El Partido Popular tiene depositados avales por 1,7 millones de euros para hacer frente a la responsabilidad civil que establezca la Audiencia Nacional en diversas piezas del caso Gürtel, del que sólo hay sentencia firme en la pieza relativa a la primera época de esta trama de corrupción (1999-2005).
Según se detalla en las cuentas anuales correspondientes a 2019, el PP mantenía avales en vigor al cierre del ejercicio por importe de 3.318.864,30 euros, de los que 1.722.844,72 euros correspondían a procedimientos judiciales y el resto (1.596.019,58 euros) a procesos electorales (concretamente a los comicios generales y europeos de 2019).
El 98,37 % del montante de los avales relativos a causas judiciales (1.694.844,72 euros) está depositado ante el Juzgado Central 5 de la Audiencia Nacional, el órgano que instruye la macrocausa Gürtel. De ese dinero se ejecutarán en breve previsiblemente 245.492 euros -cantidad relativa a actos políticos llevados a cabo por el PP en Majadahonda (133.628) y Pozuelo (111.863 euros) y sufragados por la trama- tras ratificar el Tribunal Supremo la condena al PP como partícipe a título lucrativo que ya dictó la Audiencia Nacional en mayo de 2018.
El mayor importe afianzado (1.245.154,18 euros) está relacionado con la responsabilidad civil subsidiaria fijada por el juez José de la Mata en la conocida como pieza de los Papeles de Bárcenas. De esa cantidad, 220.167,04 euros corresponden a la cuota que el PP dejó de ingresar a la Hacienda Pública en 2008 al no declarar las donaciones recibidas durante dicho año.
Los 204.198,54 euros del otro aval se corresponden con la responsabilidad civil como partícipe a título lucrativo del PP en la pieza separada del caso Gürtel en la que se han investigado las actividades presuntamente ilícitas cometidas en Boadilla del Monte por parte del grupo liderado por Francisco Correa. Ésa es la cantidad a la que ascendieron "los distintos actos políticos organizados por y para el partido" -según detalló el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional en el auto por el que abrió juicio contra 27 investigados en junio de 2016- pero que corrieron por cuenta presuntamente de la red corrupta.
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