pasado viernes, limitaba la movilidad en diez grandes municipios, incluyendo Madrid capital.

Pero si el escenario político estaba ya enrarecido, se prevé que este viernes todos los puentes, los pocos que quedaban en pie, salten por los aires: Sánchez ha convocado a primera hora de esta mañana un Consejo de Ministros extraordinario para declarar el estado de alarma en Madrid. Según fuentes de Moncloa, el presidente del Gobierno habría dado en la noche de ayer un ultimátum a la presidenta regional: que el Ejecutivo declare unilateralmente el estado de alarma o que lo haga igualmente, pero de la mano de Díaz Ayuso.

Lo previsto hasta la noche de ayer era que la Comunidad de Madrid publicase este viernes la orden definitiva con las nuevas restricciones que sacasen del caos a más de 4,5 millones de madrileños que, hasta ayer a mediodía y al menos sobre el papel, veían limitados algunos de sus derechos fundamentales. El desconcierto estaba servido tras el varapalo judicial al plan que Salvador Illa trató de introducir a contracorriente. Las medidas que entraron en vigor el pasado viernes a las 22:00 horas por orden del Ministerio de Sanidad y que afectaban al 70% de los madrileños dejaron de tener validez, pero sólo aquellas que afectan a la movilidad, es decir, el propio cierre de Madrid. En otras palabras: a esta hora, se puede entrar y salir de los diez municipios semiconfinados por Sanidad -Madrid capital, Alcalá de Henares, Alcorcón, Alcobendas, Getafe, Leganés, Fuenlabrada, Móstoles, Parla y Torrejón de Ardoz-, pero las normas referidas a aforos, reuniones sociales u horarios de hostelería, restauración y resto de establecimientos se mantienen.

Pero ahora el caos es, si cabe, lo único que se respira en la Comunidad de Madrid. Ayuso manifestó ayer su predisposición a acordar cuanto antes unas medidas "ponderadas, efectivas, claras" y pactadas con el Gobierno tras haber perdido, a efectos prácticos, semanas para actuar de una forma diáfana y contundente contra el avance del virus a expensas de una guerra política cuyo último exponente será la declaración del estado de alarma.

En el equipo de Ayuso no daban crédito anoche al anuncio del Gobierno y ponía el foco en el desconcierto que implica una medida de estas características para millones de madrileños. "¿Cerrar colegios, industrias, toda la Comunidad de Madrid como en marzo?", se preguntaban intramuros. El choque de trenes está servido. La presidenta no está de acuerdo con Sánchez. Ella quiere seguir aplicando los confinamientos por zonas básicas de salud, que "estaban funcionando y pueden ser lo mejor". Por eso, "a primera hora nos reuniremos para ver alternativas", comunicaba. Para conocer a ciencia cierta qué implicará para los madrileños, de nuevo habrá que esperar.

La tensión, una constante

La tensión entre administraciones no ha parado de crecer desde que se publicarse el auto del TSJM. El ministro exigió públicamente el jueves por la mañana una "reunión urgente" a las autoridades regionales. Pero Madrid se negó y trasladó la cita a este viernes, en contra del criterio del ministerio.

El motivo que expusieron fuentes del ejecutivo regional fue que durante toda la tarde del jueves estuvieron reunidos los técnicos de la Consejería de Sanidad para elaborar una Orden "trabajada, completa y sencilla" que discutir y negociar posteriormente con el Gobierno. "Se trata de una prioridad ineludible antes de convocar una nueva reunión del Grupo Covid-19", argumentaron. Finalmente, Sánchez y Ayuso serán los interlocutores, pero sólo para negociar una decisión que Moncloa ya ha tomado.

Aunque la presidenta regional exigió que las medidas que se aprueben no enfrenten "salud y economía", el jefe del Ejecutivo ya avisó ayer que no podía descartar aplicar el estado de alarma si fuera necesario. El jefe del Ejecutivo manifestó ayer en una rueda de prensa desde Argelia que no podía descartar este mecanismo, aunque en caso de aplicarse debería hacerse en concurso del Gobierno regional, según matizó. La solicitud del estado de alarma nunca ha sido una opción para el equipo de Díaz Ayuso. Y no parece que vaya a serlo ahora.

Guerra de cifras

La última disputa entre Gobierno y Madrid comenzó este mismo lunes cuando, con el 70% de la región ya confinada, la Consejería de Sanidad presumía de unos datos con los que querían demostrar que las medidas que había tomado la presidenta antes de la intervención de Illa funcionaban. El lunes, Madrid notificó casi 600 contagios menos respecto a los datos del viernes anterior, y una incidencia acumulada de 598 contagios por cada 100.000 habitantes frente a los 813 registrados en la semana del 21 de septiembre.

Sin embargo, la gráfica de Escudero era diferente a la de Illa. "Hay 710 casos por cada 100.000 habitantes", corrigió a principios de semana. Y ayer la guerra de cifras siguió adelante: mientras Fernando Simón matizó en su rueda de prensa diaria que la incidencia en Madrid "sigue estando claramente por encima de los 500 casos por cada 100.000 habitantes", en concreto 563,86 casos por cada 100.000 habitantes, la cifra que aportó la Consejería de Sanidad era bastante inferior: 507 en toda la región y 465 en Madrid capital lo que, de seguir vigente la orden ministerial, hubiese obligado a Salvador Illa a desconfinar, al menos, el centro de Madrid y al menos otros cuatro municipios cuya incidencia había mejorado notablemente.

El caos se apodera de Madrid

"Entonces, ¿podemos salir de Madrid o no?". La pregunta más repetida del viernes en los grupos de whatsapp tiene respuesta: sí, se puede salir, pero nadie lo recomienda. Ni el alcalde de la capital ni la presidenta de la Comunidad ni el Gobierno central.

Parecen que han pasado siglos de aquella imagen de Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso rodeados de banderas anunciando un acuerdo tras meses de una guerra fría entre ambas administraciones. Fue el 22 de septiembre, pero desde entonces ha dado tiempo a romper alianzas, a confinar y desconfinar barrios, pronunciar acusaciones cruzadas desde todos los estamentos... Y, finalmente, a una "imposición" del Gobierno central a la Comunidad de Madrid que ha acabado sin efectos legales por entender los tribunales que Moncloa no podía restringir libertades individuales sin declarar el estado de alarma.

"Ni una semana han durado las medidas. Es una incoherencia absoluta. Y el ciudadano vapuleado y siguiendo órdenes cambiantes como pollo sin cabeza. Me desespera", decía Maruxa, madrileña de 38 años. "Pues a tomar nota de todo esto para cuando llegue el día de votar. Que luego al final se nos olvida y pasa lo de siempre", añadía Carlos, que baja todos los días a trabajar a la capital desde Majadahonda.

Y mientras, los bares siguen guardando mesas para volver a sacarlas a los dos días; precintando sillas y cerrando barras por unas horas; contando los minutos para que llegue una nueva decisión que imponga otras normas y rezando para que sea la definitiva.