"La paciencia tiene un límite. No hay peor ciego que quien no quiere ver", ha sentenciado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en su comparecencia junto al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para explicar el alcance del decreto del estado de alarma para la Comunidad de Madrid. Lo primero que ha hecho ha sido explicar la cronología de los hechos, arrancando a principios de septiembre cuando el vicepresidente regional, Ignacio Aguado, admitió que la situación en Madrid no iba bien, lo que culminó en la reunión entre Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso.

Todo se torció en le consejo interterritorial del salud, -"acatan y recurren", ha narrado el titular de Sanidad,- hasta que el TSJM "decidió no aceptar el decreto de Madrid. Los hechos son claros. El Gobierno ha intentado llegar a un acuerdo en una actitud coherente que ha mantenido con otras Comunidades". El último esfuerzo lo hizo Sánchez al llegar de su viaje a Argelia cuando se puso en contacto con Ayuso para ofrecerle tres opciones. Ayuso, "en una segunda conversación le dijo que necesitaba tiempo, hasta las 12 de este día y no ha hecho nada".

En definitiva, "podemos cruzarnos de brazos o luchar contra el virus. La obligación de este gobierno es luchar, proteger a nuestros vecinos y seguir las reglas que nos hemos dado". El virus en Madrid "tiene unos niveles de transmisión muy altos, la atención sanitaria corre el riesgo de verse desbordada y todavía no ha llegado el invierno", ha alertado.

El Gobierno intentará hacer siempre las cosas por consenso, pero si tiene que actuar, actuará", ha respondido respecto al llamamiento a la unidad que ha hecho el Rey desde Barcelona.

"Hay que doblegar la curva con los instrumentos que hagan falta, en este caso ha hecho falta un decreto del estado de alarma", opina Illa, que cree que la unidad es "muy necesaria para combatir al virus y en eso ha estado siempre el Gobierno, en una actitud de cooperación", pero en todo caso "no podíamos no actuar y lo hacemos pensando en la protección de la salud", aunque no ha asumido en ningún momento la responsabilidad sobre una orden ministerial que la Justicia tiró abajo.

No habrá una autoridad delegada

Ha insistido en que el decreto regional del estado de alarma "es sólo un instrumento para dar cobertura jurídica a la decisión del consejo interterritorial de salud". No habrá un confinamiento domiciliario como el de los meses de marzo, abril, mayo y junio, ni tampoco una autoridad delegada que asuma las competencias de Sanidad o Interior. No obstante, si en este tiempo algún municipio confinado mejora sus datos de contagio de la pandemia será el Consejo de Ministros el que decida si levanta las medidas restrictivas, lo mismo en caso contrario.