Para algunos, la reforma del Poder Judicial que están dispuestos a ejecutar PSOE y Unidas Podemos ha sido percibida como una "cortina de humo" para "salvar al soldado Iglesias"; para otros, más bien es un instrumento del Gobierno para "presionar" al PP y dé marcha atrás antes de que sea demasiado tarde. Pero en todos los grupos de la oposición, e incluso en algunos alineados a la izquierda, el diagnóstico es el mismo: un "ataque" sin precedentes al estado de derecho; una maniobra "dictatorial" del Gobierno de coalición y, en definitiva, un "atropello inconstitucional".

La sangre no tardó en llegar al río. PSOE y Unidas Podemos habían pisado el acelerador, y la amenaza que algunos en la bancada contraria aún miraban con escepticismo se hacía realidad: ayer los grupos parlamentarios de la coalición -que no el propio Gobierno- registraron una proposición de ley -que no proyecto de ley- para aprobar una reforma exprés del CGPJ que no sólo neutralizase el voto del PP, sino que, además, les permitiese a Sánchez e Iglesias pasar por encima de los preceptivos órganos constitucionales. Una "trampa" legal, como la denominan sus detractores, que podría echar a andar en apenas dos meses.

La primera reacción del principal partido de la oposición fue clara: si Sánchez e Iglesias reúnen los apoyos en el Congreso para sacar adelante la reforma -la propuesta podría contar con hasta 188 votos a favor según los cálculos del Ejecutivo-, presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) por el intento del Gobierno de "fulminar" la independencia de los poderes del Estado. Pero aunque sobre el papel tal actuación judicial sea imprescindible, más tratándose del principal partido de la oposición, en la práctica la sensación es otra bien distinta.

En el PP se es consciente de que no podrán paralizar la aprobación de la reforma de PSOE y Podemos. Primero, porque asumen, a regañadientes, que Sánchez tiene los votos; segundo, porque no pueden recurrir ante ninguna instancia judicial hasta que la iniciativa no salga del Congreso, y tampoco existe trámite parlamentario para paralizarlo o, al menos, retrasarlo, según confirman fuentes del partido; y, tercero, porque la propia presentación de un recurso de inconstitucionalidad ante el TC no paraliza la proposición, ya que éste órgano no tiene capacidad para suspender cautelarmente la ley en el tiempo que dura su tramitación. En otras palabras: no hay manera de frenarlo.

En el partido que lidera Pablo Casado hay quien se muestra además escéptico respecto a las posibilidades reales de que el Constitucional tumbe el proyecto "totalitario" de la coalición gubernamental pese a su recurso -al que se uniría, de momento, Vox-, ya que cuando se quiera proceder a su tramitación "el panorama dentro del propio Tribunal Constitucional ya puede ser muy distinto" al abrigo de la renovación del órgano de gobierno judicial con los criterios que dicten PSOE y Podemos. Pendiente está, por el momento, la renovación del presidente, del vicepresidente y de otros dos vocales de este tribunal.

La vía más factible para que el Gobierno dé marcha atrás es, por tanto, alertar del "deterioro democrático" de España en Europa, a sabiendas de que el Consejo podría situar a España en el lugar de países como Polonia o Hungría por el retroceso en la separación de poderes a tenor de los informes que se envíen a Bruselas. Y la recepción del fondo de recuperación por el coronavirus podría, incluso, llegar a tambalearse.

El antecedente de la ley del aborto

Los recelos del PP a los tiempos que maneja el Tribunal Constitucional para decidir sobre algún recurso no son injustificados. Cuentan los populares con un precedente poco halagüeño: en 2010, 71 diputados de las filas que entonces dirigía Mariano Rajoy recurrieron ante este tribunal la ley que convirtió el aborto en un derecho de las mujeres. Pues bien, diez años lleva ese recurso guardado en un cajón sin que el TC haya llegado nunca a pronunciarse por falta de consenso.

Es más, el mismo año de la presentación del recurso, el PP pidió suspender cautelarmente algunos preceptos de la ley al existir "evidente perjuicio irreparable" como es "la eliminación de vidas humanas" -según aparecía en el auto-, pero el Tribunal Constitucional desestimó esa petición.

El PP no cederá a la presión

Si hay una cosa que tienen clara en Génova es que "no vamos a dar un paso atrás" en el "atropello a la legalidad" de Sánchez e Iglesias, y si el Constitucional no paraliza la iniciativa llevarán la causa a instancias de la justicia europea. Se concibe por algunos miembros de la dirección, no obstante, como una "estrategia de presión" hacia el Pablo Casado que tiene como fin último renunciar a su condición de no negociar con el PSOE la renovación del CGPJ hasta que se aísle por completo a Iglesias del Gobierno, por sus "ataques" a la monarquía y por su -casi- imputación por parte del Tribunal Supremo.

Las filas del PP se mantienen quietas en torno a la directriz de que "no vamos a dar nuestro brazo a torcer" porque "la pelota está en el tejado de Sánchez" aunque desde Moncloa se intente achacar la decisión de reformar el Poder Judicial al "bloqueo" institucional que mantienen los de Casado en este sentido.