No entra en los planes del Ejecutivo prorrogar el estado de alarma en la Comunidad Madrid. Y la principal causa es evitar enfrascarse en una nueva negociación con los grupos parlamentarios regionalistas, nacionalistas e independentistas a los que genera un entusiasmo perfectamente descriptible dar el plácet a una decisión unilateral de un Gobierno sobre una Comunidad autónoma.

Una cosa es que sean partidarios de que Madrid haya recibido una especie de "correctivo", pero otra muy distinta implicarse en una decisión que, en cualquier momento, podría volverse contra otro territorio. De hecho, el Gobierno intentó evitar llegar a este punto -"ganas no había", admiten fuentes gubernamentales- hasta que el TSJ de Madrid tiró abajo su orden ministerial y, con ello, se impuso en Moncloa reaccionar con el estado de alarma para doblegar a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien trampeó todo lo posible para evitar aplicar el confinamiento perimetral de la ciudad de Madrid.

Por ejemplo, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufían, se ha alineado al Ejecutivo al acusar a la madrileña Ayuso de utilizar "la vida de la gente para confrontar con el Gobierno" central. Pero sin querer aclarar cuál podría ser el sentido de su voto si Moncloa llevara la prórroga a la Cámara Baja, cree que es una medida "reaccionaria" por limitar derechos fundamentales.

Más complicado lo tendría con Ciudadanos, puesto que, a pesar del choque frontal que viven en la Comunidad de Madrid con el PP, otra cosa sería sumarse a los postulados del Gobierno frente a Ayuso.

PP y Ciudadanos también discrepan sobre el estado de alarma

La ministra portavoz, María Jesús Montero, explicó este martes tras la reunión del Consejo de Ministros que no hay ninguna decisión tomada al respecto y remitía a la reunión Covid de la tarde de este martes, donde lo más llamativo es que PP y Ciudadanos van con posiciones encontradas, los primeros a favor de que se levante ya el estado de alarma, y los naranjas, contrarios, aunque incluso entre ellos no mantienen una posición unívoca. Montero explicaba que la cita debía servir «para ver si las medidas son las adecuadas, por eso es prematuro hacer ningún pronunciamiento. Hay que esperar que las medidas tengan efecto y que consigamos un mayor control sobre la pandemia para estar en cifras mucho más accesibles».

La gran diferencia entre el primer decreto de alarma y su prórroga es que el segundo exige del refrendo del Congreso de los Diputados, mientras el primero prospera con un acuerdo del Consejo de Ministros. Y para que salga adelante en el Parlamento, el gobierno necesita sumar a otros Grupos. Pero las últimas renovaciones del anterior estado de alarma en todo el país supusieron un suplicio para el Ejecutivo a cambio de concesiones a Ciudadanos, a ERC y hasta a Bildu, aunque en puridad ninguna tuvo efecto real, entre ellas, reformar la Ley de Salud Pública con la que dar instrumentos jurídicos a las Comunidades para proceder a confinamientos y otras restricciones de movimiento ciudadano.

La estrategia de la confrontación parece beneficiar a Ayuso

Además de las dificultades parlamentarias a las que se enfrenta de continuo un Ejecutivo de coalición que sólo suma 155 escaños, temen que de esta estrategia saque más réditos políticos Díaz Ayuso que el Ejecutivo central. De hecho, recientes sondeos así lo corroboran, dado que, según los mismos, el PSOE volvería a ocupar en Madrid el segundo puesto de la parrilla electoral, tras el PP, aunque los populares estarían muy, muy, lejos de poder gobernar en solitario la Comunidad y con unas relaciones cada vez más deterioradas con Ciudadanos.

En definitiva, el Ejecutivo prefiere dedicar sus esfuerzos a la negociación presupuestaria y no al estado de alarma madrileño, pero tampoco puede orillar este instrumento constitucional sin arrancar algún compromiso a los responsables políticos de la Comunidad de Madrid, que mantienen una posición numantina.

Esto se visualizó ayer en una comparecencia a tres en la sede de la Comunidad de Díaz Ayuso; del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero. Cabe resaltar que Ciudadanos se enteró de esta comparecencia y de su contenido por la prensa, pues ni el vicepresidente autonómico, Ignacio Aguado fue advertido de la misma, según admiten fuentes de la formación naranja.

Los tres quisieron salir a responder a Salvador Illa, que por la mañana en una entrevista en la SER jugó al equívoco de modificar las condiciones del estado de alarma rebajando la incidencia acumulada de 500 a 200 contagios por 100.000 habitantes.

La moción de censura de Vox dificulta encajar un hipotético pleno para la prórroga

Una hipotética prórroga del estado de alarma debería pasar por el Consejo de Ministros bien en la reunión ordinaria del próximo martes o en una ordinaria este mismo viernes. Posteriormente necesitaría el refrendo de la Cámara Baja, centrada la próxima semana en la moción de censura de Santiago Abascal, los días 21 y 22, lo que obligaría a la mesa del Congreso del martes a encajarla en la tarde del jueves o el viernes 23. Ese día se cumplen los 15 días del actual estado de alarma. En fin, un calendario parlamentario endiablado.

Además, Illa comparece este jueves para explicar el decreto por el que se declaró el estado de alarma en Madrid, tal y como es preceptivo. Quizá en ese momento el titular de Sanidad ofrezca alguna pista respecto a cuáles son las intenciones del Gobierno central sobre la Comunidad "rebelde". Pero a pesar de que el tono del enfrentamiento institucional no hace más que subir de decibelios, no le apetece a Moncloa alargar una situación para la que va a tener que mendigar votos y a un alto precio.